En esta línea, Hugo Dolmestch concentró sus preocupaciones y tareas en materias relacionadas con los derechos de los niños y adolescentes vulnerables que se encuentran bajo la tutela del Sename.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, hizo un llamamiento a «respetar la independencia de los jueces», ya que en su opinión son pilares fundamentales en el sustento del Estado de derecho.
«(Los jueces) ejercemos nuestras facultades con pleno y absoluto respeto a la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado», dijo Dolmestch al inaugurar el año judicial 2017 y dar cuenta pública de la labor jurisdiccional realizada durante el año anterior.
El funcionario añadió que para un real y efectivo funcionamiento del Poder Judicial es necesaria «la independencia judicial», y agregó que «la inamovilidad de los jueces son pilares fundamentales de nuestro quehacer y el sustento del Estado de derecho»
En su recuento del 2016, el titular de la Corte Suprema subrayó que el «Poder Judicial no puede estar ajena (a) la realidad del país en todos sus aspectos».
En esta línea, Dolmestch concentró sus preocupaciones y tareas en materias relacionadas con los derechos de los niños y adolescentes vulnerables que se encuentran bajo la tutela del Estado, tema que ha causado gran polémica en los últimos años por la deficiente presunta atención de los chicos.
En octubre pasado se dio a conocer que 865 menores de edad que dependían o tenían alguna relación con el Servicio Nacional de Menores (Sename) fallecieron en los últimos once años.
«Tenemos muy claro nuestro rol de garantes de los derechos de niños y niñas, para lo cual hemos desarrollado acciones y continuaremos haciéndolo», afirmó el ministro de la Corte Suprema en la ceremonia, que contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, entre otras autoridades de Gobierno.
Por otro lado, Hugo Dolmestch resaltó la creación de una oficina permanente «que se hará cargo de la igualdad de género y no discriminación».
Entre sus funciones se encuentran el promover espacios de trabajo y políticas de acceso a la justicia igualitarias, libres de violencia y discriminación.
El pasado 20 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció el próximo envío al Parlamento de un proyecto para perfeccionar la llamada «Ley Zamudio», contra la discriminación, que se aprobó tras el asesinato de un joven en un brutal ataque homofóbico hace algunos años.
El nuevo proyecto, dijo Bachelet, busca «promover la igualdad, sancionar la discriminación y la incitación al odio en contra de una persona o un grupo de personas basado en su origen social, creencia, nacionalidad, sexo, orientación sexual o pertenencia étnica».
A mediados del año pasado, un informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual indicó que las denuncias y los casos de discriminación contra lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales aumentaron en Chile 8,8 %, cifra marcada por «una mayor visibilidad de las parejas homosexuales en los espacios públicos, lo que desencadena la reacción negativa de los más conservadores».
