En el trabajo que reveló hace dos semanas, el académico de UCLA, además de cuestionar variables metodológicas del informe de la Comisión Bravo respecto de las tasas de reemplazo del sistema de pensiones, reafirma que la Propuesta B es un experimento no aconsejable para Chile y que lo razonable es seguir la línea de la Propuesta A, como elevar la tasa de cotización y ampliar el pilar solidario.
En distintos momentos de su Evaluación del Informe de la Comisión Bravo, entregado el 11 de enero pasado a la Asociación de AFP y revelado en parte por los medios hace unos días, el economista Sebastián Edwards resalta la independencia con que trabajó. Dice que, si bien le pagaron por ello, la asociación no invadió su independencia.
De hecho, en medio de su trabajo en octubre pasado opinó públicamente a favor de una AFP estatal que compita en las mismas condiciones con las otras administradoras y de la licitación de afiliados, que incluso en la propuesta de la Comisión Bravo se propone ampliarla a afiliados antiguos y no solo nuevos.
Sin embargo, el estudio, de casi 150 páginas en la versión entregada al gremio, revela las coincidencias con la opinión que dio la Asociación a comienzos de diciembre pasado, un mes antes que recibieran la primera versión del estudio de Edwards.
Un punto de referencia esencial para comprender la opinión de Edwards es que desconoce un elemento central del informe de Bravo: haber separado las tasas de reemplazo que otorga el sistema, dependiendo de si son autofinanciadas o si incluyen los subsidios que otorga el Estado a través del Pilar Solidario creado en 2008 con la reforma previsional que se aprobó en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
Subyace a esta postura una definición esencial del economista en su trabajo: el sistema de capitalización individual chileno es mixto, debido a la incorporación del pilar solidario de 2008. No se le puede evaluar en forma separada del mismo.
“El sistema debe ser evaluado como un todo, incluyendo las pensiones autofinanciadas con fondos manejados por la AFP y el componente solidario o APS. La separación en sus componentes es útil y necesaria para planificar los pasos a seguir y para definir qué aspectos del Sistema se requiere apoyar y reformar, pero es claramente incorrecto evaluar el Sistema sobre la base de solo uno de sus componentes”, dice en la página 33 de informe del economista.
Esta postura difiere de la que tienen al menos la mitad de los integrantes de la Comisión Bravo –los que votaron por las Propuestas B y C– que, por un lado, consideran el sistema de pensiones chileno como un simple sistema de ahorro más que de pensiones, pues su objetivo, dicen, está en el ahorro y el uso de dichos recursos en el sistema financiero, más que en ponerse como objetivo asegurar cierto nivel de pensiones.
De hecho, el propio David Bravo, presidente de la comisión y que votó por la Propuesta A, coincidió en que el sistema de AFP creado en Chile es solo de ahorro y que, con el pilar solidario de 2008, pasó a considerarse un sistema mixto.
La posición de Edwards es clara. La participación del Estado en cofinanciar pensiones es clave y permite tener números más reales de sus resultados. Por ello, cuestiona que se separen los números que involucren aportes del Estado y los que no.
Esto le permite decir algo que él mismo califica como políticamente incorrecto y que es que el sistema previsional ha funcionado “relativamente bien” para los hombres. Aunque para ello incluye los APS, impidiendo la evaluación del sistema de capitalización individual en su estado “puro”.
En ese caso, valora y no cuestiona los números de la Comisión Bravo, resaltando que las tasas de reemplazo en Chile para hombres, en todos los niveles de densidad de cotización, son superiores al promedio OCDE (54% de sueldo de los últimos 10 años antes de jubilarse), por ende, consideradas “adecuadas”.
Para Edwards las ideas que plantean los integrantes a favor de la propuesta B apuntan a llevar el sistema local a un “experimento” sin certeza de los efectos que podría generar. Más bien, cree que una apuesta por incluir un pilar de reparto afectará fuertemente la capacidad de ahorro chileno y recuerda la experiencia negativa de Grecia para analogarla con Chile, como un ejemplo de lo que no debe hacerse.
Al mismo tiempo, recuerda permanentemente que las tasas de cotización en Chile –10%, sin considerar comisiones ni Seguro de Invalidez– son casi la mitad que en la OCDE (más de 19%), aunque no explica si dichas cotizaciones vienen de los trabajadores o de empleadores. En efecto, los dos principales motivos por los que las pensiones son bajas en Chile, dice, pasan por que los parámetros demográficos han cambiado sin que en nuestro país se ajustaran las variables vinculadas a ello –como tasa de cotización y edad de jubilación– y las lagunas previsionales de los afiliados –periodos sin cotizar–, vinculados a temas estrictamente laborales, incluyendo la exclusión de trabajadores independientes de la obligatoriedad de cotizar que sí tienen los contratados.
Estas son las claves de su análisis que terminó sustentando el informe de la Asociación de AFP, el cual cuestionó el informe de la Comisión Bravo en cuanto al análisis de las tasas de reemplazo y que, coincidentemente con Edwards, cree que la Propuesta B no es sustentable o al menos no se ha demostrado que lo sea.
El resultado de informe del economista coincide con la mirada de las AFP en los aspectos centrales: las mejoras al sistema de pensiones pasan por elevar la tasa de cotización, equiparar la edad jubilatoria de mujeres (60 años) con hombres (65), aumentar la cobertura del sistema con la cotización de independientes y profundizar el pilar solidario con mayores contribuciones desde el Estado, principalmente a través del APS (Aporte Previsional Solidario) que subsidia las pensiones de quienes tienen pensiones muy bajas.
También coincide en cuanto a sus críticas al nivel “técnico” del informe de la Comisión Bravo, cuestionando las cifras a partir de las cuales se construyeron las estimaciones de tasas de reemplazo, un tema que cruza todo su informe y que el propio Edwards califica como los aspectos principales, a su vez, del informe de la comisión.
Su análisis no es nuevo en este sentido y ya ha sido planteado por las propias AFP en diciembre pasado, cuestionando la base técnica de las estadísticas elaboradas por los comisionados y planteando avanzar en propuestas más vinculadas a edad de jubilación, tasa de cotización, cobertura (independientes) y principalmente, ampliación de pilar solidario.
En esa línea los propios integrantes de la postura B han cuestionado el rol de Bravo como conductor de la comisión, asegurando que nunca hubo disposición del equipo técnico vinculado a la instancia para hacer cálculos y proyecciones que permitieran vestir las propuestas distintas a la A, que fue la única con una estimación financiera más desarrollada.
Así lo han expresado Regina Clark , Andras Uthoff y Claudia Sanhueza , todos los cuales, con matices, afirman que la Propuesta A tuvo predilección del presidente de la comisión en cuanto a la preparación de simulaciones económico-financieras.
Sin embargo, las críticas del economista con la comisión, en cuanto a la ausencia de antecedentes, son claves. En este sentido, advierte que no se proyecta el efecto de las propuestas A y B sobre el mercado laboral, la tasa de ahorro nacional, el equilibrio fiscal y que, adicionalmente, no comparan en qué nivel quedarían los montos de las pensiones con ambas propuestas.
Por cierto, Edwards lo hace estimando en 30 años una caída del 40% de las contribuciones de los afiliados si se opta por la propuesta B.
