Poca fuerza tiene el gobierno para imponer sus términos en la tramitación de las leyes de probidad, en especial las referidas a los partidos políticos, y sobre todo en relación al control externo de los procesos eleccionarios al interior de estos. Las camarillas defienden su poder y el Ejecutivo, aunque parezca enfrentado a estas, es más bien parte de lo mismo. Mal que mal, la Presidenta y sus ministros son disciplinados militantes que responden también a esas lógicas. Y sin partido, no estarían donde están.
