El organismo señala que casos como el ocurrido recientemente en la cárcel de Villarica, donde se denunciaron casos de tortura y maltratos por parte de gendarmes contra un grupo de reos, ponen de relieve el abuso de poder que se ejerce en algunas prisiones.
Amnistía Internacional Chile instó este sábado a acabar con el hacinamiento en las cárceles chilenas y a acelerar la justicia en casos de derechos humanos para prevenir posibles casos de tortura en el país.
Con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra este sábado en todo el mundo, el director ejecutivo de la organización, Sergio Laurenti, dijo a Efe que en el ámbito de la tortura las mayores preocupaciones de Chile están concentradas en la situación carcelaria.
«A pesar de haber más recintos carcelarios, también tenemos muchos más presos y en consecuencia los riesgos de un trato cruel y degradante, ya sea con tortura o no, son cada vez mayores», señaló.
Según Laurenti, casos como el ocurrido recientemente en la cárcel de Villarica, en el sur de Chile, donde se denunciaron casos de tortura y maltratos por parte de gendarmes contra un grupo de reos, ponen de relieve el abuso de poder que se ejerce en algunas prisiones.
Un vídeo grabado desde fuera de la prisión, demuestra como los gendarmes obligaron a los reos a realizar ejercicios totalmente desnudos, en esa localidad donde el frío y la humedad son intensos.
«Lamentablemente este es un ejemplo claro sobre la situación de hacinamiento y de abuso de poder por parte de los funcionarios. Es fundamental la necesidad de educación y formación apropiada para los gendarmes en el trato a los presos», apostilló.
Laurenti también se refirió a la situación judicial chilena y planteó la necesidad de avanzar con los procesos que son largos y lentos y terminan sin proveer adecuada justicia.
«Una justicia que es lenta y engorrosa finalmente acaba no siendo justicia. Hay avance pero hay un largo camino que recorrer», recalcó.
Según Laurenti, el hecho de que las Fuerzas Armadas compartan información entre sí y la aplicación de la Ley de Amnistía «representan una espada de Damocles».
«Mientras exista en la legislación una ley dañina como es la ley de Amnistía corremos el riesgo de que sea aplicada y se transforme en una medida de impunidad», insistió.
Laurentis sostuvo que la tortura y lo que conoció Chile (en la dictadura 1973-1990) es un hecho repudiable que se mantiene en la impunidad con el riesgo de que se vuelva a cometer.
El director de Amnistía Internacional de Chile también se refirió a las ínfimas sentencias que han recibido algunos violadores de los derechos humanos durante la dictadura como ocurrió con la última condena dictada por un juez chileno.
Recordó la resolución del pasado 18 de junio cuando el juez Carlos Aldana Fuentes, de la ciudad de Concepción, condenó a 541 días de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta, en el juicio por la desaparición de un trabajador en la sureña localidad de Lota.
Considerado el mayor violador de los derechos humanos de la dictadura, Contreras, que permanece en prisión, ha sido condenado en decenas de juicios y acumula penas por más de 200 años de cárcel.
En tanto, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció la falta de compromiso del presidente Sebastián Piñera, tras una reunión con el mandatario celebrada el martes pasado para tratar asuntos de derechos humanos.
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, reiteró a Efe que si las palabras no van acompañadas de compromisos concretos «de nada sirven».
Piñera se había comprometido a reunirse de nuevo esta semana con los miembros de la AFDD, quienes no pudieron exponer todas sus preocupaciones en la primera cita, que tuvo que ser interrumpida porque el presidente tenía otra actividad en agenda.
Sin embargo, abogados de derechos humanos revelaron a Efe que tras el cruce de declaraciones «fuertes» entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, la nueva reunión se truncó.
Para esta segunda entrevista, los familiares esperaban «respuestas» en relación al indulto Bicentenario, propuesto por la Iglesia con motivo de los 200 años de la Independencia y que en principio no excluirá a violadores de los derechos humanos de la dictadura que estén en prisión.
