Yo opino
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Pese a que en nuestro país existe una Ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, las insuficiencias de la normativa y de la implementación de la política pública son caldo de cultivo para que emerjan vulneraciones, incumplimientos y barreras personales e institucionales que vuelven un peregrinaje desolador la experiencia de abortar de muchas mujeres.
La estimación de 25 millones de abortos no seguros en el año pone en evidencia la vulnerabilidad extrema que viven las mujeres y las niñas en diferentes contextos del mundo y la urgencia de brindar información, servicios y acción oportuna y sin barreras. El año 2022 la OMS difundió la guía de aborto seguro bajo la premisa fundamental que el aborto seguro garantiza la vida y salud de las mujeres, adolescentes y niñas. Una de las recomendaciones más celebrada es la de eliminar todos los obstáculos normativos como la penalización, la criminalización, los tiempos de traslado excesivamente prolongados, los requisitos de consentimiento de otras personas y los límites de tiempo en que se puede realizar una interrupción (Organización Mundial de la Salud, 2022).
A las recomendaciones institucionales, se suman aquellas que buscan proteger del estigma, discriminación, sobre exposición, revictimización y denuncia a las mujeres, adolescentes y niñas que transitan una situación de fragilidad indescriptible. Sobre la base de la evidencia que informa que restringir el aborto no reduce el número de abortos, se abre la puerta a la importancia que existan métodos seguros y asequibles para las mujeres y en caso de no existir, facilitar la información y herramientas para abortos autogestionados.
La información para el aborto autogestionado salva vidas y es facilitado por el acompañamiento con presencia afectiva, apoyo físico, emocional y espiritual, la mayoría de las veces por otras mujeres, otras pares, en reserva, intimidad y continuidad de cuidados. Las redes de apoyo e informativas en Chile como las Amigas y en la Casa, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Redes de Doulas de Aborto, Mesa Social por el Aborto y otras organizaciones socorristas son auténticos refugios en que miles de mujeres son cuidadas y protegidas del desamparo y negación del derecho a la salud cuando sus interrupciones caen fuera del marco de la legalidad.
“pese a lo brutal de hacer esto en la clandestinidad, me he sentido muy acompañada por todas las mujeres, es como una red que me sostiene (…) tener a las amigas se ha sentido como un bálsamo que calma la incertidumbre de todo esto.”
El aborto seguro no es una experiencia que se desarrolle en el vacío de la trayectoria de salud sexual y reproductiva de cada niña o mujer. Se da en relación indisociable con otros contextos normativos e institucionales como la educación sexual integral, información y servicios de planificación familiar asequibles y de calidad.
Pese a que en nuestro país existe una Ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, las insuficiencias de la normativa y de la implementación de la política pública son caldo de cultivo para que emerjan vulneraciones, incumplimientos y barreras personales e institucionales que vuelven un peregrinaje desolador la experiencia de abortar de muchas mujeres.
Entre las insuficiencias más graves de la ley se contempla la objeción de conciencia personal e institucional, la desinformación de los equipos de salud y de la comunidad en un marco de la restricción a la información que impone la ley, la cultura conservadora o religiosa de algunas comunidades que limita el acceso a información, las rutas de acceso a las prestaciones que se ven obstaculizadas por déficit de flujogramas claros y desorientación de los profesionales.
A su vez, y del análisis de protocolos hospitalarios realizado por Corporación Miles en los años 2022-2023, se identifican irregularidades dadas por la exigencia de requisitos distintos a los señalados por ley, por ejemplo, la conformación de comités para la constitución de causales en casos improcedentes, o la necesidad de contar con diagnósticos adicionales o una edad gestacional límite menor a la legal. Estas prácticas constituyen obstructores del proceso, las cuales implican una denegación en el acceso a la prestación, o generan dilatación excesiva, que es especialmente grave en aquellos casos en que hay una edad gestacional límite.
A lo anterior se suma la falta de infraestructura en muchas regiones para ofrecer atención digna y que facilite la confianza, la capacitación y formación insuficiente de los equipos de salud y la débil difusión entre las comunidades y ciudadanía (Corporación Miles, 2022; Mesa Acción por el Aborto Chile, 2021)
La violencia obstétrica en el ámbito del aborto impacta de manera desproporcionada en niñas. En Chile todo acceso carnal en menores de 14 años constituye violación, por tanto, si resulta un embarazo producto de ello, la niña puede acceder al aborto. Sin embargo, y según cifras publicadas por el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, este grupo es el que menos constituye causal y accede a esta prestación médica, siendo el que presenta una menor tasa de interrupción desde la dictación de la Ley IVE. Ellas se enfrentan a situaciones específicas, que generan la revictimización de este grupo que requiere especial protección, tales como la falta de conocimiento de los profesionales de la salud sobre cómo proceder en estos casos, o sobre las alternativas disponibles si no se cuenta con la autorización del cuidador principal; y la exigencia de la evaluación del relato de la paciente, en circunstancias que en niñas no se debe evaluar su relato ya que siempre hay violación (Corporación Miles, 2023).
De lo anterior se desprende que uno de los problemas más graves sea la objeción de conciencia que, en los hechos, constituye una barrera de acceso a una atención oportuna y de calidad que debería estar garantizada para cualquier mujer en todo el territorio de la república. Datos de marzo de 2022 difundidos en el portal del Ministerio de Salud, informan que de 1.344 médicos y médicas obstetras contratados en Chile, 1.090 son objetores de conciencia. Esto corresponde al 81%. 576 objetores (que representan el 52%) lo son en la causal 3 de violación. Esto quiere decir que más del 50% de los médicos objetores de conciencia se niega a un procedimiento cuando la causal de interrupción es la violación de una mujer o una niña, una de las formas de deshumanización y grave vulneración a la experiencia de seguridad, intimidad y dignidad de una persona.
