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En mayo de 2022, una denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso acusaba al Hospital Psiquiátrico de la región de realizar terapia electroconvulsiva (TEC) sin anestesia y sin ajustarse a la norma técnica vigente. La polémica se instaló por unas semanas en la agenda pública, pero después, la TEC volvió a quedar en la penumbra. Esta investigación revela que en hospitales públicos se aplica terapia electroconvulsiva a menores de edad, y que en adultos se pide el consentimiento a los familiares, dos prácticas que van en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También revela que entre 2017 y 2022 se ha aplicado TEC a personas con diagnósticos que no están contemplados en la normativa chilena, incluyendo “retardo mental” y autismo.
Vicente Martínez (29), chef y dueño de su propio emprendimiento, ha estado en tratamiento psiquiátrico desde los 15 años. Ha pasado por diversos medicamentos, desde fluoxetina, un antidepresivo, hasta quetiapina, un antipsicótico usado para el tratamiento de la esquizofrenia. A su mediana edad, ya ha estado internado cuatro veces.
En 2011, ingresó a una institución psiquiátrica por segunda vez, con el diagnóstico de depresión mayor con ideaciones autoflagelantes. Después de unos meses internado, las altas dosis de medicamentos no estaban surtiendo efecto, por lo que decidieron aplicarle terapia electroconvulsiva. Tenía 16 años.
“A mi familia le dieron dos opciones. La primera fue darme un medicamento llamado Leponex, que está diseñado para el tratamiento de la esquizofrenia. Muchos pacientes lo tomaban, creo que lo usaban como un caballito de batalla”, recuerda Vicente. Pero el Leponex tenía muchos efectos secundarios, como alzas de colesterol y glucosa. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este medicamento también es conocido como Clozapina, que puede causar afecciones graves en la sangre. “La segunda opción que le dieron a mi familia fue el electroshock. En esa época estaba a punto de cumplir 17, por lo que yo no participé en esa decisión”, recuerda Martínez.
“En ese entonces, mi papá le preguntó a la psiquiatra que si yo fuera su hijo, qué elegiría: el medicamento o la TEC. La psiquiatra respondió que la terapia electroconvulsiva”.
La terapia electroconvulsiva consiste en la inducción eléctrica sobre el sistema nervioso central causando convulsiones generalizadas. La persona pierde la conciencia y tiene sacudidas musculares. Se aplican pequeñas corrientes eléctricas para generar una descarga neuronal que dura entre 20 y 25 segundos, las que se repiten en diferentes sesiones.
Según las explicaciones que le dieron a la familia de Vicente, la TEC le serviría para disminuir las ideas de autolesiones. Sin embargo, no recuerda que le hayan explicado de qué manera le ayudaría a cambiar su comportamiento. Solo le comentaron que entre cuatro y cinco sesiones de electroshock serían suficientes para su tratamiento. Hoy, esto no debería ser posible: “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico”, dice la Ley 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes. Esta ley fue promulgada en abril de 2012, un año después del tratamiento de Vicente.
Leonel Carvajal, psicólogo clínico del área infantojuvenil, adultos y familia, que trabaja de forma independiente, comenta que “la terapia electroconvulsiva es un tratamiento hospitalario y la mayoría de estos son invasivos. Es un procedimiento médico que solo puede sugerir el psiquiatra y, por lo tanto, va a depender de la ética, del conocimiento y de la formación de este tratante en recomendar o no la terapia electroconvulsiva”, comenta.
“No se administra ninguna terapia electroconvulsiva sin el consentimiento libre e informado de los usuarios y nunca se administra la terapia electroconvulsiva a un menor de edad” – Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS.
“No deberías sentir nada”, le dijo el médico tratante a Vicente. “No recuerdo que me haya explicado mucho más. Pero, ¿qué más tenía que explicar? Me iban a poner corriente en la cabeza. Punto”.
Le instalaron cables de electrodos en la cabeza y uno en el pie. Posterior a eso, Vicente solo recuerda despertar nuevamente en su habitación de la clínica. “Estaba perdido, no recordaba a mis compañeros ni sus nombres. Me sentía mal y el dolor de cabeza era muy agudo. A las horas comencé a recordar algunas cosas y al día siguiente me sentía más normal. Así fueron todas las veces que me aplicaron TEC”.
