La amenaza del negacionismo y el neofascismo

Este 10 de diciembre, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y, también, 40 años de existencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Ambas surgieron como una reacción a la barbarie y el exterminio.

En efecto, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización de Naciones Unidas se abocó a crear un instrumento en que se estableciera un mínimo ético civilizatorio obligatorio para los Estados, que impidiera la repetición del flagelo nazifascista. Y en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos nació como respuesta a la aplicación de una política de terrorismo de Estado que vulneraba gravemente cada uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal.

Las Iglesias, especialmente la Iglesia católica, a través del Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, eran los únicos lugares de encuentro y amparo de los perseguidos y sus familiares. No existía una organización laica que asumiera la voz y defensa de los miles de chilenos y chilenas violentados en sus derechos más elementales.

Es por ello que el 10 de diciembre de 1978 se crea la Comisión Chilena de Derechos Humanos, bajo el liderazgo indiscutido de don Jaime Castillo Velasco, quién convocó a representantes de las más diversas sensibilidades culturales y políticas del país, los que en su acto fundacional se comprometieron a “trabajar en nuestro país, como organismo no gubernamental, en forma pluralista, libre y autónoma, por la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro.”

A 70 años de la Declaración Universal y 40 años de la existencia de nuestra institución, ciertamente, falta mucho por avanzar. Pero los logros llegarán más temprano que tarde si las organizaciones sociales comprenden que las luchas sectoriales, forman parte de una que tiene como común denominador la bandera de los Derechos Humanos.

En efecto, los desafíos son grandes y, por tanto, se requiere el esfuerzo mancomunado de todas las expresiones del pueblo organizado.

Y es que a los insuficientes avances en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se suma ahora la seria amenaza del negacionismo y del neofascismo en nuestro país, que nos obligan moralmente a levantar nuestra voz y a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita. Al mismo tiempo, estamos convencidos que las serias amenazas a los DD.HH y al actual régimen político, se deben enfrentar promoviendo un sistema democrático que los garantice y respete integralmente.

El incumplimiento en materia de verdad y justicia se refleja de manera dramática en que aún hay 1.124 personas detenidas desaparecidas sin que, hasta la fecha, se haya acogido por parte del Estado la creación de un plan nacional de búsqueda, tal como fue propuesto en las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas del año 2013.

¿Cómo es posible que se haya naturalizado y normalizado en nuestro país la existencia de más de mil compatriotas víctimas de la desaparición forzada? A nosotros esta actitud de indolencia nos parece no solo inmoral, sino que expresa un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, que debe terminar, a la vez que constituye un nefasto ejemplo para las generaciones futuras.

En cuanto a la seria amenaza del neofascismo y sus ya declaradas expresiones de negacionismo, el relator especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen, ha señalado que Chile está en medio del «afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas” y lo atribuye a los incumplimientos del Estado chileno en materia de verdad y justicia, junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención. Al respecto, como sociedad civil debemos, al menos, seguir exigiendo del Gobierno que ponga urgencia al proyecto de ley que sanciona el negacionismo y que duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

[cita tipo=»destaque»]Esta actitud permanente del Estado chileno se ve agravada con la decisión de este Gobierno de no suscribir el Pacto de Naciones Unidas sobre Migración, argumentando que la migración no es un derecho humano, siguiendo la línea de conducta de Estados Unidos, que también se negó a suscribirlo y que confirma el peso de la ultraderecha xenófoba en el actual Gobierno. Es vergonzoso que, después de haber participado en las negociaciones previas, el Gobierno de Chile desista de adherir al pacto dos días antes de la ceremonia de su suscripción. Esta conducta constituye una afrenta a los avances civilizatorios en materia de migración, que pone al margen al Estado de Chile en el concierto internacional.[/cita]

Últimamente el negacionismo como expresión larvada del neofascismo, no solo se ha limitado a reivindicar los crímenes de la dictadura y exigir la libertad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, junto con vilipendiar la memoria, los museos y sitios de memoria que recuerdan la barbarie, sino que además se ha expresado en amenazas de muerte a connotados representantes del mundo de la cultura y las artes. Los cultores del negacionismo saben que, en la historia de los pueblos, los artistas e intelectuales siempre han representado la conciencia crítica de la sociedad y los más sentidos anhelos de los ciudadanos, especialmente de los postergados y humillados. Es por ello que nuestro país debe valorar el papel que hoy están cumpliendo sus artistas y reconocerlos debidamente, como lo hará humildemente nuestra institución en este significativo acto.

No olvidamos a todos nuestros artistas que, simbolizados en Víctor Jara, les fueron segadas sus vidas por ser fieles, en su quehacer artístico, a los más sentidos anhelos e intereses del pueblo chileno.

