Camila Rojas, presidenta de la Fech, también presentó las propuestas de la CONFECh, entroncadas en torno al Fortalecimiento y ampliación de la Educación Pública, generación de un nuevo marco regulatorio y planteamientos para la gratuidad y el financiamiento.
Camila Rojas, presidenta de la FECh y vocera de la CONFECh se desplazó hasta la sede del Congreso Nacional en Valparaíso donde expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados los problemas observados por el Movimiento Estudiantil en la elaboración de la reforma a la Educación Superior, así como también su visión del proyecto ingresado por el gobierno y las propuestas que la CONFECh ha elaborado y presentado a los distintos actores y en diversas instancias para que sean incluidas en el proyecto.
En primer lugar, la dirigente estudiantil problematizó lo ocurrido durante los diálogos prelegislativos, refiriéndose a la intransigencia del gobierno frente a estudiantes, rectores, trabajadores de las universidades y académicos: “La pantomima de diálogos, ha significado en la práctica la exclusión de los diferentes actores y organizaciones de la educación, quienes durante años hemos peleado por cambiar la educación”.
Respecto de los contenidos del proyecto, los estudiantes criticaron que “no se observa una nueva dirección para cambiar el actual sistema de mercado, sino que se consolida el sistema de hegemonía privada, subsidiada por el Estado vía becas y créditos.”
Camila Rojas también presentó las propuestas de la CONFECh, entroncadas en torno al Fortalecimiento y ampliación de la Educación Pública, generación de un nuevo marco regulatorio y planteamientos para la gratuidad y el financiamiento. Sobre el primer punto, propuso una ampliación de la matricula estatal con aportes basales a esas instituciones, enmarcados dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Respecto del marco regulatorio, llamó a considerar condiciones básicas de existencia como el fin al lucro, complejidad de universidades, infraestructura acorde, entre otras; pero a su vez condiciones más exigentes para recibir recursos del Estado: transparencia y control del uso de recursos, autonomía universitaria, democracia interna y vocación de servicio al país y a las regiones. También consideran la necesidad de modificar los protocolos de intervención y cierres de instituciones que incumplen la ley, y a la vez generar mecanismos de reubicación de estudiantes afectados por instituciones que los estafan.
La presidenta FECh llamó la atención sobre la viabilidad de una auténtica reforma, cuando los cambios están a sujetos a la voluntad de partidos que han gobernado los últimos 20 años y que tienen una responsabilidad política “ya que, si Laureate puede seguir lucrando a pesar de las denuncias y estudios hechos, es porque hay partidos han permitido y promovido que holdings como esos estén negociando con la educación”. Llamó a transparentar los vínculos orgánicos que tiene la Concertación con el empresariado de la educación, ejemplificado en Pilar Armanet, militante del PPD, ex ministra de Bachelet y Rectora de la Universidad de Las Américas (parte de Laureate), que lidera la Corporación de Universidades Privadas, donde se agrupan las instituciones conocidas por lucrar y ser de mala calidad.
Finalmente, realizó un llamado al gobierno a hacerse responsable del proyecto de Educación Superior: “Preocupa la actitud del gobierno, que ha demostrado que su interés está centrado en tener una cuenta pública final más abultada antes que impulsar reformas con apoyo de la sociedad: pareciera ser que es el mismo gobierno el que está dispuesto a poner en riesgo la posibilidad de que Chile tenga una reforma a la Educación Superior.”
