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Mujer fuerte, abogada de derechos humanos de prestigio internacional, especializada en derechos indígenas, territoriales y de aguas, ha sido litigante en causas emblemáticas como Pascua Lama y es, además, reconocida por su calidez humana. Su llegada al TC, designada por el Presidente Boric, no solo modificó los equilibrios al interior del organismo, sino que también presagia –a tres meses de asumir su presidencia– un giro en su conducción. Una fuerza transformadora que está empeñada en hacer de la institución un tribunal modelo, de referencia y cercano a la gente. Asimismo, quisiera que se diese la paridad e interculturalidad en su integración. «Es fundamental que la justicia constitucional dialogue con la ciudadanía y las instituciones de las que se nutre”, señala Yáñez.
Esta entrevista fue realizada en tres tiempos: una reunión en la oficina de la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) en el centro de Santiago, en un jornada marcada por movilizaciones estudiantiles en las calles cercanas; una segunda conversación en un café del barrio El Golf en medio del XXVII Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, donde el organismo nacional fue el anfitrión; y una serie de intercambios telefónicos. Es que la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, Nancy Yáñez Fuenzalida (56), tiene una apretada e intensa agenda. Aun así conserva un hablar pausado, académico-pedagógico, que se empeña en acercar el quehacer del TC a la gente.
Doctora en Derecho, especializada en derechos indígenas, derecho territorial y derecho de aguas, participó en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003). Fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de codirectora del Observatorio Ciudadano y ha litigado en causas de derecho ambiental, como Pascua Lama, El Morro, Norte Abierto por derechos de agua, entre otras actividades profesionales y académicas.
En abril pasado, fue nombrada como integrante del TC –junto a la abogada Daniela Marzi– por el Presidente Gabriel Boric. Un hito relevante, pues un par de mujeres se integró de una vez (hasta ese momento había dos, una de ellas ministra titular y la otra suplente) y porque los equilibrios al interior del órgano se movieron. De hecho, en su designación se destacó especialmente su no pertenencia a un partido político.
En julio pasado sus pares la eligieron para presidir el señalado órgano jurisdiccional. Su nombre surgió como alternativa de consenso por los ministros que estaban detrás de la candidatura de la ministra María Pía Silva. Un desafío especial en momentos en que no se sabía cuál sería el futuro a corto plazo del TC, debido a la propuesta de nueva Constitución que estaba en marcha.
Ahora, tras los resultados del plebiscito de salida y con un mandato de dos años por delante, está realmente partiendo el ejercicio de su presidencia. Y, en dicho marco, se ha propuesto fortalecer la institución, transformándola en un referente.
“Estamos preocupados de generar una excelente gestión administrativa, para ello estamos trabajando en el reglamento interno. Ya está en marcha la tramitación electrónica, y también estamos fortaleciendo la Unidad de Estudios. Queremos modernizar la biblioteca para que sea un referente de la justicia constitucional… Queremos ser un tribunal modelo. Además, como somos una institución pequeña (80 funcionarios) es muy manejable desde lo administrativo. Su modernización es un desafío que quiero abordar como sello de mi presidencia”.
-¿Esa modernización pasa por hacerlo más accesible, más cercano?
-Hoy es más accesible que nunca, porque, de los efectos positivos de la pandemia, quedó la posibilidad de la litigación remota. Ahora un abogado de cualquier lugar puede alegar vía electrónica, eso facilita el acceso para todos. El hecho de que el TC estuviera radicado en Santiago, antes era una brecha. Las inaplicabilidades (impugnación de preceptos legales que pueden ser contrarios a la Constitución) están en alza cada día, particularmente por parte de personas naturales, en especial en ámbitos laborales y penales. Eso demuestra que cada vez más la ciudadanía hace uso de esta instancia jurisdiccional y de su relevancia como órgano de protección de derechos.
-¿Tiene una evaluación del conocimiento del TC por parte de la población?
-Es importante incrementar, entre otras cosas, las redes sociales del TC para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento del quehacer, y esa es una de las tareas en que estamos. Es importante que se sepa que la justicia constitucional ha aportado en una interpretación especializada de la Constitución y en particular salvaguardando los derechos de las personas. El tribunal tiene un rol que cumplir en esta coyuntura, lo ha tenido también en el pasado con todas las dificultades que ha debido enfrentar, pero como presidencia estamos empeñados en poder trabajar en la línea de fortalecer el trabajo jurisdiccional. Fortalecer esta institución porque tiene mucho que aportar al país.
En tal sentido, señala que la transparencia es clave en esta etapa de modernización.
“El presidente del TC alemán –que participó en el Encuentro (de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe)— nos trajo de regalo un libro del TC y puso énfasis en que nos fijáramos en la arquitectura del tribunal alemán: un edificio de vidrio para que la ciudadanía pueda ver lo que se está haciendo adentro, una forma literal de llevar la transparencia de la función judicial. Y eso es lo que deberíamos perseguir”.
XXVII Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe.
