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Si te divides, pierdes: selección de candidaturas para la Convención

por 22 noviembre, 2019

Si te divides, pierdes: selección de candidaturas para la Convención
Si la regla del juego es la existente para elegir diputados, y si el imperativo social es incrementar la diversidad de la Convención, se podrían promover en lo inmediato reformas legales para “emparejar la cancha” de competencia, definir escaños reservados para pueblos indígenas, promover el debate de ideas a partir del voto por pactos y subpactos, e incentivar compromisos públicos de los partidos con actores de la sociedad civil sobre la base de ciertos idearios programáticos. En esta hora crucial, competir divididos es la mejor receta para no acceder a la Convención.
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El acuerdo político para iniciar un proceso constituyente establece que la selección de los delegados y delegadas a la Convención se realizará a partir de las normas que rigen para la competencia electoral de la Cámara de Diputados. Desde la sociedad civil se ha cuestionado la baja representatividad que podría llegar a tener la Convención si se llega a aplicar esta norma.

Recordemos brevemente cómo funciona este mecanismo. El sistema es proporcional y asigna votos de acuerdo a las listas o pactos que se presentan en competencia. Además, se organiza territorialmente en torno a 28 distritos; existe una norma de cuota para las candidaturas de hombres/mujeres; permite que los independientes puedan competir fuera de las listas (con un requisito de firmas) y también pueden competir estos independientes dentro de pactos.

El sistema favorece a los partidos, por cuanto resultarán electos aquellos que, dentro de las listas más votadas, obtienen el mayor número de votos. De este modo, una candidatura independiente (fuera de pacto), tiene menores posibilidades de salir electa, dado que una candidatura individual está compitiendo en contra de listas que reúnen a varios candidatos y que pueden sumar sus votos.

En un contexto político y social donde los partidos han perdido credibilidad, se cuestiona seriamente este sistema. Se ha señalado que ojalá los delegados a la Convención no sean los “políticos” o “los mismos de siempre”. Otras personas han sostenido que debiese existir una presencia gremial más relevante: representantes de los trabajadores, de los profesores, de movimientos sociales, de la “calle”, del “pueblo”.

En efecto, el ideal de una Convención que definirá el modo en que nos constituiremos como sociedad, debiese intentar reflejar lo máximo posible a la sociedad en términos de la relación hombres/mujeres, pueblos indígenas, y respecto de la diversidad territorial y socioeconómica del país.

¿Cómo entonces estimular que la Convención se parezca al “Chile real”? En un sistema democrático idealmente los partidos cumplen la función de la representación, pero hoy esta capacidad se encuentra debilitada. En las últimas elecciones la totalidad de las candidaturas que compitieron por la Cámara de Diputados representaron el 41% de los votos, quedando exento de representación el 59% que no fue a votar.

Para resolverlo se han planteado dos soluciones principales. La primera y más intuitiva, es la idea de incorporar algunas organizaciones de la sociedad civil en la Convención. Surgen así ideas como la inclusión de representantes de sindicatos, colegios profesionales, organismos no gubernamentales, etc. La dificultad de este camino es cómo podemos asignar escaños a tales organizaciones: ¿Qué organizaciones son más representativas? ¿Bajo qué criterio se establece aquello? Por ejemplo, ¿representa la Mesa de Unidad Social al conjunto de entidades sociales presentes en el país? ¿Qué pasa si algunas de aquellas organizaciones son lideradas por militantes de partidos?

El dilema aquí no es fácil de resolver, por cuanto muchas de estas agrupaciones suelen adquirir su legitimidad a partir de su propia reputación social y no de votos. Otras tienen mecanismos de elección pero que son internas y no abarcan al conjunto de la sociedad. De hecho, ninguna organización en la sociedad podría abarcar una representación tan extendida como aquel 41% de votos obtenidos por los diputados.

Otro problema es identificar cuáles serían las instituciones que podrían ser seleccionadas y cuáles no. ¿Asociaciones de trabajadores? ¿Gremios empresariales? ¿Iglesias? ¿Clubes deportivos? ¿Agrupaciones de ONG? ¿Agrupaciones especialistas en ciertos temas? ¿Académicos? ¿Universidades? Irónicamente esta opción de representar gremios o grupos de interés haría revivir el viejo sueño de Jaime Guzmán de potenciar una competencia de “grupos intermedios” de la sociedad que tienen intereses particulares (y de ahí el gremialismo). El debate constitucional en este sentido se transformaría en una pugna de intereses particulares, cada cual tratando de demarcar sus propias agendas en el texto constitucional.

Un segundo camino que se ha comenzado a escuchar es el de permitir que “independientes” puedan competir en pactos electorales. Así, a las listas de los partidos se agregarían listas de independientes que tendrían que presentar un programa común, y a los cuales se les exigirían ciertos requisitos de firmas para poder presentarse.

