Denuncian adjudicación irregular de proyectos
La semana pasada un pescador artesanal decidió presentar nuevos antecedentes a la indagatoria que lleva el fiscal de Aysén, Pedro Salgado. Se trata de militantes democratacristianos que –según el denunciante– favorecieron de forma irregular a la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral, la misma entidad indagada por pagos irregulares que habría solicitado el senador Patricio Walker para el diputado Iván Fuentes. Un consejero regional aludido se defiende y señala que son argumentos inconsistentes, porque por ley ellos no tienen atribuciones para entregar recursos a privados.
El jueves ocho de septiembre, cerca de las 11 de la mañana, Juan Carlos Navea llegó a la Fiscalía de Aysén para dejar una denuncia de dos páginas sobre eventuales irregularidades en la adjudicación de recursos públicos para proyectos vinculados al mundo pesquero.
Pide que se indaguen estos hechos que, según él, “forman parte de algo más grande que un simple aporte de campaña”. Por lo mismo, solicitó que se llame a declarar como testigo a Miguel Ángel Calisto, consejero regional de Aysén y asesor del senador Patricio Walker. También a Hernán Rebolledo Fernández, ex director zonal de la Subsecretaría de Pesca y, de acuerdo a los pescadores, representante en Puerto Aysén de Salmón Chile, asociación gremial que organiza y reúne a la industria del salmón. La institución cuenta en su directorio con Felipe Sandoval Precht, militate DC, ex vicepresidente Ejecutivo de Corfo durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ex subsecretario de Pesca.
En la denuncia, los pescadores afirman que Hernán Rebolledo también representa a la empresa consultora en Recursos Naturales y Gestión Ambiental GEAM Chile y, en dicha calidad, se habría adjudicado dos proyectos. Uno de ellos, “con adjudicación directa de la Gobernación Provincial de Puerto Aysén, donde su gobernadora, la señora Paz Maritza Foitzick (militante DC), ha aprobado un estudio que no tiene relación con las labores institucionales del Ministerio del Interior”.
Son 34 millones de pesos, correspondientes al proyecto licitado públicamente “Evaluación de Recursos Bentónicos en el Área Geográfica circunscrita Islas Las Huichas de la Región de Aysén” y que en la página web de GEAM Chile, según los pescadores, aparece como “Asesoría Técnica-científica Consejo de la Pesca Artesanal” DE LOS FIORDOS Y ARCHIPIÉLAGOS DE AYSÉN CORFAPA.
El denunciante Juan Carlos Navea afirma que el fiscal debe investigar y revisar “por qué se licita directamente desde la Gobernación un proyecto que no tiene nada que ver con las funciones institucionales del Ministerio del Interior. El señor Rebolledo tiene vínculos con la empresa del salmón manejada por gente de la DC. Son muchas coincidencias. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero por eso queremos que el fiscal investigue esto y nos aclare, por ejemplo, si este señor que trabajó en el mundo público y después en el privado, tiene las condiciones para llevar adelante esos proyectos o no. Y si no lo tiene, por qué se adjudica proyectos”.
Consultado por El Mostrador, Hernán Rebolledo afirmó que la denuncia está llena de imprecisiones y que hay un afán político detrás que no toma en cuenta su trayectoria en temas pesqueros. “Efectivamente ocupé el cargo de director zonal de Pesca. Es un cargo político, pero no tengo ninguna aspiración política ni tampoco he militado. Yo tuve un 50% de participación de GEAM Chile hasta que asumí el cago público en agosto de 2014. Desconozco las razones de esta denuncia. Yo no he tenido contactos políticos para adjudicar licitaciones. GEAM Chile se adjudica este proyecto sin injerencia mía, porque yo me había salido jurídicamente de esa empresa antes de agosto de 2014”, explicó.
A las 12:00 horas del lunes 21 de diciembre de 2015, quedó registrada por la plataforma de Ley de Lobby una reunión para hablar sobre “la situación de la industria salmonera”. Los protagonistas de ese encuentro fueron Hernán Rebolledo Fernández y el consejero regional y asesor del senador Patricio Walker, el DC Miguel Ángel Calisto Águila.