–¿Recuerdas haberte negado en algún momento a seguir recibiendo la terapia?
–No recuerdo específicamente y creo que tampoco nunca me lo había preguntado. Ahora que lo pienso, puede que le haya dicho a alguien. A mi hermana, a mi papá o a la psiquiatra. No sé si fue así o no, pero me tinca que sí. Quizás yo no quería, pero no fui capaz de decirlo.
Posterior a recibir la terapia, Vicente estuvo internado por tercera vez en 2011 y por cuarta vez en 2012. “Mi caso al menos demuestra que la terapia no funciona. A los dos o tres meses después de la TEC, tuve mi intento suicida más grande. Estuve al borde de la muerte. El electroshock se supone que eliminaría la ideación autoflagelante, pero no se logró”, comenta con resignación.
En 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un Manual de Recursos de la sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, como una guía para el desarrollo de políticas públicas de salud mental. El manual asegura que nunca se debe administrar ninguna terapia electroconvulsiva sin el consentimiento libre e informado de los usuarios, y que el uso de TEC en menores de edad debe estar prohibido por la ley.
Posteriormente, en 2012, la OMS publicó un Instrumento de Calidad y Derechos, en el que evalúa y propone criterios para garantizar los Derechos Humanos en establecimientos psiquiátricos. En este documento, la organización asegura que no se debe abusar de la terapia electroconvulsiva, ya que puede tener “efectos permanentes o irreversibles”, y repite que “será administrada solamente con el consentimiento libre e informado del usuario”.
Junto a este estándar, la OMS establece una serie de criterios: “Se debe contar con guías clínicas claras, basadas en la evidencia, sobre cómo y cuándo la terapia electroconvulsiva puede o no ser administrada. Nunca se debe utilizar la terapia electroconvulsiva sin un anestésico y un relajante muscular y nunca se debe administrar la terapia a un menor de edad”.
La Dra. Javiera Canessa, experta del área de salud del Comité para la Prevención de la Tortura, y médica cirujana diplomada en salud pública, asegura que por “la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población de menores de edad y la escasa información disponible, resulta fundamental que consideremos la prohibición de su uso en personas menores de 18 años por la OMS”, debido a que los “efectos adversos” que puede tener niños, niñas y adolescentes todavía carece de evidencia científica y “es muy controvertido, incluso por los mismos especialistas de salud mental”.
El Mostrador consultó al Ministerio de Salud sobre la aplicación de TEC en menores de edad. La subsecretaria subrogante de Redes Asistenciales, Fabiola Jaramillo, confirma que hay menos estudios respecto al impacto en menores de 18 años, “lo que justifica la recomendación oficial de OMS de no realizarla en este grupo etario ante el riesgo que una técnica de este tipo conlleva”.
Pero agrega: “No obstante, existen importantes desarrollos de menor data, que aún no están incorporados en algunas normativas internacionales, que apuntan a resultados favorables también en esta etapa del ciclo vital, en especial sobre los 12 años, manteniendo la restricción de su aplicación solo para casos graves y refractarios, donde el análisis exhaustivo de los beneficios sobre los riesgos justifica su indicación”, finaliza Jaramillo en declaración oficial. La autoridad respalda esta información citando el sitio web del Consenso Americano de Psiquiatría Infantil, con un estudio de junio de 2022 que no ha sido mencionado por la OMS en ninguno de sus informes.
Con todo, la TEC es un tratamiento polémico. Hasta el cierre de este reportaje, cinco personas que recibieron TEC en Chile han querido compartir su testimonio, entregando luces y sombras de un tratamiento defendido por unos pero criticado por otros. Pero más allá de estos desencuentros técnicos y disciplinarios, esta investigación demuestra que la aplicación de la TEC en Chile se hace sin cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, contenidos en el manual de 2006 y reiterados en el Instrumento de Calidad y Derechos de 2012.
La terapia electroconvulsiva está regulada por la Norma Técnica de Terapia Electroconvulsionante Modificada del Minsal, confeccionada en el año 2000 y actualizada en 2013. Hoy se le llama TEC modificada a la terapia que se aplica con anestesia y anticonvulsivantes, condiciones obligatorias establecidas en el manual de 2006 de la OMS y en la norma técnica chilena. Esta norma aplica para todos los establecimientos psiquiátricos que ofrecen este procedimiento en Chile.
