BRAGA
La cruda realidad de la violencia de género en Chile trasciende las impactantes cifras, revelando únicamente una fracción del problema. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se desata el debate sobre la idoneidad de las medidas actuales para abordar la
A pesar de la presencia de la Ley Gabriela, la legislación actual intenta abordar la diversidad de la violencia de género, pero las voces críticas sugieren que podría resultar insuficiente. Aun así, la promulgación de diversas leyes destinadas a prevenir la violencia contra la mujer ha representado destellos de esperanza.
Por: Lorena Martínez
Las estadísticas hablan con crudeza: en lo que va del año se han registrado 37 femicidios consumados y 192 frustrados, según datos del Servicio Nacional de la Mujer. No obstante, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres eleva la cifra a 39.
En 2010, se aprobó la Ley de Femicidio, un avance innegable que, sin embargo, se quedó corto para abordar la diversidad de violencia contra la mujer, al limitarse a los asesinatos cometidos por cónyuges, convivientes, ex cónyuges o ex convivientes. Según la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, esta ley no reflejaba completamente la realidad del femicidio, ya que lo reducía exclusivamente a relaciones familiares.
Después de años de críticas y limitaciones, en 2020 se promulgó la Ley Gabriela (ley n° 21.212), que amplió el marco legal al considerar femicidio el asesinato de una mujer debido a su género, sin importar la relación con su agresor.
Por: Lorena Martínez
Las organizaciones feministas sostienen que la legislación actual excluye numerosos casos. Aunque la Ley Gabriela representa un avance al reconocer el femicidio más allá de las relaciones, aún queda sujeta a la interpretación judicial, planteando así un nuevo desafío.
La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres denuncia casos, como el femicidio de Mónica Astorga en septiembre de 2021, donde las instituciones mostraron “falta de acción en la aplicación de la ley”.
A pesar de denuncias previas y medidas cautelares, la tragedia ocurrió, y el fiscal optó por no formalizar al agresor como autor de femicidio, a pesar de que la Ley Gabriela habilita esta tipificación en casos de violencia de género.
Por su parte, la discusión del proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también conocida como Ley Integral de Violencia, refleja un nuevo obstáculo en cuanto a la tramitación y promulgación de políticas públicas.
La iniciativa impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2017, es decir, hace cinco años, se encuentra actualmente en discusión en el Senado, específicamente en las comisiones unidas de Constitución y Mujer.
La diputada Camila Rojas, se refirió al respecto y enfatizó en la urgencia que se le debería dar a este proyecto de ley: “En materia de acceso a la justicia es clave que se comprenda la violencia de género integralmente y no seccionada, como se ha tratado hasta ahora, reconociendo distintas formas de violencia”.
Por: Lorena Martínez
A pesar de los indiscutibles desafíos, también hay noticias positivas. En abril de 2023, se aprobó un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias.
La medida contempla una pensión para los hijos de mujeres víctimas de femicidio, acceso preferente al sistema de protección social, derecho a la protección del trabajo y fuero laboral para las víctimas de femicidio frustrado.
En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Chile se encuentra ante un doble desafío: la lucha contra la violencia y la aplicación de una legislación que intenta seguir el ritmo de una problemática en constante evolución.
Es un hecho que Chile posee un marco legal robusto para promover una vida libre de violencias hacia las mujeres. Sin embargo, fallas en la aplicación han sido los principales obstáculos a la hora de proteger la vida y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes.