[cita tipo= «destaque»]Para el abogado Matías Ramírez estos hechos denunciados “ratifican la necesidad de investigar, por parte del Ministerio Público, las vinculaciones entre Fipes, asociaciones gremiales y la Democracia Cristiana, particularmente los pagos realizados y que puedan tener un origen o destino ilícito”.[/cita]
El encuentro fue transparentado, pero para los pescadores es un antecedente que el Ministerio Público debe considerar respecto a la segunda adjudicación de recursos en la que habría participado Hernán Rebolledo.
Según contempla la denuncia, 18 días después de la reunión entre Rebolledo y Calisto, el 8 de enero de este año, el consejo regional –con voto favorable de todos los Cores– acordó ratificar 300 millones de pesos para “investigación de recursos pesqueros de la Región de Aysén”. El proyecto fue licitado y, aseguran los pescadores, fue adjudicado el 14 de julio de 2016 a la empresa CEAM Chile y al Instituto de Investigación Pesquera Octava Región S.A. La primera –según el escrito presentado en Fiscalía–, donde Hernán Rebolledo participa, y la segunda, vinculada a Fipes.
Cabe recordar que la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral está siendo indagada por pagos al diputado Iván Fuentes para su campaña como parlamentario y que habrían sido gestionados por el senador Patricio Walker.
El consejero regional se defiende y no acepta estas imputaciones. “Yo como consejero regional recibo a todas las personas que quieren hablar de diversos temas de la zona. No hay nada irregular por mi parte, de hecho, como todas mis reuniones, quedó registrada. Acá hay grupos que quieren desprestigiar a la DC, que son hasta candidatos a Core. Tenemos la bancada más grande de consejeros regionales, hay sectores políticos que quieren afectar la imagen de la Democracia Cristiana por esta investigación que está radicada en Aysén. Para ser claro, ese proyecto se votó el 29 de diciembre de 2014 la primera vez, mucho tiempo antes de la reunión con Hernán Rebolledo, pero fue ratificado en enero de este año. Los 14 Cores votamos a favor, no solo yo. Que los denunciantes le pregunten al resto de los consejeros regionales que votaron”, manifiesta.
Miguel Ángel Calisto, además, dice que la denuncia es inconsistente legalmente. “Los consejeros regionales nunca aprobamos recursos a empresas privadas. Sí a instituciones públicas y parece que eso los pescadores no lo saben. Ese proyecto fue propuesto por la intendenta de la época y nosotros aprobamos ese monto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o sea, organismo público. Nosotros aprobamos recursos a las entidades públicas y luego estas licitan. Esa responsabilidad de eventuales irregularidades no es nuestra. Y, de hecho, el proyecto no está entregado en su totalidad respecto a la adjudicación”, indica.
Los pescadores afirman, asimismo, que lo grave es que, en medio de este proceso de ratificación de los recursos y la licitación propiamente tal, coincidentemente en abril de este año, Hernán Rebolledo habría sido designado como consejero zonal de pesca industrial en representación de la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral, Fipes.
Hernán Rebolledo afirma que dicho nombramiento no es correcto, porque “si bien soy parte del consejo por mi cargo en la industria, yo fui nombrado por decreto en calidad de suplente. Yo no he participado en ninguna reunión de dicho consejo aún. Por lo mismo, la precisión que hacen los denunciantes es incorrecta. En relación con el encuentro con consejero regional, tuve dos. Uno cuando fui funcionario público y aquel que dicen los pescadores fue solo en presentación de mi nuevo cargo”.
Por su parte, el denunciante pide que se aclare esta situación y “que esto no quede silenciado. Yo creo que aquí puede estallar algo mucho más grande que los pagos a políticos desde la Federación de las industrias pesqueras, como ya hemos conocido. Aquí hay una red enorme de contactos con el mundo del salmón, donde hay miles de millones de pesos en proyectos que se van adjudicando los privados sobre la base de contactos políticos”, sostiene.
Para el abogado Matías Ramírez estos hechos denunciados “ratifican la necesidad de investigar, por parte del Ministerio Público, las vinculaciones entre Fipes, asociaciones gremiales y la Democracia Cristiana, particularmente los pagos realizados y que puedan tener un origen o destino ilícito”.
Ramírez es el único querellante hasta ahora en la investigación relacionada con los pagos por más de 15 millones de pesos de la industria pesquera a Iván Fuentes, cuando este era dirigente gremial y luego parlamentario. Según la propia gerenta general de dicha institución, Valeria Carvajal, los pagos de Fipes recibidos por el diputado Iván Fuentes fueron solicitados por el senador DC, Patricio Walker.
