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La Iglesia deberá «pagar» por sus pecados: la encrucijada ante la petición de indemnizaciones PAÍS

La Iglesia deberá «pagar» por sus pecados: la encrucijada ante la petición de indemnizaciones

Alejandra Carmona López
Por : Alejandra Carmona López Co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
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En las próximas semanas, la Corte de Apelaciones revisará la causa en la que las víctimas de Karadima acusaron protección del Arzobispado de Santiago y pidieron por ello una compensación de $450 millones de pesos. Los afectados por los maristas tampoco descartan echar mano a esa figura cuando resuelvan el aspecto penal. Como en otros países de Latinoamérica y Europa, el escenario más probable para la Iglesia chilena es comenzar a pagar indemnizaciones. Pero la institución no está sola, pues detrás de ella se encuentra Claro y Cía., uno de los bufetes más importantes de la plaza, que ha tenido entre sus clientes al propio Pinochet.


El paso por Chile del obispo de Malta, Charles Scicluna, fue lo más parecido a un huracán para la Iglesia católica: en un par de días recabó información fidedigna para entregar a Francisco I, escuchó a las víctimas de abusos sexuales, generó empatía, logró que el Papa pidiera perdón y que la terquedad del cardenal Ricardo Ezzati cediera al punto de reconocer que lo mejor es que el cuestionado obispo Juan Barros dé un paso al costado.

Pero el itinerario de Scicluna por Chile también abrió otro flanco no menor para la Iglesia: la reparación económica en la que insistirán las víctimas de abusos.

En los tribunales chilenos, uno de los intentos más emblemáticos ha sido el que realizaron José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, todos víctimas de abuso por parte del sacerdote Fernando Karadima, quienes  interpusieron una  demanda civil contra del Arzobispado de Santiago, en la que pedían $450 millones y disculpas públicas por los actos de encubrimiento en los que cayó la Iglesia católica ante estos casos de abuso.  Pero en marzo de 2017 recibieron un portazo de la justicia, ya que el  juez Juan Muñoz Pardo rechazó dicha demanda.

Sin embargo, en las próximas semanas el tribunal de alzada revisará la apelación que se hizo a favor de lo interpuesto, la que se realizará en un contexto completamente opuesto al que les tocó vivir el año pasado.

La carta que se dio a conocer la semana pasada y que envió Jorge Bergoglio desde el Vaticano dejó claras las fallas de la Iglesia chilena en este tema. El Papa se ha esmerado en dar señales en esa línea, de hecho, la próxima semana recibirá a las víctimas del párroco de El Bosque, tres semanas antes de que se reúna en Roma con todos los obispos de la Conferencia Episcopal, a quienes mandó a llamar –diplomáticamente– para hablar del informe del obispo de Malta.

En una de las reuniones que sostuvo con las víctimas que estudiaron en el Instituto Alonso de Ercilla, Scicluna les recordó a los denunciantes que podían acudir a la justicia civil y denunciar los hechos, además de pedir compensaciones económicas. Y aunque el grupo denunciante de la Congregación Marista está enfocado en perseguir responsabilidades penales, tampoco descartan que el siguiente paso sea solicitar compensaciones económicas. “La reparación es un componente de la justicia, en este y en todo tipo de delitos. Si habláramos de un atropello, por ejemplo, que nos hubiese dejado con secuelas de salud de por vida, ni siquiera se plantearía la pregunta sobre las reparaciones”, apunta una de las víctimas del sacerdote marista Adolfo Fuentes.

En este sentido, lo que resuelva la acción judicial entablada por Hamilton, Murillo y Cruz puede alumbrar el camino respecto a otras situaciones similares. “Nuestra demanda en contra el Arzobispado por encubrimiento fue rechazada en primera instancia, pero están pendientes alegatos en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, eventualmente”, recalca el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla.

La cruzada del estudio Claro

Para enfrentar las acciones judiciales, específicamente las de las víctimas de Karadima, el Arzobispado se ha hecho asesorar por uno de los estudios más importantes e influyentes de la capital.

La contraparte de Juan Pablo Hermosilla ha sido José María Eyzaguirre (padre) y  Nicolás Luco, ambos del estudio  Claro y Cía., que desde el piso 14 de Apoquindo 3721 están detrás de envidiadas estrategias judiciales en diversos rubros, desde lo económico hasta lo religioso. El bufete no solo goza de prestigio dentro de Chile, sino que también ha recibido reconocimientos como de Chambers & Partners “Mejor Firma del Año en Chile”, otorgado los años 2015, 2012 y 2010; Latin Lawyer “Mejor Transacción del Año en Finanzas Corporativas, 2013”; Latin Lawyer “Mejor Transacción del Año, en la mejor operación de M&A, 2012”; IFLR “M&A Mejor Transacción del Año, 2012” ; IFLR “Mejor Firma Nacional del Año, 2012”.

