MERCADOS
El Ministerio Público ya tomó declaraciones a Gabriel Urenda Salamanca por la demanda de la azucarera Panor, que acusó a una de sus compañías de no procesar órdenes de pago por US$ 1,5 millón. En la CMF, la investigación está encabezada por el fiscal de la entidad, Andrés Montes.
Una serie de diligencias en distintos frentes se están realizando en el marco del caso Intervalores, que implica una serie de acciones legales contra su fundador, Gabriel Urenda Salamanca.
En el marco de una querella por estafa y apropiación indebida que presentó la compañía de azúcar Panor, por no procesar tres órdenes de pago en moneda extranjera que la firma dio a Intervalores Capital –una de las coligadas del holding– por US$ 1,5 millón, el persecutor a cargo del caso, Felipe Sepúlveda –ex fiscal jefe de Ñuñoa y ahora en la Fiscalía de Alta Complejidad, tras la dimisión de Gajardo y Norambuena–, ya tomó declaraciones a Urenda.
En la ocasión se le interrogó sobre diversos aspectos. El mismo Urenda reveló allí que tenía compromisos impagos con al menos 50 clientes a través del brazo por el cual gestaba fondos, por un monto superior a US$ 12, 5 millones. Asimismo, habría reconocido que los mails –supuestamente provenientes del Deustche Bank– con los que justificó a Panor que su dinero estaba retenido, eran falsos.
Dentro de las diligencias, también se cuenta una investigación que se arrastra desde 2015 por parte de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En ese marco en 2015, Urenda Salamanca se reunió con el entonces intendente de supervisión del mercado de valores, Hernán López, con el fin de revertir las primeras decisiones que suspendieron temporalmente (hoy se encuentra cancelada) la labor de su corredora de bolsa.
La investigación hoy está encabezada por el renunciado fiscal de la División Centro Norte, Andrés Montes, hoy fiscal de la CMF. Montes ha liderado la ofensiva investigadora contra Intervalores, que persigue nuevas sanciones a las ya conocidas y que, dentro de sus diligencias, habría contado con un apersonamiento a las oficinas de Intervalores, indicadas en calle Carmencita 25, oficina 32, comuna de Las Condes. La sorpresa: no habrían encontrado a Urenda, pero tampoco rastro alguno de la oficina.