Conforme a los datos obtenidos desde el Ministerio de Salud por Corporación Humanas, a cinco años de la dictación de la ley, un 43% de las y los médicos gineco obstetras son objetores de conciencia cuando el embarazo es producto de una violación, lo que representa una variación apenas leve respecto de la cifra del 2018 (47,2%). Asimismo, un 25% de los hospitales de nuestro país tienen más de dos tercios de obstetras que se declara objetor/a de conciencia, incluidos cuatro recintos en que la totalidad de los y las obstetras se acoge a esta figura frente a embarazos producto de violación (100%).
A la situación estructural de las barreras e insuficiencias de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se suman todas las dimensiones que rodean la propia experiencia de interrumpir una gestación y las complejas consecuencias que impactan integralmente en la experiencia de las mujeres, adolescentes y niñas.
¿Qué ocurre con la experiencia de esas mujeres, adolescentes y niñas, sus necesidades, requerimientos e integridad cuando en sus territorios no existen médicos/médicas obstetras, anestesistas u otros profesionales críticos disponibles para garantizar la interrupción?
La experiencia física y emocional que acompaña un aborto corre el riesgo de quedar silenciada en un contexto socio cultural que niega el derecho a decidir sobre la maternidad. La negación del derecho a decidir no sólo se manifiesta en una legislación que se promulga, sino que en todas las barreras de su implementación que ponen un cerrojo al ejercicio de un derecho en salud. Este lugar negado o no lugar, allana el camino para que ocurra una de las violencias de género más invisibles, tanto que incluso no existen palabras para ser siquiera nombrada por quienes la vivencian. La violencia gineco-obstétrica.
La violencia gíneco-obstétrica se entiende como todas aquellas prácticas realizadas predominantemente por integrantes del equipo de salud (médicos/as, enfermeras/os, matronas/es, etc.) que pueden implicar una atención o tratamiento deshumanizado, el uso de procedimientos innecesarios o intencionalmente dolorosos, el abuso de medicación, la transformación de procesos naturales en patológicos, la denegación de información o tratamiento (Salinero, Vargas & Cárdenas 2023). Entre sus consecuencias, se encuentran la pérdida de autonomía y/o capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre nuestros cuerpos y sexualidad, consecuencias físicas, psicológicas y emocionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres han sido protagonistas a la hora de ofrecer un espacio para acompañar y alojar estas experiencias, tanto en su dimensión fisiológica, psicológica y búsqueda de justicia cuando ha ocurrido una vulneración de derechos. También han jugado un rol fundamental para que el Congreso promulgue leyes que garantizan derechos en torno al aborto, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, Ley Dominga y el proyecto de Ley Adriana que actualmente se discute en el Senado que busca erradicar la violencia gineco-obstétrica.
Pese a estos avances, la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile (Salinero, Vargas & Cárdenas, 2023) revela que el 42,7% de las mujeres que se atendieron en un servicio de salud a causa de un aborto, siente que no recibió un trato respetuoso por parte del equipo de salud.
En la experiencia de acompañar procesos psicoterapéuticos post aborto de la ONG Matria Fecunda, es frecuente encontrar en los relatos de mujeres, testimonios que dan cuenta de este trato irrespetuoso “me trataron como una paria, me insultaron, me acusaron de haberme provocado el aborto (…) la abortera. Aún me duele el cuerpo, pero lo que más me duele es como me hicieron sentir en el hospital”.
La VGO, es un tipo de violencia de género, ya que se trata de una práctica estructural, que se produce sobre la base de creencias y prácticas discriminatorias que reproducen estructuras de poder, en donde se le asigna un papel “natural” a la mujer, que limita su autonomía y su agencia, anteponiendo su rol reproductivo (y consecuentemente el bienestar del niño sano) por sobre la salud física y emocional de la madre. Esto ha sido reconocido por ONU en el año 2019 a través del Informe de Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en donde se ha señalado expresamente que la VGO es una violación a los derechos humanos de las mujeres, y que se trata de un problema que reviste la característica de ser un fenómeno generalizado y sistemático respecto del cual mujeres y organizaciones vienen alertando hace un tiempo.
En el ámbito de los acompañamientos psicoterapéuticos en contexto perinatal (gestación, parto aborto puererio), suceden múltiples historias de violencias invisibles, escenas silenciadas y denegadas que no se cuentan en voz alta, sin embrago están ahí, causando estragos en sus víctimas y sobrevivientes, dejando heridas que pueden permanecer abiertas toda la vida (Díaz, Loiacono & Salaberry, 2023). Desde esta óptica, el modelo del iceberg no resulta suficiente para develar la VGO en contextos de aborto, porque es aún más invisible. Según Díaz, Juszkiewicz & Loiacono (2021) la VGO se aloja en un segundo nivel de invisibilización, al cual denomina zona abisal, en esta zona, donde casi no penetra la luz, ocurren de manera casi naturalizada un abanico de maltratos vivenciados en el contexto de las interrupciones del embarazo.
Este panorama evidencia que las 3 causales no son suficientes. Es necesario seguir profundizando en una política pública que fortalezca el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
