Mientras el gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente por la incapacidad de lograr un acuerdo para terminar con la huelga de hambre de los 34 comuneros mapuche, los militares que cumplen condena en Punta Peuco, por violaciones a los derechos humanos en dictadura, redoblan la presión sobre los parlamentarios para obtener “beneficios carcelarios”.
Una muestra de ello, es la carta que el “general de División”, como firma la misiva, Eduardo Iturriaga Neumann envió -a través de terceras personas- a un grupo de legisladores para “informar” una serie de aspectos y en la que embiste en contra del senador Alberto Espina (RN), el diputado Tucapel Jiménez (PPD) y el comandante en jefe del Ejército, José Miguel Fuente-Alba, por las declaraciones vertidas cuando se anunció un ayuno de parte de este grupo.
En la misiva, Iturriaga aclara que el anunciado ayuno no se concretó, porque antes de iniciarlo “concurrió al Penal el Comandante de la Guarnición de Santiago, General Marcos López Ardiles, quien trajo argumentos para que tal situación no ocurriera, en especial en los días en que se celebraban la Fiestas Patrias y del Bicentenario Nacional. Por especial deferencia a él, que ha demostrado un permanente apoyo y solidaridad con sus camaradas detenidos, se resolvió no continuar adelante,
por el momento, con lo planificado”.
Y le plantea al Comandante en Jefe que pese a que se le ha hecho ver en reiteradas ocasiones la situación que atraviesan quienes están en Punta Peuco, no ha habido interés por escuchar sus demandas. “Le recuerdo que usted nunca contestó una carta que le envié con fecha 26 de Junio del presente año, donde hacía presente algunos de nuestros ‘asuntos y demandas’; le recuerdo que aún no contesta la solicitud de audiencia pedida, hace tres meses atrás, por nuestros familiares que querían exponerle parte de nuestros “asuntos y demandas”, sostiene la misiva.
No conforme con ello, Iturriaga también manifiesta a Espina que “el 16 de Julio de 2004, siendo usted presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, le enviamos una carpeta que denominamos «Trasgresiones a la Constitución y las leyes en los procesos a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden»; sólo recibimos por respuesta una breve nota de la secretaria de la mencionada comisión diciendo que se agradecía el envío de los antecedentes adjuntados a nuestra carta… ¡Después, nada!”.
Y al diputado Jiménez le asegura que “muchos jueces prevaricadores no han realizado un debido y justo proceso, han reconocido que no pueden hacer otra cosa sino condenar a
militares, ya que quieren llegar a La Corte Suprema y tienen una familia que alimentar (dicho en la cara de condenados)”.
En este tenor y sin descartar de plano la posibilidad de emprender una huelga de hambre en algún momento, Iturriaga manifiesta su esperanza de que “hoy más que antes se levanten voces de real solidaridad y apoyo con los «PRESOS POLÍTICOS MILITARES», y las autoridades tomen las acciones que se encaminen a la solución definitiva de un problema que se arrastra en la sociedad chilena por más de veinte años”.
Entre los legisladores a los que fue enviada esta misiva, además de los parlamentarios aludidos en ella, figuran los senadores Andrés Allamand; Francisco Chahuán Carlos Cantero, Antonio Horvath; Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez. Y los diputados María Angélica Cristi y Cristián Monckeberg.
