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Tras los recientes hechos en liceos como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación o el Barros Borgoño, el mandatario aseguró que el “Gobierno va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror”.
El Presidente Sebastián Piñera firmó este jueves el proyecto de ley denominado “Aula Segura” que tiene como objetivo sancionar drásticamente y en forma express a los estudiantes que ataquen a Carabineros, compañeros y profesores o destruyan sus establecimientos.
“Nuestro Gobierno va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales”, dijo el Mandatario al momento de presentar la iniciativa.
El proyecto cambia el actual estado de las cosas donde sólo se puede expulsar y cancelar las matrículas cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles. Ahora, la moción entrega facultades a las autoridades del establecimiento para la toma de decisiones sancionatorias, como la expulsión, de forma inmediata.
“La legislación y la reglamentación actual no permite la expulsión de ese alumno de ese establecimiento educacional (…) y la víctima de esa agresión violenta tiene que seguir compartiendo con el victimario”, complementó el gobernante al justificar este proyecto tras los recientes hechos de violencia en liceos como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación o el Barros Borgoño.
El proyecto, que se complementa con la iniciativa presentada por el Gobierno que condena en forma penal las conductas antisociales, establece en términos prácticos que el director deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a sus padres o apoderados, los cuales van a poder pedir una reconsideración en un plazo de 5 días.
“Esta medida también busca garantizar el derecho a la educación del alumno sancionado puesto que no lo excluye en forma permanente del sistema educacional, pero sí permite que su comunidad escolar pueda seguir cumpliendo su labor sin estos actos violentos y delictuales que se cometen cada día con más frecuencia en nuestro país”, añade el proyecto.
La iniciativa contempla además que el alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento educacional de manera inmediata. Además, el Mineduc deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo.
El proyecto establece que el procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula procede en casos como el uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas y artefactos incendiarios, como bombas Molotov; además de agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, hizo un llamado al Congreso, pidiendo “contar con el apoyo de los parlamentarios para aprobar rápido esta ley que significa un fuerte apoyo a la educación pública. Debemos enfrentar con rigor la cobardía y la violencia que hemos visto en el actuar de estos jóvenes lanzando bombas Molotov al interior de los liceos o rociando con bencina a los docentes. Son ellos los que están poniendo en riesgo a sus compañeros y profesores, afectando el derecho a la educación de todo el resto de la comunidad educativa”.
Desde la UDI, los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri, valoraron el proyecto, señalando que “toda la protección del Estado, la energía, los recursos deben estar destinados a esos niños que quieren estudiar, que deseen aprovechar las instalaciones de sus colegios para llegar a tener buenas notas y ser buenos alumnos”.
Los parlamentarios, quienes son autores de una iniciativa que también busca sancionar a estudiantes, aseguraron que “los niveles de violencia alcanzados por algunos estudiantes, la verdad que ya no tiene razón de ser”.
En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri expresó que “hace dos años llevamos conviviendo con estos hechos de violencia recurrentes en los establecimientos educacionales (…) hago un llamado a los parlamentarios a que ojalá tenga una tramitación expedita y exista un consenso generalizado en su apoyo”.
