Opinión
El voto se transforma en irrelevante cuando, en la percepción ciudadana, “los mismos de siempre” gobiernan para una minoría. Es lo que sucede en Chile. Como existe una percepción generalizada de que las cosas no cambiarán, gane quien gane una elección, la desafección se convierte en apatía. Como un voto no tiene un efecto significativo en millones de votos, entonces procede la desafección.
La escasa participación electoral en Chile no debiese llamar la atención. Desde una perspectiva de largo plazo, observar altos niveles de participación ha sido totalmente excepcional. Entre 1810 y 2013 se han tenido tasas de asistencia a votar superiores al 50% de la población mayor de 18 años durante unos 30 años. En otras palabras, durante 170 años de vida republicana (84%) las autoridades han gobernado o autoritariamente o representando a un segmento bastante reducido de la población. La participación ciudadana en elecciones ha sido la excepción y no la regla.
La democracia electoral se masificó solo en la década de los 60. Se interrumpió abruptamente con la dictadura y se retomó con el retorno de la democracia en 1990. Las condiciones institucionales impuestas por la dictadura (inscripción voluntaria y voto obligatorio) y las condiciones políticas posteriores fueron provocando un progresivo desincentivo de la población para participar con su voto en la renovación de autoridades. A partir del 2012, retomamos la tradición de una república que representa a un segmento de la población inferior al 50%, porque la mayoría se restó del proceso político.
El que históricamente haya existido baja participación electoral no es una excusa para el momento actual. Muy por el contrario, lo que debiésemos analizar es el efecto de tener una república oligárquica (en su acepción del gobierno de “unos pocos” para unos pocos). Por una parte, requerimos sacarnos de la cabeza una recurrente idealización del proceso político chileno como hiperinstitucionalizado, democrático y participativo. La República de Chile fue gobernada por y gobernó para un segmento minúsculo de la población durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX (cifra inferior al 10%). La condición de hombres con propiedad que sabían leer y escribir definió a la ciudadanía. Las mujeres, los analfabetos, los pobres e indígenas quedaron excluidos del ejercicio electoral hasta mucho más allá de la mitad del siglo XX. Esta permanente exclusión provocó una concepción aristocrática de la política y de las relaciones sociales.
Pero, además, aunque el proceso político ha estado mediado por los partidos políticos, una densa organización social ha dado vida a irrupciones sociales en diferentes momentos y circunstancias de la historia de Chile. La participación electoral no ha sido un obsequio de las élites sino más bien una conquista social y política y que ha afectado a intereses y correlaciones de poder.
El anterior contexto ayuda a entender nuestro presente. Como la acumulación de votos define relaciones de poder, facilitar o impedir el ejercicio electoral siempre ha sido un campo de disputa política. Al implementarse el voto voluntario se abrió la puerta a lo que la literatura había demostrado en otras latitudes: los segmentos pobres y jóvenes concurrirían a votar con menor intensidad. Los incentivos políticos estarían puestos en movilizar un segmento relativamente pequeño de la población –adulto-mayores–, con mayor educación. La elección se ganaría a partir de la capacidad de los candidatos de movilizar grupos muy específicos y que territorialmente están identificados. En sectores más pobres o con necesidades, esta movilización se daría a partir de la intensificación de redes clientelares, muy tradicional en la política chilena.
El voto se transforma en irrelevante cuando, en la percepción ciudadana, “los mismos de siempre” gobiernan para una minoría. Es lo que sucede en Chile. Como existe una percepción generalizada de que las cosas no cambiarán, gane quien gane una elección, la desafección se convierte en apatía. Como un voto no tiene un efecto significativo en millones de votos, entonces procede la desafección.
Así, el escenario es altamente conveniente para quienes controlan el poder (político, económico, cultural), pues seguramente las cosas no se alterarán. Pero si hay una lección que podemos aprender de la historia de Chile es que, cuando varios millones se han movilizado y han concurrido a votar, las cosas sí han cambiado.
[cita tipo=»destaque»]La participación electoral no ha sido un obsequio de las élites sino más bien una conquista social y política y que ha afectado intereses y correlaciones de poder.[/cita]
Entonces, una nueva lucha del siglo XXI será cómo estimular la participación electoral. Algunas de las políticas que podrían introducirse son: a) establecer la obligatoriedad de concurrir a votar con sanciones efectivas; b) establecer la gratuidad del transporte público el día de la elección; c) alterar el calendario electoral indicando que sea día de semana y feriado; d) generar un sistema más moderno de votación, incluyendo voto electrónico y voto anticipado; e) desarrollar programas de educación democrática y electoral en escuelas y colegios; f) entregar recursos financieros al Servel para promover una línea de formación ciudadana, más allá de los meses electorales; g) mandatar a los partidos para que establezcan programas de formación cívica; h) promover espacios de deliberación y participación a nivel territorial en juntas de vecinos, etc., etc.
Todo lo anterior constituye una política que debiese considerarse prioritaria para alterar las relaciones de poder social, es decir, para que las mayorías puedan ejercer sus derechos. Cada una de ellas será fuertemente resistida por cuanto altera nichos de poder. Ya hemos observado que, cada vez que se propone transporte público el día de la elección, todos silban y miran para el costado. ¿Por qué? Por una sencilla razón: fuera de grandes centros urbanos, la participación el día de la elección depende de la capacidad de acarreo de cada caudillo local. Implementar una medida “radical” y “revolucionaria” como esta, afectaría intereses muy concretos. Los caudillos dejarían de controlar a sus electores.
Esta debiese ser parte de la revolución del siglo XXI, una revolución electoral que independice a los electores de sus caudillos; una revolución que convierta a ciudadanos en electores. Se necesita una revolución del voto.
