BRAGA
Créditos: Foto de Agencia Uno
La ministra de la mujer y equidad de género, Antonia Orellana, criticó la objeción de conciencia de personal de salud, “si las instituciones tuvieran conciencia para objetarse a un procedimiento médico, ¿tendrían conciencia para que se les pueda imputar responsabilidad en acciones?”.
Luego de que la bancada republicana presentara un proyecto de ley que busca modificar el Código Sanitario para eliminar la primera causal del aborto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, declaró a CNN que en cuanto a materia de aborto, el Gobierno esperará a que se discuta en el Pleno de la Convención. Sin embargo dio su parecer al respecto y declaró que la objeción de conciencia institucional es una innovación chilena respecto al derecho constitucional, y expuso su preocupación en cuanto a lo que se considera ético respecto a la vida o la muerte de una mujer.
“Si alguien le parece que el mínimo ético para las mujeres es el estar al borde de la muerte, haber sido violada o tener un embarazo inviable, es que tenemos una consideración super baja de lo que es la vida de las mujeres”, además agregó que, “si las instituciones tuvieran conciencia para objetarse a un procedimiento médico, ¿tendrían conciencia para que se les pueda imputar responsabilidad en acciones?”, manifestó.
El proyecto interpuesto por la diputada Barchiesi en representación del Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast, tiene como fin modificar el Código Sanitario para eliminar la primera causal del aborto, el cual permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre.
«Con este proyecto queremos asegurarnos que las decisiones que involucren casos extremos, como el riesgo de la madre, siempre se hagan por consideraciones médicas y no por manipulaciones de tipo ideológicas», señaló la diputada Barchiesi.
A su juicio, dicha causal “carece de todo sentido lógico, ya que, en la práctica, cada vez que está en peligro la vida de la madre, los facultativos médicos aplican el principio del doble efecto”.
Este principio consta de ejecutar una terapia o medicamento destinado a salvar a la gestante, aun cuando pudiera ocasionar la muerte del feto o embrión, y como esta muerte se constituye como un efecto colateral, no buscado durante el tratamiento médico, no es ilícito.
“De esta forma, podemos afirmar categóricamente que la primera causal de interrupción voluntaria del embarazo (…) no debiera estar en el Código Sanitario, puesto que ya se encuentra integrada en la práctica médica a través de la aplicación del principio del doble efecto”, se concluye en el proyecto.
Agrupaciones que abogan por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres también han rechazado la iniciativa y para la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, la propuesta demuestra desconocimiento al proponer este proyecto, ya que recuerda que en el debate se comprobó que los médicos y las médicas que no realizaban abortos se encontraban en una disyuntiva muy grande al momento de tener un caso de riesgo de vida de la madre.
“Lamentamos mucho que desafortunadamente lleguen personas al Congreso con falta de experiencia, con falta de conocimiento técnico-jurídico y con falta de conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Llegaron cuatro años tarde”.
