Tensión entre La Moneda, el Poder Judicial y Fiscalía se suma al conflicto mapuche
Las inesperadas vacaciones del subsecretario Mahmud Aleuy han centrado la atención del mundo político. Actores involucrados en el conflicto, sin embargo, ven en esta jugada un paso más hacia la incertidumbre –propiciada por el propio Gobierno– que a una distensión del conflicto, ya que aunque en apariencia la tensión parece descomprimirse, lo cierto es que la conflictividad iría en ascenso. En La Araucanía existe consenso en cuanto a que el conflicto en Santiago no pondrá paños fríos en la región, en donde además las instituciones se encuentran tensionadas por la judicialización del conflicto mapuche y las críticas a la Ley Antiterrorista.
De un fuerte matiz político interno se ha teñido la crisis desatada en el Gobierno a raíz del conflicto mapuche. La operación del viernes pasado, realizada por La Moneda, logró su cometido de bajar la huelga de hambre mantenida –por más de cien días– por cuatro comuneros en prisión preventiva por el caso Iglesias, pero trajo consigo un controvertido inicio de semana, marcado por el enojo del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, ante la desautorización de la línea gubernamental ante el conflicto.
Las inesperadas vacaciones de Aleuy, hombre ancla del Ejecutivo e íntimo amigo de la Presidenta, son vistas como un bálsamo que no lograría terminar con la molestia del subsecretario y solo mantendría el conflicto político abierto. Pero, por otra parte, este stand by al conflicto en La Moneda no lograría resolver la crisis que se desata directamente en La Araucanía.
Las distintas instituciones y actores involucrados en el conflicto ven en esta jugada un paso más hacia la incertidumbre –propiciada por el propio el Gobierno– que a una distensión del conflicto, ya que aunque en apariencia la tensión parece descomprimirse, lo cierto, es que la conflictividad iría en ascenso. Es más, distintas comunidades mapuche ya han denunciado el incremento de la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros, mientras desde la oposición han calificado el cambio de estrategia de La Moneda como una muestra de debilidad.
En el oficialismo, principalmente los parlamentarios de la zona, ven con distancia el rol que podría tener el ministro Fernández y plantean que esta dualidad de líneas podría intensificar aún más la problemática en La Araucanía, ya que la opción de La Moneda “ante los huelguistas es una excepción a la regla, una salida al caos”, que desautorizaría a Aleuy públicamente, pero no significaría un cambio en la línea de trabajo impulsada en la zona el último año. “No se va a desconocer el trabajo mancomunado entre Carabineros, la Fiscalía e Interior”, señala un parlamentario de oficialista. Además, se agrega que en La Moneda “siempre tuvieron conciencia de que la política de Aleuy en la zona era respaldada”.
Otro flanco abierto es la figura de quien asume el cargo de Aleuy. Mario Ossandón es visto con distancia, tanto al interior de la Fiscalía como entre el mundo político ligado al conflicto. A pesar de que ha participado en distintas mesas de acuerdo en La Araucanía y se regiría por la política impulsada por el subsecretario, “no es Aleuy y no tiene la capacidad política para dirigir el conflicto”, sostienen desde la zona.
Al interior del mundo mapuche se lee de distintas formas la señal entregada por el Gobierno. Algunos creen que marca un antes y un después, para otros es solo una muestra de una política dual respecto al conflicto y que, aunque La Moneda “jure de guata que no aplicará más la Ley Antiterrorista, sabemos que en cualquier momento lo hará”.
Pese a las diferencias, una cosa es clara –afirma Juan Carlos Reinao, presidente de los alcaldes mapuche– y es que “hay gente el Gobierno que no entiende el conflicto fuera de sus cómodos escritorios. Un consenso en La Araucanía es que la propuesta de modificación de la Ley Antiterrorista, anunciada por el ministro Fernández, es solo un maquillaje a la ley y que, mientras no se elimine la aplicación de la Ley Antiterrorista para casos que impliquen a comuneros mapuche, no habrá un cambio radical, al menos en el área judicializada del conflicto”.
Para el abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), Sebastián Saavedra, la estrategia tomada por el Ejecutivo responde a una forma histórica de actuar por parte del Estado, independientemente del Gobierno de turno. Según el profesional, los presidentes van “cediendo en la medida que grupos de presión, comuneros, mapuche, empresarios” despliegan algún accionar. El abogado asegura que es en función de la coyuntura que los gobiernos “van modificando su comparecencia en estos juicios” y cambian la calificación de las querellas, por ejemplo.
