El Servel «está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario y que a Gendarmería le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia», según determinó la Corte Suprema.
Este viernes el máximo Tribunal acogió dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Arica y Valparaíso. La decisión fue de cuatro votos a favor y uno en contra, para que las personas privadas de libertad puedan votar.
La Corte Suprema determinó que el Servel «está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario y que a Gendarmería le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia».
El director del INDH, Branislav Marelic, aseguró que «celebramos esta medida que apunta a proteger los derechos de las personas privadas de libertad (…) En materia de reinserción, es importante que las personas se sientan integradas en los procesos democráticos y en las decisiones que se toman».
El INDH emprendió una iniciativa del derecho a sufragio en centros penales de Arica, Tocopilla, Valparaíso, Santiago, Cauquenes, Concepción, Temuco y Osorno, detectando unos 70 casos de personas habilitadas para votar, que manifestaron interés en sufragar.
