En la parte civil, el tribunal confirmó que el Estado debe pagar una indemnización de cien millones de pesos a la esposa y a la madre de Jorge Ortiz Moraga, estudiante de Medicina y militante del MIR, quien fue detenido el 12 de diciembre de 1974.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy las condenas a diez años de prisión contra dos ex agentes de Augusto Pinochet por el secuestro calificado de un estudiante de Medicina, víctima de la llamada Operación Colombo.
El fallo, pronunciado de forma unánime por la VIII Sala del tribunal de alzada, confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez especial Jorge Zepeda en el caso de Jorge Ortiz Moraga, de 20 años, detenido por agentes de la DINA el 12 de diciembre de 1974 en Santiago.
Ortiz Moraga estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que luchó con las armas contra la dictadura de Pinochet.
Como autores de su secuestro fueron condenados a diez años de prisión los brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, ambos ya encarcelados tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Otros tres agentes, Risiere Altez España, Manuel Rivas Diaz y Hugo Hernández Valle, fueron sentenciados a tres años de prisión como cómplices del delito, aunque con el beneficio de cumplirla en libertad.
En la parte civil, el tribunal confirmó que el Estado debe pagar una indemnización de cien millones de pesos a la esposa y a la madre de la víctima.
Varios prisioneros y prisioneras supervivientes testificaron haber visto en las semanas siguientes a Jorge Ortiz en al menos tres centros de tortura, en muy malas condiciones físicas a causa de los tormentos recibidos.
Su nombre apareció en 1975 incluido en una lista de 119 chilenos publicados en medios ficticios de Argentina y Brasil como supuestamente muertos en purgas internas del MIR. Posteriormente se comprobó que se trataba de opositores a la dictadura que habían sido detenidos en Chile.
Se trataba de la «Operación Colombo», un montaje de la DINA para tratar de encubrir la desaparición de prisioneros políticos, que con la participación de las policías secretas de Argentina y Brasil es considerado el inicio de la Operación Cóndor, una coordinación entre las dictaduras del Cono Sur para eliminar a opositores.
