Sebastián Depolo
El líder del partido integrado por Giorgio Jackson afirma que en la práctica no se ha materializado la igualdad entre los partidos nuevos y antiguos respecto del mecanismo de inscripción. «Se cumple, lamentablemente, como el dicho chileno, hecha la ley, hecha la trampa», dijo.
El presidente de Revolución Democrática (RD), Sebastián Depolo, volvió a criticar a los partidos tradicionales que –a su juicio– son beneficiados por la decisión del Servicio Electoral (Servel) para facilitar la inscripción de los militantes a través de un formulario en internet, de cara al refichaje de cada colectividad, cuyo plazo vence el próximo 14 de abril y que exige un mínimo de 18 mil afiliados para seguir existiendo y, entre otras cosas, acceder a fondos públicos.
Tanto RD, el partido al que pertenece el diputado Giorgio Jackson, la Izquierda Autónoma y el Movimiento Autonomista, integrado por el diputado Gabriel Boric, han cuestionado la decisión del Servel, por considerar que constituye un trato discriminatorio hacia los nuevos partidos.
En este sentido, Depolo afirmó que, aunque efectivamente los partidos no están haciendo nada ilegal, la nueva fórmula aprobada «se contradice con el espíritu de la ley (…). Los partidos políticos tradicionales se manejan como cartel de privilegio. Yo no sé si están conscientes del daño que se hacen a ellos mismos. Creemos que hay que salvarla de esta gente que se comporta mafiosamente, que se comporta como cartel», dijo a La Segunda.
Depolo alegó que en la práctica la condición que cautelaba la igualdad entre partidos nuevos y antiguos, no se ha concretado.
«El 1 de diciembre, Servel aprobó una resolución que dice que les extendieron a los partidos tradicionales la clave única, y va a ser también a los partidos nuevos, para que uno se pueda afiliar; pero hasta ahora, no se ha implementado. Aquí no hay ni igualdad ante la ley. Se cumple, lamentablemente, como el dicho chileno, hecha la ley, hecha la trampa», afirmó.
Paralelamente, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el requerimiento de Izquierda Autónoma, que consideraba que había una vulneración de los derechos constitucionales en la decisión del Servel. Sin embargo, el tribunal consideró que el asunto no era «parte de su competencia». Por lo que la colectividad recurrirá a la Corte Suprema.
