Sea cual sea el resultado, este le permitirá a Bachelet hacer ‘check list’ de una promesa de campaña
Se inició la etapa de participación ciudadana y las críticas no cesan. Desde su origen, uno de los ejes del programa de Gobierno, ha enfrentado cuestionamientos –que incluso reconocen en el Ejecutivo–, por lo confuso y mal explicado del mismo. Hasta se apunta a que nunca se ha buscado la materialización efectiva de una Nueva Carta Fundamental. En los partidos oficialistas reclaman aún por su escasa participación y desde la oposición todavía no descartan restarse del mismo. El temor de los políticos apunta también a que el tema “no ha copado la agenda” y las personas no se han involucrado lo suficiente para otorgarle validez. Pero en La Moneda están confiados en que será un “éxito rotundo” y un tapaboca para muchos.
“Como país tenemos una oportunidad única de poder escribir entre todos nuestra Carta Fundamental. No se hará entre cuatro paredes, sino que serán millones de manos las que tendrán la posibilidad de participar en esta elaboración inédita”. Si bien la frase lanzada por Michelle Bachelet, el pasado 12 de abril a través de una cadena nacional –cuando culminaba la primera etapa de este proceso que estaba dirigida a explicar los objetivos y métodos de la elaboración de una nueva Constitución–, aparentemente estaba llena de buenas intenciones, para muchos no era más que solo parte de un discurso que no atravesará la frontera de la realidad. Los cuestionamientos siguen apareciendo con cada fase de uno de los ejes del programa de Gobierno y el término del mismo sigue siendo incierto.
El sábado se inició la etapa de participación ciudadana, otro de los ciclos del procedimiento que busca culminar en una nueva Carta Magna. Y si bien se sigue avanzando en un cronograma autoimpuesto por el Ejecutivo, en cada paso ha habido dificultades y las críticas afloran incluso dentro del mismo oficialismo.
La propia Presidenta participó en la previa de uno de los diálogos ciudadanos realizado en San Miguel. “Lo que ustedes están haciendo es algo histórico. Todos ustedes van a poder discutir la Constitución que quieren –que queremos– que haya en Chile, y sus opiniones van a ser consideradas, van a incidir en el proyecto de ley que el día de mañana yo envíe, cuando hayamos culminado todo este proceso”, les dijo a los asistentes la jefa de Estado. Desde Chile Vamos acusaron aprovechamiento político.
Cabe recordar que esta instancia de conversaciones entre los ciudadanos durará dos meses, y posteriormente vendrán los cabildos provinciales y luego los regionales. Tras ello en 2017 la Presidenta ingresará un texto constitucional. Sin embargo, en reserva en La Moneda reconocen que las críticas al proceso constituyente tienen sustento.
Altos asesores de Palacio recalcan que no se puede ocultar que este “se hizo mal, es muy confuso y además está muy mal explicado”, a lo que suman que la primera etapa de los encuentros locales efectivamente no están ligados a los cabildos ni estos al texto resumen, por lo que nada del proceso es vinculante con lo que al final llegue al Congreso a ser debatido.
En la previa al inicio de las reuniones de los ciudadanos, el período de difusión de la etapa participativa, también hubo dificultades y se generó una especie de crisis entre el Gobierno y el Consejo de Observadores. La falta de consulta desencadenó el enojo de una parte importante del grupo, del que antes ya habían salido dos de sus integrantes por otras razones. La comisión le reclamó al propio ministro de Segegob, Marcelo Díaz, quien logró contener en parte el desborde.
No obstante, el jueves pasado los consejeros, quienes también cuestionaron la realización de un docu-reality sobre el tema, definieron aprobar un documento en el que se especificaron tres críticas: una respecto al procedimiento del Gobierno por no haber dado la oportunidad de conocer con suficiente antelación el spot transmitido por la televisión abierta, en que se informa sobre la participación; cuestionamientos por la ausencia de alusiones a los pueblos indígenas en el mismo; y que la publicidad apuntara a los acuerdos sin dejar espacio al posible disenso.
La contingencia también jugó una mala pasada al proceso. Las lluvias registradas el fin de semana pasado, y la posterior muerte del ex Presidente de la República, Patricio Aylwin, se tomaron los medios y, como consecuencia, “el proceso constituyente se invisibilizó”, explica un parlamentario oficialista.
