Omitió la creación de Asesorías e Inversiones Nido de Águila en 2014
El ministro del Interior, Jorge Burgos, lanzó cuestionamientos contra Cristián Riquelme por haber omitido gran parte de los datos de su patrimonio en el portal de Segpres creado para la transparencia de los funcionarios públicos. Con esto aumenta la presión contra el hombre, que es uno de los pocos sobrevivientes del grupo G90 en el Gobierno y que, pese a que es involucrado en varios aspectos conflictivos, sigue siendo respaldado por la Presidenta Bachelet.
“Le voy a contestar con absoluta honestidad”, como abriendo las expectativas y puertas a una respuesta que podría desatar varias repercusiones, así partió el ministro del Interior, Jorge Burgos, un improvisado punto de prensa en el patio de La Moneda. Ante la insistencia de la prensa por conocer su opinión respecto de la omisión que realizó el director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, de la mayoría de los datos de su declaración de patrimonio e intereses que es pública en un portal de la Segpres, y al que tiene acceso toda la ciudadanía, el democratacristiano lanzó sus dardos.
“Hago una consideración de carácter personal, teniendo presente además que soy ministro del Interior, no me puedo abstraer de eso, yo creo que es mejor que los funcionarios públicos hagan sus declaraciones de patrimonios de intereses con apertura total y ojalá no invocando una ley que existe”, subrayó el jefe de gabinete, marcando un antes y después respecto de lo que ha sido la postura de Palacio ante un hombre que viene siendo cuestionado por varios temas, entre ellos, el caso Caval.
De esta manera, Burgos se sumaba a las críticas que realizaron algunos parlamentarios oficialistas contra el funcionario de Gobierno, hombre de confianza del ex ministro Rodrigo Peñailillo, pero respecto de quien, a pesar de los permanentes cuestionamientos, el papel clave que ha cumplido en el bacheletismo hace que sea uno de los pocos G90 que no ha salido del Gobierno ni ha sido defenestrado de sus funciones.
Un poco antes el vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, había intentado bajarle el perfil a la situación señalando que las reglas estaban “debidamente cumplidas, así está acreditado en Contraloría y en la Secretaría General de la Presidencia. Cada individuo es libre respecto de ejercer aquellas potestades que le entrega la Ley 19.628, desde ese punto de vista malamente se puede exigir una conducta que vaya más allá del marco legal», puntualizó, al tiempo que, en relación con las omisiones, señaló que «en el fuero íntimo de las personas le corresponde a cada uno tomar esas decisiones, lo que nosotros nos corresponde como Gobierno, porque somos un Gobierno, nos corresponde el legítimo, total y completo apego a las normas legales sobre estos temas y eso está cumplido», enfatizó.
Pese a que efectivamente se encuentra dentro de la legalidad el hecho de que gran parte de los datos del ingeniero aparezcan en el portal como “datos personal no público” –acogiéndose a la Ley 19.628-, la situación complica al Gobierno. Sobre todo, porque cuando la propia jefa de Estado Michelle Bachelet, el pasado 19 de marzo, en el marco del lanzamiento del instructivo de “buenas prácticas en materia de declaraciones de patrimonio y de interés” puntualizó que «las regulaciones legales no siempre son suficientes para ordenar la diversidad de relaciones entre lo público y lo privado. Necesitamos desarrollar también una cultura y una ética de la transparencia y la probidad”
Además, el hecho de no haber entregado en totalidad los datos de su patrimonio pone más en tela de juicio a Riquelme, debido a que este, en el año 2014, creó la empresa Asesorías e Inversiones Nido de Águila SpA, que tiene un amplio giro, entre ellos, la construcción, reparación de viviendas, de caminos públicos, etc.
Asimismo, las palabras de Burgos se realizan con el respaldo de que él en la misma instancia de transparencia creada por el Ejecutivo incluso puso datos sobre intereses de su mujer. La propia Mandataria y su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, también entregaron la información.
Pero qué duda cabe que Riquelme no es cualquier funcionario en Palacio. Cuando la Presidenta volvió a Chile en marzo del 2013, el brazo derecho de Peñailillo ocupó el cargo de administrador de Somae, la empresa que se utilizó para manejar los recursos de la campaña, una función que no le era extraña, ya que durante el primer Gobierno de Bachelet fue el administrador de La Moneda, tal como ahora. Un puesto de confianza, que depende directa y exclusivamente de la jefa de Estado y por el cual recibe un sueldo de casi 7 millones y medio de pesos, uno los más altos de Palacio.
