Indicación castiga con cárcel a quienes den a conocer materias de la investigación
El mandamás del máximo tribunal del país, Hugo Dolmestch, teme que la norma pueda influir en la organización de los tribunales de justicia.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, salió al paso de la indicación, aprobada en la Sala del Senado, que establece una sanción penal para todo aquel que viole el secreto en una investigación judicial.
«Me parece que habría que estudiarlo bastante, porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido», sostuvo el timonel del máximo tribunal del país.
Agregando que «de todas maneras, me da la impresión de que si se trata de una norma que va a impedir la publicidad –cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control– va a influir en la organización de los tribunales de justicia».
En ese sentido, dijo que «es muy probable que deba pedirse un informe a la Corte Suprema».
«Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención», acotó Dolmestch.
Ante la consulta de si la propuesta del Senado puede entenderse como oportunista, el presidente de la Corte Suprema contestó: «Son facultades del Parlamento (…) en Chile siempre se ha legislado en caliente. Salen las leyes cuando están más fuertes los hechos».
La iniciativa contempla que “el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo». Es decir: una sanción que va desde los 61 días hasta los 540 días de presidio.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo la semana pasada que «hay políticos investigados y personas que financian habitualmente campañas electorales. Entonces, es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones».
«No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. No estoy defendiendo que se filtre información, no corresponde, pero eso está hoy suficientemente resguardado, tanto a nivel de sanciones administrativas y penales. El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”, concluyó el fiscal.
