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Secretismo y pérdida de soberanía entre las claves del rechazo

La pugna por el TPP en Chile: las razones para salvar o dejar morir el acuerdo

por 24 noviembre, 2016

La pugna por el TPP en Chile: las razones para salvar o dejar morir el acuerdo
La lápida definitiva al tratado que involucra a 12 países, incluido Chile, la puso esta semana el recientemente elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a ello y a que existen serios reparos, que van desde desventajas en los precios de ciertos medicamentos, conflictos digitales, amarres para eventuales cambios en el sistema de AFP, así como la inexistencia de estudios oficiales que acrediten amplias ventajas para el país gracias a esta iniciativa, el Gobierno no da su brazo a torcer. Aseguran que no todo está perdido.

El TPP es “un desastre potencial para nuestro país". La frase, dicha esta semana por el polémico y recientemente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó de poner la lápida al controvertido acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que en octubre de 2015 fue cerrado por 12 países, entre ellos Chile, como “el tratado de libre comercio más grande de la historia”.

El anuncio no fue una sorpresa, pues durante su campaña el republicano ya lo había calificado como “el peor acuerdo de la historia”, el que ahora, sin la presencia del gigante del norte, se convierte en una apuesta sin futuro: el PIB de Estados Unidos corresponde al 60,3% del total de los miembros. Un dato no menor, tomando en cuenta que una cláusula establece que, si a febrero de 2018 no han finalizados los procesos internos de los miembros originales para su implementación, el convenio comenzará a regir solo si al menos seis de las naciones, que representen un 85% del Producto Interno Bruto (PIB) combinado del bloque en 2013, lo han aprobado.

Pero el Gobierno chileno ha insistido en avanzar con el acuerdo, que involucra, entre otros a Australia, Malasia, México, Nueva Zelandia, Canadá, Perú, Singapur y Vietnam.

Así lo manifestó el canciller Heraldo Muñoz y también la jefa de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Paulina Nazal, que en Radio Duna aseguró que, si los países siguen interesados, “el 85% del PIB corre para los 11” países restantes. Destacando que durante la cumbre de la APEC realizada en Perú, el fin de semana pasado, los países miembros se comprometieron a seguir adelante.

Todo, pese a que la iniciativa ha generado históricamente anticuerpos en diversas agrupaciones ciudadanas –no solo en Chile–, que por años han criticado el acuerdo, marcado por un intenso secretismo en las negociaciones que se llevaron a cabo durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

Secreto de Estado

Las conversaciones sobre este acuerdo comercial se iniciaron en 2008, y Chile estuvo presente desde el principio. En total, según información solicitada por la Ley de Transparencia, el Estado chileno desembolsó alrededor de 4 millones de dólares en costear las diversas rondas que se realizaron para alcanzarlo.

Pese a ello, recién hace dos semanas se publicó un estudio del impacto económico que tendría el acuerdo para el país. Este informe, elaborado en noviembre de 2015, se mantuvo en la máxima reserva y solo se liberó luego de que el vocero del movimiento “Chile Mejor sin TPP”, Carlos Figueroa, elevara una solicitud vía Ley de Transparencia para acceder al estudio, denominado Efectos estimados y potenciales en la Economía Chilena de la entrada en Vigencia del Acuerdo Transpacífico del Libre Comercio, elaborado por Raúl O’Ryan, a petición de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), que llevó la batuta en las herméticas negociaciones para impulsar el acuerdo.

“El principal caballito de batalla del Gobierno para justificar el TPP, es que sería un Tratado del siglo XXI. Burgos hablaba de que se beneficiaría a los más pobres, se habló de más empleos. Pero, al buscar información y solicitar información sobre cómo se sustentaban esas proyecciones, no existían. No había un informe económico que acreditara que eso era así. El estudio que hicieron público hace dos semanas, y que mantuvieron bajo cuerda un año, demuestra que Chile no se beneficiaba con el TPP”, detalla Figueroa.

Según explica Pablo Voillier, analista de Políticas Públicas de Derechos Digitales, el origen del TPP tiene sus inicios en el P4, tratado de libre comercio que involucraba a 4 países, incluido Chile, y que tenía como fin eliminar el 90% de los aranceles entre los miembros. En 2008, con el ingreso de Estados Unidos, se empezó a dar forma al tratado hoy conocido como TPP.

“El principal caballito de batalla del Gobierno para justificar el TPP, es que sería un Tratado del siglo XXI. Burgos hablaba de que se beneficiaría a los más pobres, se habló de más empleos. Pero, al buscar información y solicitar información sobre cómo se sustentaban esas proyecciones, no existían. No había un informe económico que acreditara que eso era así. El estudio que hicieron público hace dos semanas, y que mantuvieron bajo cuerda un año, demuestra que Chile no se beneficiaba con el TPP”, detalla Figueroa.

Voillier explica que “nosotros empezamos a involucrarnos cerca del 2011. Sin duda, el TPP logró notoriedad cuando el capítulo de propiedad intelectual fue filtrado por Wikileaks, antes de eso solo había rumores del contenido del tratado”.

