“En el actual contexto de exigencia de mayores estándares de probidad, no basta con ser transparente, también hay que parecerlo. Y en situaciones como la salida del ex consejero de la Corfo Rafael Guilisasti, que dejó el cargo para irse a SQM, en medio de un litigio entre ambas partes; o el reciente anuncio de la incorporación de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, al directorio de la cuestionada CMPC, la transparencia queda un poco a mal traer”, dijo el senador Alfonso de Urresti (PS) autor de la moción
Una moción que busca establecer la obligación de cumplir con lo establecido en la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y la ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, para los integrantes del Consejo para la Transparencia y el Consejo de la Corfo, presentó el senador Alfonso De Urresti, con la adhesión de parlamentarios de distintas bancadas.
El legislador del PS indicó que, en general, lo que la propuesta propone es que se cumpla con lo que establecen los artículos 54 y 58 de la ley 18.575, donde se observe una conducta funcionaria con preeminencia del interés general sobre el particular; y que, al ejercer el derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio, con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios.
De Urresti dijo que “en el actual contexto de exigencia de mayores estándares de probidad, no basta con ser transparente, también hay que parecerlo. Y en situaciones como la salida del ex consejero de la Corfo Rafael Guilisasti, que dejó el cargo para irse a SQM, en medio de un litigio entre ambas partes; o el reciente anuncio de la incorporación de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, al directorio de la cuestionada CMPC, la transparencia queda un poco a mal traer”.
En razón de lo anterior, la propuesta legislativa agrega un artículo que establece que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución u órgano de la Administración del Estado o de sus colaboradores, con facultades normativas y de fiscalización, que impliquen una relación laboral, de prestación de servicios o comercial o civil de cualquier tipo, con entidades u organizaciones del sector privado relacionadas con su función previa, o con aquellas que pudiera verse en ventaja debido al cargo previo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta dos años después de haber expirado en funciones”.
Los parlamentarios que adhirieron a la moción parlamentaria de De Urresti son la senadora Isabel Allende, y los legisladores Pedro Araya, Alejandro Navarro y Antonio Horvarth.