Según un listado entregado por el Minsal a través de transparencia, son 40 hospitales públicos los que aplican TEC a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas.
También, se solicitó a los hospitales psiquiátricos acceso a una lista de todas las terapias electroconvulsivas realizadas entre enero de 2017 y septiembre de 2022. Se requirió que estas listas incluyeran la fecha en que se aplicó la terapia, el sexo del paciente, la edad del paciente, diagnóstico, el número de sesiones y el nombre del médico tratante. Los datos solicitados fueron meramente estadísticos para así proteger los antecedentes médicos de las personas.
Al cierre de este reportaje, 13 hospitales respondieron a la solicitud, de los cuales se pudo constatar que al menos 1.031 personas han recibido electroshock entre los años 2017 y 2022.
Francisco (nombre ficticio para proteger su identidad) es estudiante de psicología y tiene 35 años. Estuvo internado entre 2015 y 2016 en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, bajo el diagnóstico de trastorno bipolar. Ingresó con 29 años.
Luego de dos meses internado, le aplicaron terapia electroconvulsiva como tratamiento a ideaciones suicidas que no se disipaban con fármacos. A su madre le explicaron que con el electroshock le iban a resetear el cerebro, porque iba a comenzar a funcionar de cero, y se irían las anomalías.
Pero su madre no recuerda haber firmado un consentimiento ni tampoco él, solo que un psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social les explicaron el procedimiento. Posterior a ello, Francisco recibió 12 sesiones. “Recuerdo que después de despertar, la sensación física era de mucho ardor en los ojos, dolor de cabeza y desorientación. Hasta el día de hoy me sigue pasando que, por ejemplo, voy caminando por un lugar conocido y, de repente, no sé dónde estoy y es profundamente angustiante”, asegura.
La norma técnica del Minsal detalla el procedimiento para la aplicación de la terapia. El o la psiquiatra tratante debe completar una ficha clínica para asegurarse que la evaluación esté completa, incluyendo el consentimiento informado dado por el paciente o por el familiar responsable a cargo del paciente. En el anexo de la norma, incluyen una hoja estandarizada de este consentimiento.
Ejemplo de consentimiento entregado por el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak a través de Transparencia.
Esta práctica se encuentra fuera de los estándares de la OMS. Tanto el manual de 2006 como el Instrumento de Calidad y Derechos de 2012, mencionan que no se debe administrar ninguna TEC sin el consentimiento libre e informado de los usuarios. Sin embargo, esto no pasó en el caso de Francisco.
Carolina Carvajal, jefa de Asesoría Jurídica del Hospital Psiquiátrico Horwitz Barak y miembro del Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Norte, menciona que, si bien se han hecho indicaciones de que no se puede aplicar la TEC contra la voluntad de los pacientes, “la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen los pacientes, dice en el artículo 10 que se puede aplicar tratamientos en contra de la voluntad del paciente en casos de emergencia”. No obstante, Francisco asegura que no se encontraba en ninguno de los casos que menciona la ley, que son: no poder recibir la información directamente, padecer de dificultades de entendimiento o encontrarse con alteración de conciencia.
En respuesta oficial, Fabiola Jaramillo, subsecretaria subrogante de Redes Asistenciales, también señala que si una persona no está capacitada para la toma de decisiones, este procedimiento puede ejecutarse con el consentimiento de familiares o personas significativas para el usuario(a), o, con la autorización del jefe de Servicio.
“En tanto, en el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, actualmente en elaboración, se considera la posibilidad de la manifestación de voluntad anticipada, tanto para rechazo como para aceptación del procedimiento, lo que permitiría resolver gran parte de estos conflictos clínico-jurídicos. Además, nos encontramos trabajando como Ministerio en la elaboración de documentos técnicos en esta línea”, explica Jaramillo.
