“Lo que la justicia de otro país determine, hasta el momento, no es vinculante con la justicia nacional ni significa que una persona o entidad que es investigada en otro país pase a ser proscrita”, señaló Aaron Cavieres.
“Hemos entregado el conjunto de antecedentes de los contratos que establecimos desde 2010 a 2016 para que la fiscalía determine si hay que realizar alguna acción”, señaló este jueves el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Cavieres.
Luego de entregar los antecedentes de los contratos con estas empresas que combaten incendios y que son investigadas en España por presuntos delitos de colusión, cohecho y fraude, a la Fiscalía Nacional Económica, Cavieres aseguró que “lo que la justicia de otro país determine, hasta el momento, no es vinculante con la justicia nacional ni significa que una persona o entidad que es investigada en otro país pase a ser proscrita”.
Las empresas corresponden a Faasa, Inaer y Martínez Vidau, que a partir de un reportaje emitido por ‘Ahora Noticias’ de Mega, se conoció el «modus operandi» de este «cartel del fuego» y que consistía en lo siguiente: una de ellas ofrecía el máximo que estaban dispuestos a pagar, mientras que las otras ofrecían un precio más elevado.
«Para ello era necesario el concurso y la complicidad de políticos y técnicos, los que tenían que valorar y adjudicar el contrato. Eran contratos que estaban hechos a la medida», sostuvo Francesc Arabí, periodista que descubrió este caso.
Cabe mencionar que las tres compañías mantienen contratos vigentes con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi).
En 2011 comenzaron a operar, bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera, en el momento en que la Conaf licitó el ataque aéreo de los incendios forestales en las regiones de Chile con mayor propagación. Faasa e Inaer Helicópteros se quedaron con cuatro de estas regiones. En tanto, en 2015 la corporación contrató directamente a Martínez Ridao en Valparaíso y La Araucanía, por un monto que llegó a $760 millones.
Los contratos entre las tres empresas investigadas y Conaf ascienden a $2.000 millones al año, más $1 millón 800 mil por cada hora adicional de vuelo en el caso de una emergencia.
