El ayuno lo iniciaron después que los hijos del matrimonio asesinado en 2013 anunciaran que recurrirían al Tribunal Constitucional. Esto, porque la jueza de Garantía a cargo del caso rechazó todas las pruebas presentadas durante la preparación del juicio oral.
Ocho de los 11 comuneros mapuches imputados por la muerte de un matrimonio de agricultores al incendiar su casa en 2013 iniciaron una huelga de hambre en protesta a la decisión de la familia de las víctimas de recurrir al Tribunal Constitucional, informaron este lunes fuentes del caso.
«Los presos e imputados en el llamado caso Luchsinger han tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre, a raíz de la presentación ante el Tribunal Constitucional de la familia Luchsinger, que podría implicar la suspensión de la causa por un año más», dijo a medios locales la defensora de los comuneros, Manuela Arroyo.
Por el homicidio del agricultor Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne Mackay, de 69, perpetrado el 4 de enero de 2013, hasta ahora solo está condenado a 18 años de prisión el machi Celestino Córdova, detenido pocas horas después del ataque en las cercanías del lugar, herido de bala.
Sin embargo, hay otros 11 comuneros mapuches acusados por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario, entre ellos la machi Francisca Linconao y José Peralino Huinca, quienes actualmente se encuentran con arresto domiciliario, mientras Sergio Catrilaf está prófugo.
Según informaron los abogados de la familia, la decisión de los hijos de la pareja asesinada de recurrir al Tribunal Constitucional surgió luego que la jueza de Garantía a cargo del caso rechazó todas las pruebas que presentaron durante la preparación del juicio oral, argumentando sus dudas sobre la forma en que fueron obtenidas.
La jueza Alejandra García excluyó «todas las pruebas ofrecidas» durante la preparación del juicio oral, explicó el abogado de la familia, Carlos Tenorio.
Añadió que la magistrada había considerado para su resolución que las pruebas presentadas fueron obtenidas con infracción de garantías constitucionales, aunque indicó que la parte acusadora ya apeló la exclusión de dichas pruebas.
El requerimiento preocupa a los comuneros, ya que la situación puede detener el desarrollo de la caso, obligándolos a permanecer más tiempo en prisión preventiva.
Manuela Arroyo destacó que «se está manifestando una afectación a sus derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgados dentro de un plazo justo, la imposición de una ley antiterrorista, y el mantenimiento de la prisión preventiva, pese a que muchos ellos han sido liberado por los tribunales de garantía».
Asimismo, recordó que el Estado de Chile ya ha sido condenado en ocasiones anteriores por este tipo de situaciones.
