La nueva inquisición: el contraataque que golpea a las víctimas que han denunciado a la Iglesia

La noche del domingo 7 de octubre, Javier Molina –ex acólito y denunciante del sacerdote Jorge Laplagne– relató durante varios minutos el infierno que vivió mientras fue abusado por el religioso. Hace ocho años fue la primera vez que habló del calvario que sufrió, pero eso quedó en nada, nadie le creyó y quienes debían seguir adelante con la investigación parecieron no agotar los recursos para legar a la verdad de lo sucedido.

Sentado frente a Matías del Río en el programa «El Informante», ese domingo, Molina expuso una verdad que tardó en relatar, como le cuesta a la mayoría de los sobrevivientes de abusos cometidos por religiosos. Sin embargo, además de las numerosas menciones en redes sociales y la mayor sobreexposición, el ex acólito también se ganó la ira de Raúl Hasbún, que ahora defiende al expulsado sacerdote Cristián Precht, que fue el procurador de justicia en la causa denunciada en 2010 y que ayer declaró como imputado por encubrimiento, precisamente en casos de abuso sexual en la Iglesia católica.

Después de la entrevista, el cura Hasbún reaccionó: «La entrevista ocupó largos minutos en atribuirme obscenidades, mentiras y afirmaciones que jamás he proferido», dijo el rostro de la televisión católica en dictadura. No solo eso, le ofreció el “perdón judicial” a Molina si se retractaba de sus dichos.

“Si eso no es un amedrentamiento, no sé qué es”, se queja un abogado de la plaza que pone énfasis en que este tipo de cosas pueden hacer tambalear a los denunciantes, que ya han seguido un tortuoso camino para reconocer el daño que les ha acompañado por muchos años.

Según las víctimas de abusos que han denunciado ante la justicia y ante los medios de comunicación, el largo brazo de las presiones ha llegado hasta sus lugares de trabajo y de sus familiares más directos, que a veces manifiestan su enojo con la Iglesia católica en redes sociales.

[cita tipo=»destaque»]Fran Parra, la primera mujer trans que ha denunciado abusos al interior de la Iglesia, señala que han utilizado mecanismos para amedrentarla. “Yo sé que no puedo exponerme, porque han sacado pantallazos de mis redes sociales y se las han entregado a la Fiscalía. También he tenido persecuciones en mi ex trabajo y he recibido llamadas extrañas. Por eso hay que andar con más cuidado que de costumbre”, cuenta.[/cita]

Jaime Concha, uno de los denunciantes del llamado «caso Maristas”, relata que estas acciones se pueden ver en niveles diferentes. Por una parte, está la presión que se ejerce contra el propio denunciante vía redes sociales: “Aparece gente extraña con perfiles en Twitter, amenazantes, gente que no tiene seguidores, con perfiles vagos e imposibles de identificar. También aparecen las denuncias, el ninguneo y las descalificaciones explícitas”, explica.

Lo anterior es quizás lo más «inofensivo», porque Concha señala que lo que es más preocupante es el hostigamiento directo. “En mi círculo cercano han despedido a 4 personas. Todas ellas trabajaban en empresas de la élite cercanas a grupos católicos. Esa presión ha sido muy fuerte, también para los familiares que nos apoyan o que nos salen a defender públicamente”, cuenta.

Hay congregaciones donde el temor es más fuerte, porque se han transformado en importantes fuentes laborales, sobre todo en el terreno de la educación. Un ex directivo de una dedicada a dicho rubro asegura que, cuando le tocaban procesos de reclutamiento, la orden era clara: no contratar a nadie que hubiese estado y salido de la congregación. “La idea era cerrarles las puertas porque era mirado como traidor. Esto se ha vuelto peor en ciudades donde estas congregaciones se transforman en una importante fuente laboral. Ahí la gente sabe que simplemente no puede denunciar, porque se va a quedar sin trabajo o no lo van a contratar”, narra.

Algunos de esos hostigamientos, según fuentes del Ministerio Público, han quedado registrados en los testimonios que ha recogido la Fiscalía durante los últimos meses. Por ejemplo, hace unas semanas, una funcionaria administrativa de la Iglesia dio a conocer presiones que podrían perjudicar su fuente laboral, que provenían de autoridades, obispos e incluso existen correos electrónicos que dan cuenta de ellas.

Pero el sentimiento de acorralamiento no alcanza solo a los laicos. Un sacerdote, que prefiere mantener el anonimato, cuenta que ha experimentado “humillaciones y presiones” en su condición de abusado de conciencia. Estos son relatos que se asoman, de a poco, de la boca de las víctimas que temen una especie de revancha que termine por silenciar o amedrentar a muchos, que han sorteado grandes obstáculos para poder hablar de lo que padecieron.

Fran Parra, la primera mujer trans que ha denunciado abusos al interior de la Iglesia, señala que han utilizado mecanismos para amedrentarla. “Yo sé que no puedo exponerme, porque han sacado pantallazos de mis redes sociales y se las han entregado a la Fiscalía. También he tenido persecuciones en mi ex trabajo y he recibido llamadas extrañas. Por eso hay que andar con más cuidado que de costumbre”, cuenta.

Una búsqueda inútil

Aunque no acusó abusos sexuales, René Mestre (46) lleva décadas buscando a su progenitora y ha denunciado a un grupo de religiosas ligadas a la Congregación Mercedaria por entregarlo a otra familia a pesar de la resistencia de su mamá. Según los testimonios que ha recogido desde que comenzó su periplo, quien lo entregó a los brazos de las religiosas fue su abuela materna, mientras su madre lloraba en el estacionamiento.

Hace unos meses un reportaje de Ciper Chile detalló que una superiora del recinto habría estado envuelta en numerosas entregas irregulares de recién nacidos entre las décadas de los 70 y 80, y René está seguro de que uno de esos niños es él. Fue una de las confesiones que le hizo su madre adoptiva, quien antes de morir, en 2015, aportó más datos a su relato.

Mestre presentó una denuncia el año 2014 en el Juzgado de Letras de Curicó, en conjunto con el Sename, pero fue archivada. Ahora espera que todos los datos que entregó a la Nunciatura Apostólica en abril sirvan de algo, aunque hasta ahora su causa no avanza y sigue en una búsqueda que parece no acabar.

Pese a que ya se ha comprobado que diversas instituciones religiosas participaron en entregas ilegales de adopción, es una arista que sigue siendo invisible para la justicia y, en el camino, René Mestre ha tenido que enfrentar amedrentamientos y presiones. “En una reunión del año 2014, a mi hermana le preguntaron ‘cuánta plata quiere su hermano para que no hable’. La reunión fue realizada en el colegio El Rosario, perteneciente a las monjas en la ciudad de Linares”, relata.

Tiene una conversación grabada. “Sor Elena Ruiz, ex superiora de la Congregación Mercedaria, me dijo en 2014 unas palabras que yo sentí como un frontón, como un abuso de poder tan grande: ‘Ella nunca te quiso, nunca te buscó’. Me lo dijo tratando de frenarme”, cuenta con rabia y también porque cree que es un insulto que una de las religiosas que participó en esas adopciones –según relató Ciper– fuera Luisa Melo, quien ahora trabaja en el Vaticano, en Roma.

“Podemos hablar de abusos sexuales o de adopciones ilegales, pero la contraofensiva de la Iglesia es muy grande. Aquí uno se da cuenta con quién está peleando. A veces no parecen cristianos –dice–, juegan con la mentira y es como si estuvieran preparados para esto. A veces, incluso da miedo estar metido en esto”.