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"Con esta decisión se rompe el Estado de Derecho", señalan desde el mundo empresarial

La contraofensiva de la derecha y la industria para frenar la anulación de la Ley de Pesca

por 19 enero 2016

La contraofensiva de la derecha y la industria para frenar la anulación de la Ley de Pesca
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.

Ronchas ha sacado en el mundo de la industria pesquera y de los partidos de oposición la definición de la Cámara Baja de declarar admisible la solicitud del diputado Hugo Gutiérrez (PC), de anular la Ley de Pesca. Es así como se ha articulado un discurso de contraofensiva que apunta principalmente al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.

El diputado UDI, Ernesto Silva, aseguró que “Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones”.

“Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”, enfatizó el parlamentario.

Por otra parte el Jefe de Bancada de RN, diputado Alejandro Santana, aseguró que la decisión es una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".

Siguiendo esta línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".

Según Fuenzalida, "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.

Desde el mundo empresarial también se inició la contraofensiva. La Sociedad Nacional de Pesca declaró que era "ilegal" la admisibilidad de la iniciativa del Partido Comunista. "De prosperar, sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes.", aseveró Francisco Orrego, presidente de la asociación.

"Si esta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados, institución fundamental de la República", agregó.

Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.

Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".

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