Cabe recordar que históricamente, para el fascismo, pensar es una forma de castración y, siguiendo las directrices del jerarca nazi Goebbels, quien señalaba “cuando oigo la palabra cultura echo mano a la pistola”, los fascistas siempre han visto a los artistas e intelectuales como una seria amenaza que hay que acallar.

No hay que olvidar que el fascismo tiene muchas caras, pero un solo objetivo. Cabe tener presente a este respecto lo señalado por Umberto Eco, quien en una conferencia dictada ante estudiantes de la Universidad de Columbia, en el año 1995, afirmaba que el fascismo triunfa y avanza cuando hay capas medias frustradas por alguna crisis económica o están desencantadas del sistema político. En nuestra época, en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Por eso es que a esta seria amenaza hay que prestarle la debida atención.

Pero, ¿qué proponemos para enfrentar estas serias amenazas?

En primer lugar, creemos que el pueblo chileno debe recuperar el principal derecho colectivo violado y arrebatado el 11 de septiembre de 1973, esto es, el derecho de libre determinación. Necesitamos ejercer plenamente nuestra soberanía popular elaborando entre todos una nueva Constitución, a través de un mecanismo democrático como la Asamblea Constituyente, donde establezcamos entre todos las reglas del juego, recuperando el viejo anhelo del contrato social de Rousseau, donde las instituciones creadas respondan en el ejercicio de sus atribuciones al único soberano: el pueblo de Chile.

Esta Constitución debe no solo reconocer sino también garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, contraídas por la suscripción de los pactos y convenciones sobre la materia. Ello, pasa por terminar definitivamente con el principio de subsidiariedad del Estado, por constituir un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos por parte del Estado, particularmente los derechos sociales.

El actual modelo neoliberal privilegia el mercado por sobre las obligaciones internacionales del Estado, impidiendo no solo el debido resguardo y protección de los derechos humanos, sino anulando el contrato social en sus cimientos, al negar al pueblo de Chile su condición de sujeto colectivo con ideales y propósitos comunes, promoviendo, en cambio, una relación directa entre el individuo y el mercado.

Esta concepción nefasta que violenta los fundamentos de los DDHH, en cuanto desconoce el rol del Estado y sus obligaciones, desconoce al mismo tiempo los valores de la solidaridad y la colaboración, pilares en la consecución de grandes conquistas y transformaciones sociales en nuestra historia.

Por lo tanto, hay que elaborar un nuevo pacto constitucional y terminar con todos los denominados enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una tercera instancia parlamentaria a la que recurren los sectores conservadores cuando se aprueba una ley contraria a sus intereses. Los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser ejercidos por las mujeres, porque se recurre al Tribunal Constitucional para impedir todo avance en la materia. De la misma forma, más de 50 causas han sido paralizadas por la interposición de recursos ante dicha instancia por criminales de lesa humanidad para evitar la dictación de sentencias en su contra. Tanto las atribuciones y su integración deben ser adecuados a los estándares de DDHH. No puede ser burlada la voluntad popular con estos mecanismos cuya única finalidad es impedir todo avance democratizador.

A su vez, una sociedad democrática debe contar con Fuerzas Armadas y de Orden comprometidas con el proyecto de desarrollo que refleje los anhelos mayoritarios del pueblo chileno. Ello supone que las instituciones castrenses estén subordinadas plenamente al poder civil democrático, pero por sobre todo formadas en el compromiso con los valores democráticos y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Por lo tanto, la incorporación de la doctrina Schneider y la doctrina Prats en la formación de los futuros oficiales, es una necesidad de primer orden y una obligación ineludible que debe ser exigida a las autoridades competentes.

Junto con lo anterior, promovemos que una democracia verdadera se mide si es capaz o no de garantizar plenamente la libertad de expresión. El relator sobre Libertad de Expresión para Chile señaló, en su último Informe del año 2015, que la actual concentración de la propiedad de los medios de comunicación impedía el pluralismo informativo, por lo que la libertad de expresión no se encontraba garantizada debidamente.

Los grandes grupos económicos son dueños de los principales medios de comunicación, porque saben que la forma de mantener este sistema de abusos institucionalizado, es generando climas de opinión que no cuestionen el actual estado de cosas, el que impide a la gran mayoría de los chilenos ejercer los derechos humanos más elementales.

A su vez, creemos que de una vez por todas debe enfrentarse debidamente el conflicto en La Araucanía. El Estado chileno debe dialogar con el pueblo mapuche sobre autonomía y territorio, avanzando hacia un Estado Plurinacional, dejando a un lado toda mirada asistencialista y paternalista. Las demandas legítimas del pueblo mapuche deben ser escuchadas y acogidas, teniendo a la vista el fiel cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos suscritos y ratificados por el Estado de Chile. No queremos más Camilo Catrillanca, Alex Lemún o Matías Catrileo. No más sangre mapuche ni pérdida de vidas inocentes.