El analista de Derechos Digitales, recalca que “es importante tener en consideración que la negociación del TPP no solo fue secreta para la población y la sociedad civil, sino que también para la academia e incluso para los parlamentarios de los distintos países. Así, por ejemplo, en una audiencia de la USTR (versión estadounidense de la Direcon), a una parlamentaria de Estados Unidos se le pidió que no tomara nota, por la naturaleza secreta del tratado”.

Por su parte, Carlos Figueroa relata que “hasta 2015 o finales de 2014, solo se conocían filtraciones de Wikileaks y algunas cosas que se habían mostrado en el Cuarto Adjunto, instancia que abrió el Gobierno –que en un principio, se dijo, sería de incidencia y participación–, que terminó limitándose a informar sobre las negociaciones, pero sin incidencia vinculante de organizaciones ciudadanas. Hubo años de negociación en secreto: a espaldas del Parlamento y de la ciudadanía. Recién hace dos años se empezaron a conocer partes del texto”.

Figueroa agrega que “los únicos participantes vinculantes fueron los gremios empresariales (…). En todos los tratados de libre comercio el Gobierno se reúne con gremios empresariales como la Sofofa, CPC, y en este caso específico hubo intercambio de información de parámetros arancelarios a los cuales se quería llegar. No tenemos acceso a saber cuántas reuniones hubo, ni cuándo ni quiénes participaron, pero lo reconocen los propios empresarios. Lo sé porque para la tesis de investigación que estoy desarrollando realicé varias entrevistas y en la CPC y Sofofa tienen información directa de conversaciones al respecto”.

Además del secretismo en torno a las negociaciones, las críticas al acuerdo están directamente relacionadas con su contenido.

Entre los puntos que sacan más ronchas, está lo relacionado con el sensible tema de los medicamentos. Específicamente respecto a los denominados medicamentos biológicos, cuya protección de datos tiene un plazo en Chile de cinco años, lapso que con el TPP podría ampliarse a 8 años. En términos simples, se ampliaría el plazo que impide la entrada al mercado de versiones genéricas más económicas de este tipo de remedios, algunos de los cuales se encuentran en Fondo de Tratamiento de Alto Costo, conocido como “Ley Ricarte Soto”.

La propia Subsecretaría de Salud Pública alertó al Ministerio de Salud, que llamó a que esta situación no ocurriera, tras elaborar una minuta en septiembre de 2015 denominada “Impacto económico y sanitario de la extensión de la protección de datos de productos farmacéuticos biológicos”, detallando los alcances del TPP en los precios de los medicamentos. El costo extra que calculaba el Minsal para el Estado alcanza a 770 millones de dólares anuales, lo que corresponde a 540.000 millones de pesos (equivalente al presupuesto anual de cinco leyes Ricarte Soto).

Otro ítem que causó revuelo fue el relacionado con la limitación y la monopolización de la siembra y comercialización de ciertas semillas.

En términos simples, en Chile la Ley de Propiedad Industrial establece prohibición de patentar organismos vivos. El TPP crea dos obligaciones en el capítulo XVIII, de propiedad intelectual, que van en contra de esta postura: la implementación del Convenio UPOV 91 –que Chile ha acordado firmar en varias ocasiones, pero no lo ha implementado–, que en la práctica permite algunas formas para patentar ciertos organismos genéticamente modificados, lo que abriría la puerta, pese a que jamás se utiliza la palabra "semilla", a que se puedan patentar algunas.

Por otra parte, el TPP sí alude a la palabra “plantas”, señalando que se podrán patentar productos relacionados con estas.

Uno de los temas que hizo mucho ruido desde que se empezó a hacer pública la existencia de las negociaciones en torno al TPP, está relacionado con lo digital.

Según explica Pablo Voillier, “la promesa de la Direcon fue que el TPP no iba a ir más allá de las obligaciones adquiridas por Chile en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esto no se cumple en una serie de materias sensibles”.

Voillier detalla, como ejemplos, las “medidas tecnológicas de protección (candados digitales), que impiden a los usuarios hacer el uso que estimen conveniente de los dispositivos que adquieren. O el mecanismo de bajada de contenido de Internet, que se puede prestar para abusos y bajadas injustificadas sin control judicial, así como el tema de señales satelitales, que incluyen sanciones penales para el usuario final”.

Carlos Figueroa dice que también estaba en el tapete un tema de soberanía. “Empezó a vincularse el TPP con las AFP. Esto, porque en el capítulo IX se establece que empresas que tengan inversiones en el extranjero podrán demandar a los Estados donde están sus inversiones en la medida que vean afectadas sus expectativas de ganancias razonables. Si Chile decide cambiar normativa como las de las AFP y esto afecta las expectativas de ganancias de empresas extranjeras –en cuyas manos está prácticamente la totalidad de las AFP nacionales–, nos pueden demandar en tribunales internacionales y pedir indemnizaciones millonarias por supuestos daños. Entonces, esto pone presión para que el sistema no pueda ser cambiado”.

En todo caso, la percepción general con respecto al TPP es que “está muerto”. Así lo asegura Voillier, quien cree que, sin embargo, es importante que “Chile lo rechace por su contenido y por resultar negativo para los intereses del país, y no solo por razones geopolíticas, como puede ser la elección de un presidente en Estados Unidos”.

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