Una tensión que no logra solucionar la vía impulsada por La Moneda en las últimas semanas es la relación que mantiene con tribunales ante el conflicto mapuche. Desde parte del oficialismo han apuntado a que son los jueces los que fallan una y otra vez en contra de los casos impulsados por el Ministerio Público, los que son respaldados por el Ministerio del Interior.
Voces cercanas a Palacio indican que los jueces son sometidos a fuertes presiones, que de una u otra forma los ponen en una encrucijada a la hora de fallar en este tipo de casos. Aunque el diputado Fuad Chahin (DC) reconoce que “hay un déficit tanto desde la persecución penal como en lo político”, asegura que “ha faltado una coordinación interinstitucional entre las policías, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, para que puedan tener un trabajo coordinado y que finalmente puedan condenar a quienes están tras estos hechos”.
Desde el Poder Judicial han decidido no referirse a las críticas provenientes desde el mundo político. De todas formas, en el análisis realizado al proyecto de ley que buscaba trasladar las investigaciones y juzgamiento de las causas penales vinculadas a distintos hechos de violencia en la zona de La Araucanía a la Región Metropolitana, la Corte Suprema sostiene que este cambio podría violar el principio de independencia del Poder Judicial, además de afectar el proceso investigativo, debido a que los hechos e involucrados estarían muy lejos de Santiago.
Por otra parte, desde tribunales es vista con distancia la “insistente búsqueda por involucrar la política en los juicios”. El pasado 20 de septiembre se desarrolló una reunión de coordinación entre la Subsecretaría del Interior, los fiscales y magistrados de la zona, reunión a la cual también asistió el subsecretario Aleuy, un encuentro que habría sido visto como improcedente, como una reunión que “no corresponde”, por parte del presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica.
En una reunión cerrada sobre el tema, Juica habría señalado que era injusto cargar al Ministerio Público y al Poder Judicial por los resultados judiciales del conflicto, ya que es “un conflicto político”. El ministro habría hecho hincapié en que el Estado tenía que hacerse cargo, y que no se le puede dar a un juez, un fiscal o a la policía la carga de un problema que es histórico.
Para el abogado de CidSur, Sebastián Saavedra, el origen de esta pugna entre La Moneda y el Poder Judicial se centraría en las debilidades y abusos de la Ley Antiterrorista, junto con la resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos del año 2014, en donde se sentenció al Estado chileno por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, junto con el principio de igualdad, la no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas, en el caso de una serie de comuneros mapuche procesados bajo la Ley Antiterrorista, durante los años 2001 y 2002, en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Según Saavedra, previo a esta resolución, la justicia “se mostraba muy errática a la hora de calificar si hay o no terrorismo, pero tras el juicio que perdió el Estado chileno eso cambió”. Para el profesional es imposible negar la injerencia de dicho juicio en las resoluciones tomadas por tribunales, en donde se ha definido el objetivo terrorista, por ejemplo, pero no la participación de dirigentes mapuche o, simplemente, se han desestimado las investigaciones de Fiscalía.
Tras la posición tomada por el Gobierno, de solicitar la rebaja de la cautelar para los investigados por el caso Iglesias, que se encontraban en huelga de hambre, quedó en evidencia la diferencia que mantenían con el Ministerio Público respecto al caso. La Fiscalía no se hizo parte de la solicitud que fue negada por el tribunal, ya que según los fiscales “hay pruebas contundentes” en contra de los imputados, pues testigos llegaron a identificar el rostro de uno de los imputados”, por lo tanto, no procedería el cambio en la calificación de la querella.
Por otra parte, para el alcalde Juan Carlos Reinao la posición es distinta, ya que estos casos estarían basados en “operaciones mediáticas, que dejan claro lo discrecional de la Ley Antiterrorista, donde hay culpables antes de un juicio. Esto ha quedado demostrado en el caso Iglesias, donde los cuatro peñi llevan ya casi un año y medio tras las rejas sin un juicio justo. Por lo demás, lo inútil de la aplicación ley, es que en su mayoría los peñi han sido liberados”.
Para el senador Alejandro Navarro, “el problema radica en que los recursos presentados por el Gobierno para recalificar la querella y obtener la libertad de los presos eventualmente no funcionarán, por lo que estos podrían seguir privados de libertad sin que la Fiscalía cuente con pruebas suficientes luego de todo este tiempo”.