En junio de 2022, el diario inglés The Independent publicó una investigación periodística sobre la aplicación de la terapia electroconvulsiva en Reino Unido, revelando que proporcionalmente se prescribe más a mujeres que a hombres: más de dos tercios de los pacientes que la reciben son mujeres. La investigación también reveló casos como el de Francisco: un 36% de los pacientes fue sometido a la terapia sin haber dado su consentimiento.
En la Norma Técnica de Terapia Electroconvulsionante Modificada del Minsal, se detalla cómo utilizar anestesia y relajantes musculares en el paciente, el manejo del paciente posterapia y las funciones que deben cumplir los profesionales de salud.
La normativa del Minsal también detalla la frecuencia y número máximo de tratamientos. Recomiendan aplicar hasta tres tratamientos por semana, ya que el uso prolongado se asocia a una disminución cognitiva más grave. “Asimismo, debe considerarse una reducción de la frecuencia de procedimientos, en caso de presentar delirium o disfunción cognitiva severa”, detalla el documento.
Sobre el número de tratamientos, si bien explica que debe determinarse en función de la respuesta del paciente y la severidad de los efectos colaterales, menciona que una serie de terapias electroconvulsivas consiste generalmente de 6 a 12 procedimientos, pero que puede recibir un número más alto si hay falta de respuesta.
Según la información entregada por los hospitales psiquiátricos a través de Transparencia, al menos a 68 pacientes se le realizaron más de 12 sesiones en los diversos hospitales públicos del país. Entre ellos, hay casos excepcionales: una persona recibió 40 sesiones en el Hospital Base Valdivia, bajo el diagnóstico de “retraso mental severo” en 2019. En 2018, ya había recibido 12 sesiones y, en 2021, volvió a recibir cuatro más.
Juan Carlos Cea, psicólogo e investigador del Centro de Estudios Locos, un laboratorio de investigación dirigido a producir pensamiento crítico en temas de salud mental, publicó un estudio sobre la terapia electroconvulsiva en 2020, llamado “Electroshock o Terapia Electroconvulsiva (TEC) en Chile: Diagnóstico crítico, activismo social y enfoque de derechos”, junto a Tatiana Castillo Parada, también investigadora del centro.
Sobre el número de sesiones, Cea comenta que la problemática se encuentra en que los psiquiatras, debido a la normativa del Minsal, tienen “chipe libre”. Por eso mismo, los parámetros nacionales debieran tener evidencia científica actualizada que demuestre en cada caso cuántas sesiones le corresponde a un paciente, algo que “aún no ocurre en Chile”.
Sobre los diagnósticos bajo los cuales comúnmente se aplica electroshock, las indicaciones tradicionales son por depresión mayor, trastorno bipolar y esquizofrenia. Estas son también las más comunes en los hospitales de Chile, según sus respuestas por Transparencia.
Gráfico explicativo creado por la autora del reportaje sobre la aplicación de TEC según diagnóstico, con los datos entregados por Transparencia por los hospitales públicos, correspondientes a los años entre 2017 y 2022.
Pero nuevamente, hay casos excepcionales. En el Instituto Psiquiátrico Horwitz, siete personas recibieron TEC bajo el diagnóstico de “retardo mental” y “discapacidad intelectual” entre los años 2017 y 2022. De la misma forma, el Hospital Base Valdivia incluyó un diagnóstico inusual: un hombre de 38 años recibió tres sesiones de TEC en 2018 por “autismo atípico”. Ninguno de estos diagnósticos se encuentran incluidos en la normativa del Minsal.
Se contactó al hospital vía correo para pedir las aclaraciones del caso, pero hasta el cierre del reportaje, no se ha recibido respuesta. Por su parte, en su respuesta oficial a las preguntas de El Mostrador, la subsecretaría de Redes Asistenciales manifestó que “independiente de la condición de base, como puede ser un Trastorno del Espectro Autista, la indicación de la TEC MOD puede ser perfectamente pertinente si el síndrome sobreagregado es de suficiente gravedad para determinar riesgo vital”. Afirmando de esta forma que se puede aplicar Terapia Electroconvulsiva a un paciente con Espectro Autista. Esto, sin embargo, no está precisado en la Norma Técnica.