Fue el momento político del país en los 80 y su trayectoria dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile lo que perfiló su carrera. “Vengo de Quemchi, un pequeño pueblo. Me formé en Puerto Montt, por lo tanto, mi trayectoria familiar y social estaba marcada por la convivencia de provincia. La universidad me abrió la puerta al mundo para conocer lo que pasaba en el país y en otras partes”, relata.
Era 1983 y el movimiento estudiantil vivía un momento importante de reconexión. Descubrió la importancia que los derechos humanos tienen para la democracia, “pero también para mi propio proyecto de vida. Por eso, cuando llegó el momento de hacer la tesis, no tuve duda en que quería adentrarme en esa área”, agrega.
La decisión coincidió con un viaje a Perú donde se sorprendió con la diversidad étnica. “La tesis buscaba analizar el recién estrenado Convenio 169 y contrastarlo con la discusión que comenzaba en Naciones Unidas sobre los derechos indígenas”.
Así comenzó una labor que la ha tenido trabajando con los pueblos indígenas de Chile y de otros países. “Es una carrera integrativa de todas las ramas del derecho. Para asumir la defensa jurídica de intereses de los pueblos indígenas en el marco de conflictos socioambientales, uno tiene que manejar distintas ramas del derecho, también distintas disciplinas, desde la antropología hasta las ciencias naturales. Por eso, en lo académico se traduce en antropología jurídica”.
-¿Qué deberíamos esperar ahora con los pueblos indígenas, donde no existe reconocimiento constitucional?
-Por ahora se establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos constituyen límites a la soberanía, por lo tanto, el Convenio 169 –tratado de derechos humanos que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 5, inciso segundo de la Constitución– constituye un conjunto de normas para el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en nuestro sistema jurídico.
Su propia vida personal la ha desarrollado en sintonía con las comunidades que le ha tocado representar. De hecho, hasta su nombramiento en el TC vivía en Caleu, donde se estableció hace más de 20 años con su pareja, el pintor Francisco Hoffmann y su hija Clara. Hoy viaja hasta allá los fines de semana y el resto del tiempo vive en Santiago. “Caleu es mi hogar, nuestra casa familiar, el nido, pero somos una familia esencialmente nómade y nos enamoramos de todos los lugares (han pasado temporadas en Barcelona, Rapa Nui, Estados Unidos, entre otros destinos). Siempre estamos moviéndonos en busca de lugares bellos que normalmente son espacios de naturaleza. Mi hija se crió en ese entorno, que es parecido a mi lugar de referencia. Un pequeño pueblo donde todos se conocen, asisten a la misma escuela, donde la experiencia vital está marcada por compartir un destino común. Soy una abogada que fue a trabajar con la guagua en brazos como lo hacían las mujeres de la comunidad y compartí esa realidad y eso es fundamental en su formación. Hoy, cuando veo su capacidad de comprensión del mundo, no me cabe duda que tiene relación con que se ha desarrollado en comunidades donde la gente comparte una vida colectiva, integrada, donde hay menos diferencia social, más solidaridad para resolver los problemas que nos involucran a todos”.
Si bien tiene familia y grandes amigos en Quemchi y su padre vive en Ancud, no ha regresado a su ciudad natal (que la nombró Hija Ilustre el 4 de agosto pasado). Su vínculo más estrecho con Chiloé es través de isla Lemuy, donde suele pasar los veranos. “Tenemos un velero en la marina Quinched en Chonchi. Vamos a pasar las vacaciones y navegamos por los hermosos canales chilotes. Cuando a uno lo cautiva el mar, los canales y la posibilidad de descubrir nuevos espacios, uno se vuelve nómade del mar más que sedentario insular”.
En el Tribunal Constitucional hoy hay tres ministras titulares, más una suplente. “Por primera vez en la historia hemos tenido un par de plenos paritarios. Y, de hecho, esta semana se ausentará uno de los ministros y estaremos las cuatro mujeres nuevamente”.
-Faltan dos ministros(as) por nombrar por parte de la Cámara de Diputados. Se podría “pedir” que sean mujeres.
-Creo que hoy se puede pedir que nombren mujeres. Las transformaciones que ha tenido nuestra comunidad política, producto fundamentalmente del movimiento de mujeres, genera que los poderes públicos tengan la obligación de zanjar la brecha de desigualdad que hemos tenido para acceder a los espacios de toma de decisión y para el acceso a la judicatura. Eso se refleja en que, por ejemplo, el Presidente Boric nominó a dos mujeres, y podría ser deseable que el Parlamento haga lo propio con dos mujeres, de manera que por primera vez podríamos tener una composición paritaria dentro del tribunal: cinco ministras y cinco ministros. Eso sería histórico.
-Pero finalmente queda a criterio de los parlamentarios y de las negociaciones políticas.
