El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, reconoció al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas no reconocidas por el SII.
La corrupción no se limita a los casos Penta y Caval. En marzo de 2015 se destapó un millonario fraude que se amparaba en el secreto de la ley reservada del cobre.
A comienzos de ese mismo año, el coronel Clovis Montero, quien cumplía funciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, presentó facturas adulteradas por un monto cercano a los 50 millones de pesos por concepto de reparaciones en vehículos militares que en realidad nunca se realizaron.
El monto se repartió en tres partes: el coronel Montero, el proveedor Francisco Huincahue y el cabo Juan Carlos Cruz, quien facilitó el trámite como auxiliar contable en la Dirección de Finanzas del Ejército.
Huincahue ocupó su propia empresa para realizar un segundo desfaclco. Su empresa, la Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., era un proveedor oficial del Ejército y por tanto no levantaba sospechas.
Igual que la vez anterior se simuló fases de visto bueno en los documentos mercantiles. «Accedí ante la insistencia y presión de mi superior. Pero esta vez la acción no pasó inadvertida para el Tesorero del Ejército», declaró el cabo.
El cabo Juan Carlos Cruz confiesa luego lo ocurrido a sus superiores y se inicia un proceso en su contra que hoy lo mantiene a él y al coronel Montero cumpliendo prisión preventiva en un recinto militar.
Hoy The Clinic revela parte de los conversaciones privadas entre los militares involucrados y sus superiores jerárquicos.
«Yo asumo el error como usted me lo está planteando», le dijo Montero al general Jozo Santic.
“¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía favores y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic.
Santic le respondió enrostrándole su error y le aseguró que fue «desacertado» de su parte confiar en el cabo Cruz.
«Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, le indicó Santic.
Cabe consignar que las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago.
¿Cómo lograron hacer el desfalco?
Tal como lo advierte The Clinic, «el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones. Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco».
Bajo esa lógica se operó por largos años en el Ejército. Así lo demuestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros.
De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.
El cabo Cruz admitió que falsificó la rúbrica del general Héctor Ureta, jefe de la División de Mantenimiento, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos.
Sin embargo, eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.
En mayo de 2014, el tesorero del Ejército, Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.
Asimismo, Cruz admitió que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York y que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría.
Por su parte, el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón, empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército.
– ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa.
– Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón.
Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados.
– Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones.
En septiembre de 2014 el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013.
Se trataba de 117 operaciones que implicaban un monto total de 370 millones de pesos.
A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento.
Eso no era todo.
El 16 de septiembre de 2014 otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos.
En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.
Luego, la subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.
Posteriormente, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio, consigna The Clinic.
Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande.
También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles.
A fines del año pasado, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, dio cuenta de la situación al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, en un oficio de 20 páginas.
El documento Oviedo admitió que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.
En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre.