Riquelme, quien llegó a estar en el otrora núcleo duro de Bachelet debido a su amistad con Peñailillo –con quien fue compañero de colegio y universidad– ha estado involucrado en una serie de hechos que han perjudicado casi directamente el respaldo ciudadano a la Mandataria.
Riquelme ha sido cuestionado en el caso Caval por haber sostenido una polémica reunión con el ex militante UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz, en La Moneda. Esto en el marco de la compra de terrenos en Machalí de la empresa de Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta.
Además, se suma el hecho de que en mayo pasado se hizo pública la compra –el año 2012– en Peñalolén, de un terreno de 375 millones de pesos, que adquirió el administrador de La Moneda a través de un crédito hipotecario y del cual el ex ministro del Interior fue codeudor solidario, aportando con 100 millones.
Hasta ese momento, Peñailillo había declarado un terreno en Limache, un fondo mutuo, su departamento y un par de cuentas corrientes en el Banco de Chile, pero omitió el terreno en Peñalolén porque solo era el “aval”, pero legalmente estaba obligado a informarlo.
El foco se puso en la compra de este terreno en plena precampaña del 2012, a la luz del caso SQM y el financiamiento irregular de la política y, por tanto, la revisión de las cuentas y pagos que realizó Giorgio Martelli. Tras un repaso a la cuenta bancaria del geógrafo y operador político del PPD, Riquelme recibió los pagos más contundentes: ocho giros por un total de $32,5 millones.
Cuando recién agarró vuelo el caso SQM, en marzo, la Presidenta Bachelet ordenó una revisión con lupa de todas las boletas y pagos que se realizaron durante su campaña, algo que en reiteradas ocasiones utilizaron públicamente como argumento las autoridades de La Moneda para aseverar que todo estaba en regla. Fue Riquelme el encargado de revisar una a una las boletas del comando, aunque nunca advirtió sobre las facturas que emitió Peñailillo a la empresa de Martelli, las que le valieron a este su salida de La Moneda y su quiebre total en la relación de confianza con la Mandataria.
También está el complejo episodio del formateo al computador que, mientras estuvo a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, usó Sebastián Dávalos en La Moneda y que fue periciado por el OS-9 de Carabineros, en el marco de la investigación del caso Caval. En agosto, las diligencias arrojaron que existían datos que habían sido borrados del equipo, lo que complicó establecer las conexiones con el negocio de la compra de terrenos en Machalí, un posible tráfico de influencias y negociación incompatible. El jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, confirmó ante los diputados de la comisión Caval que fue el propio Dávalos quien solicitó momentos antes de renunciar públicamente a su cargo, eliminar toda la información contenida en su computador.
En ese momento, el ministro vocero, Marcelo Díaz (PS), públicamente atribuyó a un “protocolo” el hecho de que se borrara la información del computador de Dávalos, declaración que se ajustó a los antecedentes que Riquelme le entregó al secretario de Estado. Pero luego la autoridad socialista tuvo que salir a dar nuevas explicaciones: “Efectivamente, con quien conversé fue con el señor Cristián Riquelme minutos antes de concurrir o comparecer ante ustedes para efectos de poder entregar una respuesta respecto de aquello que ustedes nos habían anticipado y querían consultarnos, no es un funcionario que esté bajo mi dependencia, tampoco sé si él estaba completamente informado, yo no soy experto en la materia, lo dije en ese momento, pero aquí estoy delante de ustedes haciéndome cargo de haber entregado una información incompleta, porque fue la información que yo recibí”.
El 10 de diciembre pasado, Riquelme fue a la Fiscalía de Rancagua para declarar tanto por su reunión con Díaz como por el formateo del computador de Dávalos y, a pesar de entregarle “información incompleta” al ministro de la Segegob, el administrador de La Moneda se mantiene en su cargo.
Lo último, fue la polémica por el hecho de que Riquelme firmó la orden de compra por $40 millones de pesos para concretar un documental del segundo mandato de Michelle Bachelet que estará a cargo de la cineasta Tatiana Gaviola, quien colabora para el Gobierno.
Con todo, la permanencia de Riquelme sigue en manos de la Presidenta Bachelet, la que hasta ahora nunca se ha pronunciado sobre su administrador. Y a pesar de que permanentemente La Moneda ha tratado de bajarles el perfil a los episodios que vinculan al funcionario, aunque arrastran especulaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial, el representante de los G90 en Palacio sigue en su cargo. Sin embargo, las declaraciones de Burgos podrían traer repercusiones, ya que el cuestionamiento deslizado por el jefe de gabinete podría rebotar en Caburgua.