[cita tipo=»destaque»]En una de las reuniones que sostuvo con las víctimas que estudiaron en el Instituto Alonso de Ercilla, Scicluna les recordó a los denunciantes que podían acudir a la justicia civil y denunciar los hechos, además de pedir compensaciones económicas. Y aunque el grupo denunciante de la Congregación Marista está enfocado en perseguir responsabilidades penales, tampoco descartan que el siguiente paso sea solicitar compensaciones económicas. “La reparación es un componente de la justicia, en este y en todo tipo de delitos. Si habláramos de un atropello, por ejemplo, que nos hubiese dejado con secuelas de salud de por vida, ni siquiera se plantearía la pregunta sobre las reparaciones”, apunta una de las víctimas del sacerdote marista Adolfo Fuentes.[/cita]

Al clan Eyzaguirre se le reconoce saber tratar con el poder. El jerarca de la familia, José María Eyzaguirre Echeverría, fue presidente de la Corte Suprema y desde ese cargo defendió siempre la labor de la Junta Militar. Así, en plena dictadura, en la ceremonia de apertura del año judicial en marzo de 1976, Eyzaguirre dijo que «de los informes de los procesos sobre detenidos desaparecidos se desprende que numerosas personas se encuentran en libertad, otras han salido al extranjero, otras están detenidas en virtud del estado de sitio, otras procesadas por tribunales militares y, finalmente, respecto a algunas, se trata de delincuentes de derecho común», según recogen diversos medios relacionados con Derechos Humanos. De ahí que no sea extraño que entre los clientes más reconocidos del bufete haya estado el propio Augusto Pinochet.

Claro y Cía. se ha transformado también en el salvavidas de la élite, cuyos casos se manejan con sigilo y férreo resguardo, aunque algunos de sus clientes emblemáticos no han podido esquivar los flashes de la prensa en determinados momentos. Así han estado acompañando las fusiones de Lan y Tam y CorpBanca e Itaú, también han asesorado a Walmart y a la CMPC en medio de su lío con la colusión del papel higiénico y es desde los escritorios de los Eyzaguirre que nació la idea de indemnizar a los furibundos clientes del confort con 7 mil pesos.

Si se pudieran medir con un barómetro del poder, en 2016 un informe de la consultora Transactional Track Record ubicó a Claro y Cía. entre los cuatro estudios con operaciones en asesoría superiores a los US$500 millones.

Los bienes de la Iglesia

La explosión de las indemnizaciones es la ruta natural que se ha seguido en los países donde se han conocido casos de abusos cometidos por sacerdotes. De ser así, el fenómeno en Chile se uniría a un contexto internacional donde la Iglesia ha dado respuesta, cada vez mayor, a una serie de demandas.

Las oficina de coordinación de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) ha dado salida a miles de solicitudes de demanda por casos de abuso sexual. Lo mismo ha ocurrido en Vermont, Estados Unidos, donde la institución pagó cerca de 18 millones de dólares a 26 ex monaguillos que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales y en Bélgica en 2013.

¿Pero de dónde sacaría plata la Iglesia? La información de sus bienes totales está repartida por cada diócesis. Sin embargo, la institución sigue recibiendo el 1% del aporte de los fieles y, en Santiago, posee inmuebles como la sede del Arzobispado en Plaza de Armas 444 y algunos locales comerciales en la misma plaza, además de calle Compañía.

Durante el año 2016, la Arquidiócesis de Santiago percibió un ingreso total de M$ 10.337.176. De eso, el 41% correspondió a donaciones privadas, el 33% a la donación del 1% a la Iglesia y el 26% a conceptos de arriendo. El gasto total en el que incurrió en el mismo año, según la contabilidad que hacen píblica, fue de M$ 10.206.010.

Más allá de los bienes con que cuente la Iglesia, el primer paso a sortear es el de la justicia. Cuando el juez Muñoz Pardo presentó el fallo que favoreció al arzobispado, entre los argumentos estaba que “en la valoración de la prueba (…) no permite formarse convicción acerca de la existencia de coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago, en desmedro y sufrimiento de los actores, por insuficiencia probatoria. No resulta posible, asimismo, configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto. La tardanza en dar tramitación progresiva a las denuncias de dos de los actores, ha sido explicada por el Arzobispo de ese entonces, e incluso ha pedido perdón por dicho atraso”.

Lo anterior fue puesto en tela de juicio por el propio Papa, que reconoció en un párrafo de su carta a los obispos chilenos que la información fidedigna nunca estuvo –al menos para él– completamente sobre la mesa.

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