Al mismo tiempo, creemos firmemente en la importancia y rol de los partidos políticos en democracia. Sin embargo, para cumplir debidamente su papel en la hora presente y recuperar el prestigio y credibilidad perdidos, es indispensable enfrentar las prácticas corruptas al interior de sus filas, aplicando sanciones reales a los responsables, no solo por constituir una práctica deleznable desde el punto de vista ético, sino que además porque este flagelo vulnera seriamente los derechos humanos de los pueblos, tal como lo han señalado reiteradamente los órganos especializados de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, los partidos políticos deben elaborar propuestas concretas sobre materias sensibles para la ciudadanía como las pensiones, la seguridad pública, la educación y el acceso a la salud.

El neofascismo, disfrazado de populismo de derecha –al decir de Steve Bannon, asesor de Trump y de Jair Bolsonaro– avanzará si los sectores políticos democráticos siguen sin ofrecer soluciones efectivas y reales a estos problemas acuciantes para la gran mayoría de la población.

Y es por ello que nos permitimos sugerir, para los efectos de neutralizar esta amenaza y solo a título ejemplar, que no habrá pensiones dignas si no se termina con el monopolio del actual sistema de capitalización individual. Y no se entregará tranquilidad a la población, si no se deja de caracterizar a la delincuencia como un fenómeno que se explica producto de las desigualdades estructurales de la sociedad. Y mientras no se terminan esas desigualdades, ¿qué hacemos para llevar tranquilidad a los hogares de miles de chilenos, especialmente a los más pobres?

La doctrina y la normativa sobre derechos humanos regulan estas materias bajo estándares de derechos humanos, que nos permitimos sugerir sean conocidos debidamente, ya que pensamos que servirían para enfrentar estos acuciantes problemas.

Reiteramos la necesidad de avanzar en verdad y justicia. Hablar y ocuparnos de estas tareas pendientes no es parte del pasado, es presente y futuro, es un pasado que no pasa. Y la forma de enfrentar los flagelos de la dictadura determina el país que tendremos. Así lo demuestra el caso de Brasil, en que la falta de verdad y de justicia, la aplicación de una amnistía total facilitó el resurgimiento del militarismo y la irrupción de un líder negacionista, xenófobo, misógino, homofóbico y favorecedor de las torturas y asesinatos de opositores políticos. ¿Queremos eso para Chile? ¿Vamos a permitir que un sector de la derecha chilena imponga ese modelo de sociedad para Chile?

A pesar de que la respuesta es obvia, debemos tomar iniciativas concretas como las sugeridas que nos permitan poner freno al avance del neofascismo. La única forma es propiciar una cultura por los derechos humanos, que tenga como eje central consolidar una institucionalidad constitucional y legal que reconozca y garantice los derechos humanos, en que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales contraídas al suscribir los pactos y convenciones sobre la materia. No es posible ni aceptable que el Estado de Chile siga incumpliendo sus obligaciones desconociendo los pactos y convenciones suscritos y ratificados.

Esta actitud permanente del Estado chileno se ve agravada con la decisión de este Gobierno de no suscribir el Pacto de Naciones Unidas sobre Migración, argumentando que la migración no es un derecho humano, siguiendo la línea de conducta de Estados Unidos, que también se negó a suscribirlo y que confirma el peso de la ultraderecha xenófoba en el actual Gobierno. Es vergonzoso que, después de haber participado en las negociaciones previas, el Gobierno de Chile desista de adherir al pacto dos días antes de la ceremonia de su suscripción. Esta conducta constituye una afrenta a los avances civilizatorios en materia de migración, que pone al margen al Estado de Chile en el concierto internacional.

Para enfrentar esta actitud de desconocimiento y desprecio por la normativa internacional de derechos humanos, nuestra institución quiere proponer, en cambio, al mundo social y político una nueva convivencia democrática en que los derechos humanos no sean vistos solo como una referencia moral ineludible, ni tampoco solo como una obligación de carácter normativo. Proponemos que los DDHH, su debido resguardo y garantía, constituyan un proyecto de sociedad en sí mismo, que comprometa al sistema político y los partidos políticos que lo integran, que en sus programas de Gobierno tengan como eje central un compromiso real y efectivo con ellos, a través de propuestas que tengan como objetivo el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de Chile de los pactos y convenciones suscritas y ratificadas.

Los derechos humanos debieran constituirse en un nuevo paradigma, en el nuevo relato, que convoque unitariamente a los distintos sectores sociales y políticos que quieren legar a las futuras generaciones un horizonte ético y político que se puede definir en que simplemente todos los seres humanos somos libres e iguales y que aspirar a la plena realización de su dignidad debe ser un mandato que nos movilice y convoque como aspiración colectiva y mayoritaria.

Esperamos que el seminario al que hemos convocado a los partidos políticos de oposición para enero próximo, en el que sus representantes discutirán reflexivamente sus aproximaciones a los DDHH, permita acercarnos a este noble y anhelado objetivo.