Paradojalmente, el proceso en que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) terminó sancionando el viernes pasado a las clasificadoras de riesgo Feller-Rate y Fitch Ratings —por su rol en el caso La Polar— podría ser un disparo en los pies para el regulador.
En su declaración a la SVS el presidente de la Comisón Clasificadora de Riesgo (CCR) y fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, reveló algo que podría jugar en contra de la comisión: nunca pidieron información adicional a las clasificadoras, como le permite la ley, para verificar los informes de Fitch y Feller.
El viernes la SVS multó a las clasificadoras con UF 7.000 por las notas que asignaron a los bonos de La Polar debido a que la calificación no reflejaba la real situación financiera en la que se encontraba la multitienda, lo que habría impedido detectar a tiempo el mayor escándalo financiero de la historia de Chile.
En la resolución quedó al descubierto que las clasificadoras, como parte de su defensa, pidieron la declaración de los integrantes de la CCR, la entidad que tenía la potestad para rechazar las notas asignadas por las clasificadoras a La Polar, medida que determina si las AFP podían invertir en la deuda de la multitienda.
Según información de la SVS, cuatro AFP (Cuprum, Provida, Habitat y Planvital) tenían invertido en La Polar, al 30 de mayo de 2011, un total de US$ 375 millones en bonos de la empresa. El 9 de junio de ese año estalla el escándalo y al 30 de junio del mismo mes el valor de la inversión era de US$ 199 millones.
La CCR la integran un representante de la SVS, de la Superintendencia de Pensiones y de la de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); en representación de estas instituciones acudieron a declarar Lucía Canales, Alejandro Charme y Juan Guillermo Sánchez.
Además, participan cuatro representantes de las AFP, entre ellos, el gerente general de la Asociación de AFP, Francisco Margozini. A declarar concurrió Eugenio Valck Varas y Julio Galvez Boizard.
El rol de la CCR era clave, pues tiene la autoridad para rechazar las notas que asignan las clasificadoras, pedir evaluaciones adicionales y también solicitar —en este caso a Feller o Fitch— todos los antecedentes con los que las clasificadoras evaluaron a la multitienda.
La resolución publicada el viernes pasado revela que Feller y Fitch se defienden con numerosas argumentaciones, entre ellas, que la CCR nunca les cuestionó sus informes ni notas a La Polar. Por ello, alegaron que si la actuación de la CCR no fue negligente, la suya tampoco pudo ser calificada como tal.
La SVS, frente a dicho planteamiento fue clara en afirmar que cumplen funciones distintas: las clasificadoras ponen nota y piden información a los emisores (La Polar) para realizar sus informes; la CCR sólo decide si rechaza las notas y puede pedir una tercera clasificación.
Por ello, según la entidad que dirige Fernando Coloma, la labor de la Comisión está fuertemente influenciada por lo que hacían Fitch y Feller. Aun más, la SVS recordó los cambios que la reforma previsional de 2008 implementó, reduciendo las responsabilidades de la CCR y aumentado las de las clasificadoras privadas.
Pero la SVS agregó un punto que asigna cierta responsabilidad a la CCR: La comisión tenía atribuciones legales para pedir detalle de los antecedentes con los que las clasificadoras analizaron a La Polar y no lo hizo. Hecho que confirmó Charme en sus declaraciones.
«La secretaría administrativa (de la CCR) sí tiene contacto con las clasificadoras de riesgo, entiendo que conversan a menudo. La CCR podría requerir de las clasificadoras privadas la remisión de antecedentes que fundamentaron para otorgar una clasificación. En todo caso no recuerdo que hayamos hecho esto, al menos en este caso por el que estoy declarando con respecto a La Polar», dijo el actual fiscal de la Superintendencia de Pensiones y quien presidía la CCR al estallar el escándalo.
El propio Charme en 2011, al presentarse a la comisión investigadora que constituyó la Cámara de Diputados, debió enfrentar los cuestionamientos de los parlamentarios, en particular del diputado Carlos Montes, quien aludió a la responsabilidad de la CCR en el caso.
En la resolución de la SVS, también respondió Julio Gálvez, confirmando lo dicho por Charme. “A la clasificadora tampoco se le pidió (información), aun cuando hay un artículo (108 DL 3.500) que permite solicitar antecedentes que se tuvieron en cuenta por las clasificadoras, pero no se hizo en este caso por los cambios de clasificación que hizo Feller y luego Fitch que, a nuestro juicio, iban incorporando la información que se disponía de la compañía», afirmó el representante de las AFP.
La potestad de la CCR la refrendó la propia SVS en su resolución contra las clasificadoras.
«En cumplimiento de sus funciones la CCR podrá requerir de las clasificadoras privadas la remisión, en los plazos que determine, de los antecedentes en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a cualquiera de los instrumentos analizados por aquélla», señala el artículo 108 del DL 3.500, citado por el regulador.
Las declaraciones de los integrantes de la Comisión Clasificadora de Riesgo ponen en el ojo de huracán no sólo a sus integrantes, sino a las instituciones que la sustentan.
Hasta ahora, el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados solo determinó responsabilidad en el caso La Polar a las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (que en ese momento dirigía Carlos Budnevich) y de Valores y Seguros (que todavía dirige Fernando Coloma) por su labor reguladora, pero no por su participación directa o indirecta en la CCR.
En ese informe la única entidad que no fue salpicada de responsabilidades es la Superintendencia de Pensiones, que dirige Solange Berstein, cuyo fiscal —Alejandro Charme— es el presidente de la CCR.
El detalle de las declaraciones de los integrantes de la CCR y las actas de la entidad, en especial las de fines de 2011 cuando analizan su rol en el caso La Polar, se harán públicas este jueves cuando se dé a conocer el expediente del proceso sancionatorio contra Feller Rate y Fitch Ratings.
Este último documento, por lo demás, agregaría otro elemento a la discusión, revelado por diario Pulso la semana pasada, pues la propia CCR habría señalado que las clasificadoras no tuvieron responsabilidad en el escándalo, acta que habría sido firmada por el Intendente de Valores de la SVS, Hernán López.