La falta de información es una de las mayores preocupaciones, porque esta podría generar cifras no esperadas de participación y, como resultado, falta de legitimidad del proceso. De hecho, el lunes pasado, previo al comienzo de los encuentros ciudadanos y a pesar de la campaña comunicacional desplegada por el Gobierno, con salidas a terreno de ministros incluidas, la encuesta Cadem arrojó que un 81% de la población no sabía cómo participar de los diálogos sobre una nueva Constitución.
“No se ha copado la agenda, puede que esto se transforme un proceso en la medida de lo posible”, señaló un senador de la Nueva Mayoría, parafraseando al fallecido ex jefe de Estado. “La fórmula utilizada para buscar la meta de participación no ha sido la adecuada”, sentenció un diputado oficialista, mientras otro miembro del conglomerado afirmó que “ha habido una debilidad notable en cuanto a la difusión, debió haber habido un impulso en más medios, en la radio, en prensa local, etcétera”.
“A mí lo que me preocupa es que hay un 80% que no sabe cómo participar. Tenemos una mayoría que parece querer participar, que cree que la discusión constitucional es prioritaria, pero la inmensa mayoría no sabe cómo hacerlo”, dijo por su parte la semana pasada el coordinador del Consejo, el abogado DC Patricio Zapata.
Pero incluso ha habido frases más tajantes. El ex ministro y actual agente de Chile ante La Haya por la demanda marítima boliviana, José Miguel Insulza, sostuvo en una charla universitaria que “francamente confieso –tengo el sueño de equivocarme–, pero creo que este proceso de debate no va a llegar demasiado lejos», dijo. Y agregó que “dejémonos de cuentos: o sea, van a participar –yo espero que participe mucha gente–, pero van a ser más los míos que van a participar que los otros, y eso ya le quita precisamente el consenso que dice que estamos buscando”.
En los partidos políticos de la Nueva Mayoría hay preocupación. Varias figuras oficialistas han hecho ver su inquietud por la escasa participación de los mismos “en el debate que debiese ser el más político de todos”, explica una de ellas. Los timoneles de las colectividades oficialistas han planteado la situación al Ejecutivo en varias oportunidades.
En el comité político ampliado del lunes 11 de abril, que se centró en este tema, varios plantearon a los ministros que era necesaria una participación más institucional de las colectividades en el proceso. En la ocasión, por ejemplo, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, sostuvo que “extraño que los partidos tengan un rol más importante en este proceso».
[cita tipo= «destaque»]En La Moneda reconocen que con esto la Presidenta Bachelet podrá resguardarse de los cuestionamientos ante el público compromiso que hizo durante la campaña y su primer año de Gobierno, al asegurar en reiteradas ocasiones públicamente que habría una nueva Constitución antes de terminar su mandato y, por lo tanto, podrá hacer el check list de haber cumplido al menos con parte de ese compromiso, al dejar encaminado el debate y haber partido con la arista de la participación ciudadana.[/cita]
En esa misma instancia se insistió que ya la campaña de educación cívica había sido “insuficiente” y que se observaba “poco interés” para la participación.
De hecho, la falta de integración de los partidos quedó de manifiesto tras el comité político del lunes 18 de abril. Allí el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que estaba habilitado para convocar a un encuentro local en calidad de ciudadano. Sin embargo, el Gobierno ya había redactado instructivos donde quedaba establecido que quienes tengan cargos ejecutivos en alguna colectividad podrán participar de los encuentros locales, pero no actuar como sus coordinadores.
Las expectativas en la clase política son bajas, reconocen en el Gobierno, por lo mismo, asumen que desde esa vereda provengan las principales críticas al proceso, porque es indiscutible que han sido dejados al margen de todas las definiciones. No desconocen en Palacio que el diseño del proceso “fue raro”, carece de criterios políticos y fue exclusivamente presidencial, o sea, que se elaboró con expertos en metodología siguiendo las pautas fijadas por Bachelet.
Sin embargo, a pesar de ese crudo diagnóstico, en La Moneda apuestan ciegamente a que al final el proceso constituyente “será un éxito rotundo” y eso radicará en la alta participación ciudadana que se registrará. “Cuando se abre la puerta a la participación, la gente lo hace y por eso, sin contar los días de elecciones, este será el gran evento participativo de nuestra historia y será un tapaboca para muchos”, sentenciaron en Palacio.