“No se debe abusar de la terapia electroconvulsiva, psicocirugía y otros procedimientos médicos que puedan tener efectos permanentes o irreversibles, sean estos realizados en el establecimiento o referido a otro establecimiento, y pueden ser administrados solamente con el consentimiento libre e informado del usuario” – Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS
La Norma Técnica de Terapia Electroconvulsionante Modificada del Minsal también detalla qué características deben tener las máquinas que aplican la TEC, tales como la capacidad para suspender el estímulo eléctrico en forma instantánea, en caso de necesidad.
A través de Transparencia se solicitó también una nómina de todas las máquinas disponibles para aplicar terapia electroconvulsiva (TEC) en las instituciones psiquiátricas del país.
Por ejemplo, el Hospital Ernesto Torres de Iquique informó que utiliza una máquina de marca Somatic modelo Thymatron System IV, fabricada en 2003 y adquirida en 2008. El Hospital Clínico de Magallanes, también utiliza esta máquina, adquirida en 2009. Otros hospitales, como el Hospital de Angol, el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, Hospital San José del Carmen de Atacama, entre otros, tienen el mismo equipo, adquirido entre 2017 y 2019, pero no entregaron información respecto a la fecha de fabricación.
Por correo electrónico, se contactó a la empresa fabricante de las máquinas Somatic. “La fábrica garantiza el stock de repuestos para unidades hasta 10 años. Sobre ese periodo, las máquinas no son soportadas”, aseguraron. Es decir, no hay repuestos disponibles para equipos de más de 10 años de antigüedad, como los fabricados en 2003 disponibles en Iquique. Según la marca fabricante, eso implica que “es difícil que sean atendidos en caso de falla”.
Por otro lado, el Hospital Guillermo Grant Benavente usa una Spectrum 5000Q adquirida en 2001, modelo que la propia marca descontinuó en 2019 y que recomiendan reemplazar por un nuevo dispositivo. Según la información entregada a través de transparencia por el Servicio de Salud de Concepción, del que depende este hospital, entre enero de 2019 y septiembre de 2022 esta máquina descontinuada se utilizó con 23 pacientes. El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, posee el mismo dispositivo, adquirido en 2015.
Para este reportaje se contactó por correo electrónico a Mecta, la marca fabricante de Spectrum, quienes confirmaron que el modelo está descontinuado. Si bien Mecta todavía realiza mantención a estas máquinas si las piezas están disponibles para reparación, recomiendan reemplazar los antiguos dispositivos Spectrum 5000Q por SigmaStim, un modelo nuevo de la propia marca. Según la información obtenida por Transparencia, ningún hospital hasta el momento ha hecho tal cambio.
El Minsal, en respuesta oficial a través de Fabiola Jaramillo, menciona que “es responsabilidad de cada establecimiento y Servicio de salud gestionar la actualización de estos equipos”. Agrega que desde ese ministerio “se ha instruido a los establecimientos que no cuenten con mantenciones al día y/o equipos en estado de obsolescencia que suspendan la aplicación de la terapia inmediatamente”. El organismo, sin embargo, no se refirió al caso particular del hospital de Concepción y a la evidencia que indica que una máquina desactualizada se encuentra en uso.
Respecto al uso de máquinas descontinuadas, Juan Carlos Cea explica que la utilización de equipo técnico desactualizado, en el caso de la TEC, es un ejemplo más de las condiciones inadecuadas y escasamente reguladas en el sistema de salud mental. “Considero que es un problema grave la ausencia de directrices claras. Sin embargo, no creo que sea respuesta suficiente actualizar la norma técnica. El problema de fondo es la falta de evidencia respecto a los efectos beneficiosos de la TEC y la aplicación de este procedimiento sin estándares éticos que resguarden los derechos humanos”.
Imagen de la máquina utilizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para realizar terapia electroconvulsiva. La fotografía fue entregada como respuesta a la solicitud de Transparencia.
En junio de 2022, luego de que el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso fuera denunciado por un caso de realización de TEC sin anestesia, en un informe remitido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y obtenido por Radio Bío-Bío, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio reconoció que se realizaron terapias electroconvulsivas sin anestesia. Desde esa fecha, el hospital está siendo investigado por vulneraciones a los derechos humanos e indicios de malos tratos.