[cita tipo=»destaque»]Para Pablo Viollier, analista de Derechos Digitales, es claro que llama mucho la atención la forma en la que Carabineros había interferido las conversaciones, porque en el caso de “WhatsApp están cifradas de punta a punta, por lo tanto, las conversaciones están encriptadas, entonces si son interceptadas la verdad es que no se puede saber el contenido de esas conversaciones. No así Telegram, que tiene un chat especial de cifrado, que es el modo secreto”.[/cita]
Según Reinao, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI y la Subsecretaría de Interior “están empecinados en crear un escenario que les permita la militarización de la macrozona, validar su impopular Decreto Espía y, muchas veces creo, mantener el conflicto con el Pueblo Nación Mapuche. Así seguimos en la coyuntura y nos alejamos de la legítima demanda de restitución territorial, la autonomía y autodeterminación”. Agrega que “no hay que dejar a un lado a los poderes económicos, me refiero el mundo privado, o algunos de ellos, a quienes les ha sido conveniente mantener el conflicto”.
Desde la Fiscalía manifiestan que no es momento para referirse a este tipo de diferencias, a pesar de que continuamente han recibido el respaldo desde el Ministerio del Interior para impulsar una serie de procesos en la zona.
Distinta es la posición ante la, así denominada por Carabineros, ‘Operación Huracán’. Desde el Ministerio Público destacan que es una investigación que recién está comenzando y que se hicieron parte del proceso investigativo solo dos días antes de que emanaran las órdenes de detención en contra de ocho dirigentes mapuche, entre los que destaca el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Aseguran que “hablar del caso Igesias, donde ya hay una acusación presentada, no es lo mismo que hablar de la Operación Huracán”. Explican que “esa causa en particular está en una etapa preliminar, todas las pruebas que entrega Carabineros, la Fiscalía las considera como pruebas iniciales, es lo que justifica el inicio de la investigación”.
El punto que conflictuaría la investigación es la interceptación de conversaciones vía WhatsApp entre los dirigentes, por parte de Carabineros, basados en la Ley de Inteligencia, operación que fue autorizada por tribunales. Desde la Fiscalía dicen que “hablar de las pruebas a esta altura es prematuro. A diferencia del caso Iglesias, ahí hay mayor libertad”.
Para Pablo Viollier, analista de Derechos Digitales, es claro que llama mucho la atención la forma en la que Carabineros había interferido las conversaciones, porque en el caso de “WhatsApp están cifradas de punta a punta, por lo tanto, las conversaciones están encriptadas, entonces si son interceptadas la verdad es que no se puede saber el contenido de esas conversaciones. No así Telegram, que tiene un chat especial de cifrado, que es el modo secreto”.
Para Viollier, “hay varias opciones de saber cómo las obtuvieron. La primera es que las policías hayan tenido algún tipo de infiltrado al interior de los detenidos, y que hayan sido ellos los que filtraran el contenido”, por medio del pantallazos o la descarga de datos, aunque –según el especialista– “es poco probable”, porque se han publicado en medios solo extractos de conversaciones. La otra opción, también a juicio del especialista, es que hayan tenido “acceso físicamente a los dispositivos (…) y si los celulares eran Android con un sistema operativo antiguo, no es difícil acceder a la tecnología”, explica.
Dentro del mundo especialista en esta área aseguran que es imposible que Google haya hecho entrega de los contenidos de las conversaciones, principalmente porque es difícil desencriptar las conversaciones en grandes bases de datos, y porque ha negado el acceso a conversaciones privadas en EE.UU. y Europa.
Explican que hay una “opción menos probable”, pero “que sería lo más grave”: es que la policías estén usando algún software de vigilancia como el Galileo –comprado por la PDI hace unos años– o el Pegasus (utilizado en México), que son un tipo de malware que da acceso a la totalidad del celular. Esto “sería grave porque no está especificada la legalidad de este tipo de procedimientos”, indican.
Por otra parte, para el abogado Sebastián Saavedra, en el caso de la ‘Operación Huracán’ se observa “una peligrosa práctica por parte de la persecución criminal del sistema de inteligencia, en procesos penales ordinarios. La ley de Inteligencia tiene como objetivo prevenir delitos, conocer o anticiparse a situaciones y, por lo mismo, tiene una mayor gama de medidas intrusivas, interceptación de teléfonos, de correos, aunque con el objetivo preciso y claro de anticiparse, pero no para llevar a juicios”.
En opinión del abogado, el “Ministerio Público está mezclando la inteligencia con un proceso judicial”, por lo que “nos estamos acercando peligrosamente a la persecución política de los modelos totalitarios”. Los procedimientos de Carabineros “se parecen más a la KGB que a una discusión en un tribunal de la república”.