Esta idea, que parece razonable, enfrenta un gran problema. Como al día de hoy existe una oferta política de unos 20 partidos, lo que debiésemos esperar es la emergencia de muchas listas partidistas. De hecho, en la última elección de diputados compitieron 9 listas. Si a la alta cantidad de listas de partidos le sumamos la posibilidad de que los independientes presenten sus propias listas, el resultado más probable será el siguiente: quienes logren agruparse y coordinarse en un menor número de listas (ojalá una), tendrán muchísimas más opciones de obtener más asientos en la Convención.

Puesto de otro modo, la opción de permitir pactos entre independientes provocará una todavía mayor fragmentación. Aquellas coaliciones que se coordinen, tendrán más ventaja. Entonces, esta mayor cantidad de listas en competencia tendría un efecto negativo en la representación. La regla es simple: un mayor número de listas provoca mayor fragmentación, lo que implica una menor posibilidad de acceder a la Convención a quienes optan por dividirse. Pero debemos clarificar algo. No es que el sistema proporcional favorezca a la derecha. Lo que hace el sistema proporcional es favorecer a quienes son capaces de coordinarse.

Observemos la elección de diputados de 2017. La derecha se dividió en 2 listas y 7 listas de centroizquierda. La lista más fuerte de la derecha (UDI-RN-Evópoli-PRI) obtuvo 38% de los votos, pero producto de su mayor coordinación pudo acceder al 46% de los asientos de la Cámara. Las 7 listas de la centroizquierda obtuvieron el 57,3% de los votos, pero solo lograron acceder al 53,4% de los escaños. Algo muy similar sucedería si se presentan muchas listas en la elección de delegados para la Convención. Mientras mayor es la división, menores opciones de obtener asientos en la Convención.

¿Se puede resolver este dilema?

Dado que la regla para seleccionar delegados difícilmente se modificará, se podrían realizar algunas iniciativas políticas y legislativas para favorecer una mayor coordinación y asegurar una mayor diversidad en la Convención. Entre ellas se cuentan:

1. Modificar la ley para permitir subpactos de independientes dentro de una lista. Ello requeriría que los grupos de independientes se coordinaran y establecieran acuerdos explícitos programáticos dentro de un pacto partidista. Los partidos se beneficiarían con esta medida que permitiría formalmente incluir grupos de la sociedad civil afines a sus visiones ideológicas. Se ganaría en diversidad y electividad.

2. Los partidos debiesen promover acuerdos públicos, explícitos y transparentes con diversos movimientos y coaliciones de organizaciones de la sociedad civil. Tales acuerdos debiesen ser programáticos para dar coherencia al discurso de las diferentes coaliciones.

3. Establecer escaños reservados para pueblos indígenas. Además de los 155 asientos, considerar un 12% de asientos adicionales para representantes de pueblos indígenas. Ello implica establecer un padrón electoral indígena y un distrito nacional para la competencia por esta representación y una norma de corrección para permitir la representación no solo del pueblo mapuche que constituye una significativa mayoría.

4. Definir para estas elecciones el requisito de lista cerrada, permitiendo que los electores puedan elegir o un pacto o bien un subpacto. La ventaja de esta modalidad es que la competencia se haría en torno a “Proyectos Constitucionales” y no a figuras individuales que buscan acceder a la Convención. Se privilegiaría el debate de ideas por sobre el debate respecto a personas que puedan estar en la Convención.

5. Al establecerse la modalidad de lista cerrada, podría incluirse una cláusula de lista intercalada (mujer/hombre), lo que aseguraría la paridad para la Convención.

6. Eliminar la posibilidad de que privados puedan realizar donaciones a campañas de delegados para la Convención. La campaña debiera ser, en este caso, financiada enteramente por el Estado. Campañas basadas en proyectos constitucionales serían más sencillas de comunicar a los electores que enfrentarán simultáneamente campañas de alcaldes, concejales, gobernadores y delegados para la Convención.

7. Establecer como requisito la obligatoriedad de la asistencia a votar. Uno de los riesgos de iniciar un proceso constituyente con voto voluntario es lo sucedido en Venezuela en 1999, donde solo el 38% de los electores concurrió a votar, generando un serio problema de legitimidad de origen del proceso que no queremos repetir en Chile.

8. Establecer el transporte público gratuito el día de la elección, esto para evitar el “acarreo” en zonas rurales y dar facilidades para el ejercicio del derecho a voto.

Si la regla del juego es la existente para elegir diputados, y si el imperativo social es incrementar la diversidad de la Convención, se podrían promover en lo inmediato reformas legales para “emparejar la cancha” de competencia, definir escaños reservados para pueblos indígenas, promover el debate de ideas a partir del voto por pactos y subpactos, e incentivar compromisos públicos de los partidos con actores de la sociedad civil sobre la base de ciertos idearios programáticos. En esta hora crucial, competir divididos es la mejor receta para no acceder a la Convención.

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