-No hay una obligación legal de parte del Parlamento de nominar mujeres. Y allí evidentemente hay un tema central de cómo contar con un marco jurídico adecuado para impulsar la igualdad de acceso de hombres y mujeres en la judicatura y a los cargos públicos. En el Parlamento se estableció una ley de cuotas, pero si la ley no impone obligatoriamente la paridad, no tiene la eficacia que uno esperaría. Porque lo que ocurrió es que no se reflejó en la integración de mujeres en el Parlamento, la mayoría se perdió en el proceso electoral y ahí la ley de cuotas choca con la cultura de los partidos políticos a efectos de sostener las candidaturas de las mujeres. Creo que nuestro país ha cambiado en esa línea y ha permeado algunas instancias, y la consecuencia de ello fue la conformación paritaria de la Convención Constitucional. En el momento de diálogo constitucional en el que estamos o en el que debiera generarse en el presente y en el futuro inmediato, tiene esto como tema central para el diálogo constitucional y las propuestas que se generen a consecuencia de ello para la deliberación constitucional, pero también para instalarse en el diseño democrático.
-¿Cómo es el panorama fuera de Chile?
-Es similar en todo el mundo, no solo en los países con un estándar de desarrollo inferior a los países OCDE, organismo que ha alertado que la integración de las mujeres en la toma de decisiones es del orden del 30%-34% y eso incluye a países como Alemania. Entonces, la brecha continúa a pesar de los cambios culturales, por eso es fundamental contar con instrumentos de inclusión que permitan la integración efectiva de las mujeres.
-¿Cómo se garantizaría?
-Lo que se ha visibilizado en los estudios, y que vimos en el seminario, es que las mujeres accedemos al poder por mérito, eso supone una carrera profesional de alta exigencia. Lo que también constituye una barrera de acceso, obliga a las mujeres a calificar de mayor manera que sus pares varones. Y eso discrimina a sectores más vulnerables y también a pueblos indígenas y a sectores rurales. Las cifras a nivel nacional e internacional muestran mucha paridad a nivel judicial, pero no en las Altas Cortes y, si uno observa la situación de tribunales especializados, donde hay un proceso de selección confiado al sistema de Alta Dirección Pública, ahí se ve favorecidos a los varones. En los tribunales ambientales, particularmente, están conformados por ministros y las mujeres que los han integrado han sido en calidad de suplentes.
-¿Qué hace la diferencia?
-Hay sesgos de género que pueden estar vinculados a las obligaciones que tienen las mujeres, particularmente de cuidado. Las políticas de discriminación positiva para favorecer al candidato de género desfavorecido: mujeres o diversidades sexogenéricas.
-¿Se plantea la igualdad sexogenérica en lo judicial?
-Lo planteé en la mesa que me tocó en el seminario. Las diversidades sexogenéricas han ido de la mano de los espacios que han ido abriendo los movimientos feministas y que hoy se nutren recíprocamente con las diversidades sexogenéricas. El día en que dejemos de hablar de género, habremos superado las desigualdades.
Dentro de la búsqueda de transformación del organismo en un tribunal modelo, es fundamental que “la justicia constitucional dialogue con la ciudadanía y las instituciones de las que se nutre”, señala Nancy Yáñez.
Y agrega que la legitimidad de la justicia constitucional no se basta con la trayectoria y capacidad técnica de los jueces.
“Precisamente si uno asume que el pluralismo es la base de nuestra convivencia democrática y la Constitución vigente tiene como principio rector el pluralismo (modificación de 2005), la trayectoria y formación jurídica es fundamental, pero no basta con la sabiduría de los jueces para dotar de legitimidad los fallos. Tenemos mecanismos como las audiencias públicas que son importantes. Por ejemplo, en la difusión de la Ley de Aborto en tres causales fueron escuchados distintos grupos de interés.
-¿A eso se refiere con ir escuchando a la ciudadanía?
-A propósito de que hoy estamos discutiendo sobre diseños constitucionales, la Constitución de Canadá (1982), tiene mecanismos interesantes que establecen un sistema de retroalimentación entre la Corte Constitucional y el Parlamento, de modo que la Corte lleva al Parlamento las alternativas de modificación ante la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico cuando se han producido inconstitucionalidades.
-¿Estima que debe haber cambios en la elección de los integrantes del TC?
-No hay duda de que en la nominación de los jueces deben participar los tres poderes del Estado para ver reflejada la pluralidad democrática de nuestra sociedad en el ejercicio de la justicia constitucional, pero es fundamental la trayectoria de esos jueces, la experticia. Luego, su composición de permitir también la integración de grupos históricamente desaventajados. Evidentemente uno esperaría que no estuviéramos ajenos al debate de la paridad e incluso de la interculturalidad.
-¿Cuál puede ser el aporte del TC a la discusión constituyente que estamos viviendo, más allá de la prescindencia de sus integrantes?
-Precisamente poder generar una reflexión interna respecto a cuál es el mejor diseño institucional para la justicia constitucional en Chile y, también, respecto de sus competencias en los mecanismos de designación de los ministros de esta alta magistratura, como elementos que pudieran fortalecer la justicia constitucional y poner esa reflexión a disposición de quien sea la institución llamada a generar una nueva propuesta constitucional. La experiencia acumulada es un insumo fundamental para el diálogo constitucional, eso es lo que debiera aportar el Tribunal Constitucional. En su oportunidad lo hizo generando un informe que fue puesto en conocimiento de la Convención Constitucional. En la actualidad debiera hacer lo propio, incluyendo una evaluación de las propuestas constitucionales que se han estado debatiendo.
