En un juicio simplificado, Luis Paredes y su hijo Rodrigo fueron condenados y obligados a pagar 27 millones
de pesos por ser autores de las amenazas y disparos contra los inmuebles de dos abogados y una jueza, los primeros días de septiembre, en esta ciudad de la Región del Maule.
Rodrigo, quien después de un mes de búsqueda policial, se entregó la tarde del martes en la Fiscalía Local de Curicó, confesó que con una escopeta acudió hasta el inmueble del abogado Cristián Merino en contra del cual disparó sin resultar personas lesionadas ya que éste se encontraba inhabitado. No conforme con ello luego se trasladó hasta la casa del abogado Enrique Labra casado con la jueza Amelia Avendaño, cuyo vehículo recibió diversos impactos de perdigones.
Las diligencias policiales permitieron establecer al autor de estos disparos, siendo detenido en primera instancia su padre Luis Paredes por los delitos de amenaza en contra de los abogados, teniendo esto directa relación con los daños ocasionados.
Ayer el Ministerio Público en juicio simplificado acusó a el progenitor por el delito de amenazas siendo condenado a una pena única de 42 días de prisión, mientras su hijo Rodrigo fue acusado por amenazas, porte ilegal de arma de fuego y amenazas.
Al respecto el fiscal Miguel Ángel Orellana aseveró que «hemos escuchado a las víctimas, conocimos sus intereses y necesidades de reparación y con esos antecedentes hemos llegado a este procedimiento que terminó con cuatro condenas. Si bien es cierto que las condenas no son de cumplimiento efectivo, en el caso de Luis Paredes él si estuvo privado de libertad. Por ello nos encontramos satisfechos por la oportunidad de la resolución del conflicto y la reparación de las víctimas ya que hubo importantes indemnizaciones que además terminaron en instituciones de beneficencia. Así que estamos satisfechos con la resolución del caso».
Rodrigo Paredes, por contar con irreprochable conducta anterior, la pena por sus tres delitos fue remitida, pero el tribunal acogió la petición de la fiscalía en cuanto a la indemnización, razón por la cual pagó con cheques -entregados en la misma audiencia- un monto total de 27 millones de pesos, dinero que las víctimas donaron a las instituciones de beneficencia Congregación Hermanas del Buen Samaritano de Molina, la Fundación Escúchame, María Ayuda de Lontué y Chillán, y a la Fundación Las Rosas del sector Los Niches.
Se suma a lo anterior las disculpas públicas que ambos imputados tuvieron que ofrecer a las víctimas en la misma audiencia.
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