CULTURA
Pickering renunció al Ejército en agosto de 1973, poco antes del golpe de Estado, el que le trajo consecuencias personales: su hija abandonó el país y falleció en el exilio sin poder regresar a Chile. Su caso es un ejemplo de los miembros de las Fuerzas Armadas que se opusieron al derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende. Tras el 11 de septiembre de 1973, miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, tanto oficiales como personal de tropa, sufrieron exoneración, detenciones, torturas, cárcel e incluso fusilamientos. El libro será presentado este martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a las 17:00 horas.
En el marco de los 50 años del Golpe Militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, se presenta el libro de memorias del general de Ejército Guillermo Pickering Vásquez, llamado «Profesión: soldado».
El texto fue escrito en plena dictadura por el ex oficial y ha sido publicado por la editorial LOM. Explica cómo el Ejercito de Chile, originalmente reacio al golpe, fue arrinconado por la realidad y la conspiración de militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, hasta que se produjo el quiebre institucional y quedaron abiertas las puertas del golpe.
De especial interés es el relato de los Consejos de Generales y su ruptura, pocas semanas antes del 11 de septiembre de 1973. El propio Pickering renunció al Ejército en agosto de ese año. Tras el golpe, entre otros, sufrió el exilio de su hija, quien falleció en Suiza sin poder volver a Chile.
«Mi único deseo es que nadie tenga que vivir nunca estas circunstancias. Confío en que la racionalidad y cordura vuelvan a las mentes de quienes han intervenido en algunos de los hechos relatados, que, espero, jamás vuelvan a repetirse en Chile», escribió el ex general.
El libro se lanzará el martes 20 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a las 17:00 horas.
El libro deja claro que no hubo guerra civil gracias a que los oficiales que fueron leales a la Constitución y la ley renunciaron a sus cargos de generales con mando de tropas.
De esta forma, los generales Carlos Prats y Guillermo Pickering impidieron la división de las Fuerzas Armadas y el alineamiento de los chilenos detrás de las dos fracciones enfrentadas, y un seguro baño de sangre, como lo fue la guerra civil de 1891, según el texto.
En ese sentido, destaca al acto de patriotismo, vocación democrática y republicana del general Pickering.
La otra cuestión importante que queda reflejada en el testimonio democrático de los generales constitucionalistas, es hacer pública otra versión de lo sucedido en 1973 y el relato de una historia que habla de otro Ejército, uno al cual asirse frente a brotes de militarismo y extremismo antidemocrático.
El día del golpe de Estado, el máximo jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, se opuso al derrocamiento del gobierno constitucional, al igual que el jefe de Carabineros, general José Sepúlveda. Asimismo, el mismo día renunció el entonces coronel de Ejército José Ramos.
Tras el 11 de septiembre de 1973, miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, tanto oficiales como personal de tropa, sufrieron exoneración, detenciones, torturas, cárcel e incluso fusilamientos.
Por ejemplo, el ex teniente coronel de la FACH Ernesto Galaz estuvo cinco años en prisión, hasta 1978, al igual que el ex detective Osvaldo Ahumada. El ex general de la FACH Sergio Poblete, además de sufrir la cárcel, fue parte de ocho chilenos despojados de su nacionalidad, y el único militar. Como ellos, muchos ex militares y ex policías debieron irse al exilio.
Entre las víctimas más conocidas figuran el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, asesinado en 1974 en Buenos Aires por la DINA, y el ex general de la Fach Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta Michelle Bachelet, que falleció el mismo año en la Cárcel Pública tras sufrir apremios ilegítimos a manos de sus propios ex compañeros de armas.
En el año 2000, el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, dependiente del Ministerio del Interior, había reconocido como tales a 105 ex funcionarios del Ejército, 105 de la Armada, 130 de la FACH, 158 de Carabineros y 105 de la PDI. Junto a ex empleados civiles sumaban 1.269 personas, con 1.919 solicitudes pendientes en aquel momento.
