Por el cierre de la prisión de Punta Peuco, el recién asumido presidente de la Corte Suprema sostuvo: «Tampoco tenemos algo que decir».
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, afirmó hoy que los jueces deben abstenerse de opinar sobre eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
«Ese es un tema en el que los jueces no tienen mayor injerencia. (el indulto) es una potestad de la Presidencia de la República», precisó, en una entrevista con la Radio Cooperativa.
«Tampoco tenemos algo que decir», indicó, al ser preguntado por el cierre de la prisión de Punta Peuco, donde cumplen condenas más de un centenar de antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo cierre y envío de los internos a prisiones comunes era un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, según las víctimas de la dictadura.
Brito, un magistrado con 47 años de carrera judicial, marcó distancia con su antecesor, Hugo Dolmestch, quien se ha manifestado a favor de que los presos ancianos, que padezcan enfermedades incurables o terminales, para que puedan pasar sus últimos días junto a sus familiares y no morir en prisión.
Sectores de ultraderecha y familiares de los antiguos agentes presos se han movilizado desde hace tiempo a favor de un indulto humanitario en esos casos y han señalado su esperanza de que el próximo gobierno, que encabezará el conservador Sebastián Piñera, tome alguna medida al respecto.
Según Haroldo Brito, la prisión, «es un lugar en el que se ejecutan las sentencias y eso (el eventual cierre) es de responsabilidad de la administración», y no de la magistratura.
«Yo entiendo y valoro la preocupación por lo que significa el cumplimiento de cualquier castigo severo como los que han sido impuestos, pero no es una cuestión en que los jueces tengamos algo que decir», insistió.
Respecto de su diferencia de opinión con Hugo Dolmestch, señaló que «él tiene una forma distinta de entender esto. Mi posición es que eso es parte de la ejecución (de las sentencias) y que tiene que ser resuelto de otra manera».
En Chile «no hay un sistema de ejecución de castigos de orden jurisdiccional, en el que los jueces tengan oportunidad de verificar algunas cosas. En otros los jueces se ocupan de verificar si el castigo ha producido efectos y si es posible mantenerlo. No es la situación de nosotros, y por lo mismo yo no tengo nada que decir», remarcó.
Matizó, en todo caso, que «entendemos que es bueno que algún día tengamos ejecución de sanciones controladas por los jueces».
Brito consideró también la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename), investigado por numerosos casos de muertes de niños albergados desde hace años, malos tratos y otras situaciones irregulares, «es una de las más significativas y dolorosas que tenemos en el país»,y planteó que es necesario confiar en la labor de quienes están abocados a solucionarla.
«Yo entiendo que se están haciendo esfuerzos, está el propósito de hacerlos, y yo no puedo menos que entender que los órganos que están trabajando en esta cuestión están avanzando», dijo.
«Evidentemente el sistema de protección de los menores es insuficiente, necesita de reparaciones urgentes y profundas», matizó.
Al asumir su cargo, Haroldo Brito anunció su propósito de impulsar en su período de dos años la creación de un código procesal civil, un nuevo código penal y la actualización del sistema de ascensos del Poder Judicial, con especial hincapié en el primero.
«Existe la necesidad de un nuevo Código Procesal Civil, que entregue fuertes garantías a las partes en cuanto a participación», señaló, admitiendo que «es un trabajo largo o no fácil».
