BRAGA
La reciente aprobación de la Ley Integral reconoce la violencia gineco-obstétrica como una forma de violencia de género, dando voz y validación a las experiencias silenciadas de las mujeres. Este hito histórico es un paso crucial hacia la justicia y la protección de los derechos reproductivos.
Lo ocurrido en el Congreso de nuestro país el miércoles 6 de marzo es histórico. Por primera vez, el Estado de Chile reconoce en su legislación, la existencia de la violencia gineco-obstétrica y le da el estatus de violencia de género. Esto es de vital relevancia, porque ¿cómo es posible que una persona pueda identificar entre sus experiencias vividas algo que no tiene reconocimiento social, jurídico y carece de nombre?
La filósofa española Ester Massó (2023), ejemplifica lo anterior de la siguiente forma: “cuando una parturienta desconoce que la maniobra Kristeller ya no está indicada, llega incluso a estar agradecida cuando le rompen una costilla al aplicar este procedimiento, bajo el supuesto de salvar a su bebé”. En esta experiencia, algo le resulta tremendamente perturbador, pero parirás con dolor, escuchó de pequeña, por lo tanto, le dio las gracias al equipo médico por haberle ayudado a parir a su hijo que estaba atascado.
Cuento esta historia, que es ficticia por cierto, pero similar a muchas de las experiencias que me toca escuchar como psicóloga, para ilustrar lo dificultoso que resulta siquiera identificar la violencia cuando no se cuenta con las herramientas para poder narrar, darle un sentido o al menos nombrar lo vivido.
Susan Friker, filósofa inglesa contemporánea, nos regala el concepto de injusticia epistémica. Fricker dice que esta injusticia se produce “cuando se anula la capacidad de una persona para dar sentido a sus experiencias sociales y transmitir conocimiento”. Esto ocurre cuando “se desacredita el discurso de una persona por causas ajenas a su contenido, si no más bien relacionadas con su condición personal o al grupo al cual pertenece“ (por ejemplo, ser mujer) otorgándole a la persona un grado de credibilidad disminuido. La injusticia epistémica también se produce cuando “se da una brecha en los recursos de interpretación colectivos, esta brecha, sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”. Esta brecha, está dada por la ausencia de conocimiento o saberes que la persona posee sobre un determinado tema o bien no dispone en su repertorio lingüístico de los conceptos o palabras para nombrar y dar sentido a sus experiencias.
Tomando nuevamente el ejemplo de Massó, la única herramienta que posee la mujer es lo que ha escuchado toda su vida: el mandato de la iglesia católica “parirás con dolor” y en base a ese conocimiento que posee sobre el parto, le encuentra sentido a su experiencia y puede sentirse incluso agradecida de los profesionales.
Yo misma salí dando las gracias de la clínica después de haber vivido una cesárea que rogué que me hicieran tras casi 40 horas de trabajo de parto, casi 9 centímetros de dilatación y la sensación inminente de una crisis de pánico si no “me sacaban” a mi hijo pronto. En ese momento sentí que la cesárea fue un favor. Ocho años después, con un camino personal y profesional recorrido que incluye estudios en violencia obstétrica, salud mental materna, activismo y acompañamiento psicoterapéutico a mujeres que han encarnado en sus cuerpos la vulneración de sus partos, puedo afirmar con vehemencia que no fue un favor. Fue un sistema de salud y un equipo de profesionales (no todos por cierto) que vulneraron mis derechos y me negaron lo más básico que necesita una mujer para traer un hijo al mundo: confianza, seguridad, contención (entre otras cosas). Esto la OMS (2018) lo define como “seguridad psicológica del proceso” y es un elemento fundamental para una experiencia positiva de parto. Para enmendar la omisión de cuidados, me ofrecieron una cesárea no planificada que me dejó desconcertada, congelada emocionalmente y creyendo de pies juntilla que yo había elegido como traer a mi hijo al mundo. Esa fue la historia que me conté por mucho tiempo.
La ley aprobada hace pocos días, define la violencia obstétrica como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto puerperio, aborto o urgencia ginecológica”. Este hito legislativo, es un logro tras años de activismo de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado y alzado la voz para hacer visible lo que ocurre a puertas cerradas en las salas de parto y consultas ginecológicas de nuestro país.
Si bien, el cambio de paradigma en la atención del parto y de la salud sexual y reproductiva no va a cambiar por el solo hecho de que una ley reconozca su existencia, en este hito legislativo, Chile reconoce que la violencia gineco-obstétrica existe y es una forma más de violencia de género. Ese reconocimiento es un acto de justicia sobre los saberes encarnados en los cuerpos de las personas que han vivido estas experiencias, otorgándoles un reconocimiento público como experiencia veraz y creíble. ¡No estábamos locas!
Este 8M, disfrutamos de este hito histórico, que deja un buen sabor de boca y alimenta el fuego para ir en busca del paso siguiente: la aprobación del proyecto de Ley Adriana, que busca establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
¡La lucha por nuestros derechos continúa!