Para algunos el problema está planteado por la génesis de la propia reforma. Al poco andar del Gobierno de Bachelet, varios dirigentes oficialistas planteaban, en privado y luego en público, que como las otras reformas primordiales –la tributaria y educacional– se habían puesto sobre la mesa y su debate fue prolongado, en lo que quedaba de la gestión era imposible que se materializara una nueva Constitución. Sumado esto a que no existía una planificación ni un trabajo previo respecto a la fórmula para enfrentar este compromiso. Con todo, Bachelet terminó reconociendo que durante su Gobierno el objetivo final no se lograría.
Pese a que muchos insistieron, tanto desde el oficialismo como de la oposición, en la necesidad de renunciar a la realización de una nueva Carta Fundamental, la jefa de Estado no se retractó. A esas alturas –según explican en la Nueva Mayoría– parecía imposible echar pie atrás con la presión que seguían ejerciendo los sectores progresistas que incluso postulan aún la concreción de una Asamblea Constituyente.
De la anterior posición se hace eco el editorial del diario La Tercera del pasado 14 de abril, donde se plantea que “los objetivos del Ejecutivo detrás de esta maniobra resultan evidentes: por una parte, pretende aplacar los ánimos refundacionales de quienes demandan una Asamblea Constituyente como único mecanismo para elaborar una nueva Constitución. Por la otra, busca vestir al proceso de suficiente participación como para evitar que el Congreso deseche la propuesta de carta fundamental que elaborará la propia Presidenta de la República a partir de los cabildos y diálogos”.
En el Gobierno asumen que hay costos altos en llevar adelante este proceso, las críticas políticas, las dudas y desconfianzas que se han instalado, pero, a pesar de eso, al final el balance será positivo. En La Moneda reconocen que con esto la Presidenta Bachelet podrá resguardarse de los cuestionamientos ante el público compromiso que hizo durante la campaña y su primer año de Gobierno, al asegurar en reiteradas ocasiones públicamente que habría una nueva Constitución antes de terminar su mandato y, por lo tanto, podrá hacer el check list de haber cumplido al menos con parte de ese compromiso, al dejar encaminado el debate y haber partido con la arista de la participación ciudadana.
Hay quienes plantean que todo el proceso puede terminar quedando en nada si un próximo Gobierno, sobre todo si es de oposición, no se compromete con la iniciativa. “El Gobierno no se ha dado los plazos necesarios para hacer las cosas bien y finalmente esto puede terminar siendo solo una anécdota si un próximo Gobierno no recoge lo que se ha realizado hasta ahora”, planteó un presidente partidista del conglomerado.
Por su parte, desde la oposición la postura ha sido dura, y todo indica que el objetivo es ver caer la nueva Constitución. De hecho, el ex Presidente Sebastián Piñera podría ser el emblema del anuncio de una eventual marginación del proceso constituyente de Chile Vamos.
Ayer, en tanto, el ministro Díaz defendió nuevamente el proceso y descartó una instrumentalización del mismo. “La misma diversidad de los encuentros dan cuenta de que es un proceso autónomo, donde los ciudadanos expresan su opinión. Hay quienes comparten nuestra mirada y quienes no», añadió.
Con todo, desde La Moneda apuntan a que el principal logro y beneficio que desde ya advierten es el impacto político que tendrá el nivel de participación ciudadana, este proceso será “una gran encuesta verificable sobre diversos temas” y eso la clase política no lo podrá esquivar. “El nivel de participación hará que sea tácitamente vinculante, el eje de la elección presidencial y parlamentaria será el debate constituyente”, agregó un alto asesor de La Moneda.
En la Nueva Mayoría hay sectores que comparten el diagnóstico y agregan que hasta ahora la equivocación de La Moneda ha sido poner el foco y los esfuerzos en la “impecabilidad” del proceso ante los numerosos detractores públicos que ha tenido, cuando el acento debe ser –agregó un dirigente de la coalición– difundir, fomentar y asegurar un alto nivel de participación. “Esa será la clave, eso es lo que va a determinar si serán solo costos o beneficios lo que sacará el Gobierno de todo esto”, sentenció.