Debido a este caso, la exministra de Salud, María Begoña Yarza, impulsó la Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos en julio de 2022. Esta iniciativa buscaba avanzar en generar políticas que permitieran acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando requieran tratamiento en materia de salud mental, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos.
Dentro de lo que pretendía hacer esta estrategia, estaba incorporada la actualización de la norma de la terapia electroconvulsiva. Se precisarían las condiciones de aplicación, se actualizaría la evidencia disponible y se determinarían las condiciones del consentimiento, además de establecer mejores indicadores de monitoreo.
Desde el Ministerio de Salud, Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, explicó que la estrategia fue una iniciativa de colaboración de corto plazo, funcionando entre julio 2022 y marzo 2023, para avanzar sobre problemas urgentes relacionados con la protección de derechos, especialmente, de personas hospitalizadas por causa psiquiátrica.
“Respecto a la actualización de la Norma Técnica de Terapia Electroconvulsiva, esta se encuentra en proceso, ya que se levantó información en 2017, cuyo trabajo se interrumpió durante el estallido social y la pandemia. Durante 2022 se retomó la tarea, actualizando la evidencia científica sobre la materia y recientemente se concluyó un primer documento, que será sometido a consulta pública abierta y a análisis de grupos de interés durante abril de 2023, para dar con el documento final a ser oficializado”, explica Cuadrado.
Hasta ahora, la evidencia científica que respalda los escenarios en los que se puede aplicar la TEC, citada en la norma técnica del Minsal, es de los años 90. Esto contrasta con lo indicado por la OMS. El Instrumento de Calidad y Derechos del año 2012 menciona que se puede aplicar la TEC si es que “existe disponibilidad y cumplimiento de guías clínicas claras, basadas en la evidencia, sobre cómo y cuándo la terapia electroconvulsiva puede o no ser administrada”. En Chile, todavía no existe dicha evidencia actualizada en la normativa.
Respecto a las recomendaciones de la OMS que no se cumplen en los hospitales psiquiátricos chilenos, Carolina Carvajal, abogada del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, explica que están constreñidos por la norma. Por ejemplo, respecto a la aplicación de la TEC a menores de edad, asegura que estos pacientes son derivados por recintos infantojuveniles y que ellos, en el Horwitz, no pueden negarse a hacer el procedimiento. “De todas formas, es cierto que la Norma Técnica no está alineada con los estándares internacionales, pero nosotros solo somos un hospital, no dictamos las normas”, reconoce la abogada.
Vicente Martínez, el paciente que recibió la TEC con 16 años, comenta que “una psiquiatra, hace unos años, trató de bajarle el perfil comentándome que porque ahora se hace con anestesia, uno no sufre. Me gustaría que la gente supiera que es algo que sí se hace y que puede que no sea la primera opción en soluciones psiquiatras, pero tampoco pareciera ser la última”.
Por otra parte, Francisco clama que espera que se escuche la voz de los pacientes: “No sabría decirte si es que sirve o no, pero lo que sí sé es que es una experiencia violenta. Como los psiquiatras no lo han experimentado, no entienden lo que es estar ahí. Les falta escuchar a las personas que están viviendo esto”.
Silvana Rosas (29), estudiante de derecho y recepcionista, recibió terapia electroconvulsiva en 2021 en el Hospital de Puerto Montt. Si bien ella menciona que después de la TEC “se sintió más racional”, la pérdida de memoria es algo que “todavía está recuperando”, y que en realidad ahora la razón por la que se siente mejor es debido a la psicoterapia. Describe que durante los dos meses que estuvo internada, todos los días pedía salir de ahí. La decisión del electroshock también pasó por sus padres.
Finalmente, Pilar Siles Gonzáles (43), pintora, poeta y profesora de arte, fue la última persona que accedió a dar su testimonio para esta investigación. Con 22 años, recibió TEC en 2001 en el Hospital de Temuco, un tema que por años ha vivido con vergüenza de contar. Hoy, espera que un futuro pueda costear una atención psiquiátrica privada y poder tratar su neurodivergencia sin estigmas. También menciona la importancia de visibilizar la TEC, sobre todo para mujeres jóvenes que puedan estar pasando por una situación similar.
*Este reportaje fue realizado por Francisca Inostroza, en la sección de la profesora Catalina Gaete del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
