La Corte Suprema dictó sentencia contra nueve personas, entre ellas dos generales en retiro, en la investigación por la exportación ilegal de un cargamento de armas a Croacia, por parte de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), en noviembre de 1991, proceso que indagó el ministro en visita de la Corte Marcial, Alejandro Solís.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, el abogado integrante Rafael Gómez y el auditor general del Ejército (s) Armando Palominios- sentenció al general (r) de la Fuerza Aérea, Vicente Armando Rodríguez Bustos a tres años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991 en plena guerra de los Balcanes. A Rodríguez Bustos se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Igualmente el general (r) del Ejército, Héctor Guillermo Letelier Skinner fue sentenciando a tres años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de exportación ilegal de armas; y 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsedad contemplado en el artículo 367 N° 5 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 193 N° 4 y 7 del Código Penal, cometido el 27 de diciembre de 1991. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Por su parte, el empleado civil del Ejército, Ramón Vicente Pérez Orellana, fue condenado a tres años y un día de presidio por su responsabilidad como autor el delito de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991; y 541 días de presidio por falsificación de instrumento público, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.
En tanto el capitán (r) de la Fuerza Aérea, Patricio Ernesto Pérez Villagrán, fue sentenciado a tres años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del delito de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Por su parte el capitán (r) del Ejército, Pedro Araya Hermosilla, fue condenado a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.
Igualmente el brigadier (r) del Ejército, David Fuenzalida González, fue condenado a tres años y un día de presidio por su responsabilidad como autor el delito de exportación ilegal de armas y se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Similar condena recibió el mayor (r) del Ejército Carlos Galvarino Sepúlveda Cataldo.
Los civiles Antonio Marón Sahd Salomón y Sergio Pollman Müller fueron sentenciados a 541 días de presidio por su responsabilidad como cómplices de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991. Se les concedió beneficio de reclusión nocturna.
En su fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal absolvió por falta de participación al general (r) del Ejército Carlos Enrique Krumm Rojas y a la empleada civil de esa institución castrense Carmen Gloria Molina Valdés.
La investigación del proceso la inició, a fines de 1991, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Correa de la Cerda. Tras su fallecimiento el proceso lo siguió al ministro Ricardo Gálvez, a fines de 1992, magistrado que se declaró incompetente y traspasó la causa a la justicia militar; tribunal que dictó condena de primera instancia en 2004.
Sin embargo, la Corte Marcial anuló la sentencia y designó al ministro civil de ese tribunal Alejandro Solís para que indagara los hechos. Solís, el 28 de enero de 2008, dictó sentencia de primera instancia, la que fue ratificada por la Corte Marcial el 9 de junio de 2009.
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