Argentina, el único país deudor en dificultades en los mercados emergentes y el primero que el Fondo Monetario Internacional ha censurado por publicar datos inexactos, está acometiendo contra Moody’s Investors Service, Standard Poor’s y Fitch Ratings asignando sus propias calificaciones de deuda.
Una ley con fecha 31 de julio que rige los mercados de capitales permite ahora a las universidades públicas inscribirse como calificadoras de crédito y competir con las firmas que el año pasado rebajaron a Argentina hasta ocho niveles por debajo de grado de inversión. Los costos de endeudamiento del país en el exterior, en 13,65 por ciento, son los más altos entre 57 países en desarrollo monitoreados por JPMorgan Chase Co.
La ley, que también prohíbe a las compañías calificadoras presentar recomendaciones relacionadas con la política, constituye el intento más reciente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aumentar su influencia sobre la economía habilitando a instituciones estatales como árbitros de la calidad crediticia, dijo María Castiglioni, economista en la empresa de investigación C&T Asesores Económicos. Fernández impuso multas a economistas cercanas a los US$ 100.000 por haber dicho que la inflación alcanzaba más del doble de la tasa oficial de 10,5 por ciento, confiscó al productor petrolero más grande del país y prohibió la mayoría de las compras en dólares.
“Las agencias oficiales pueden perfectamente ejercer presión sobre las calificaciones”, dijo Castiglioni en una entrevista telefónica desde Buenos Aires. “Son universidades públicas financiadas con presupuesto estatal”.
Las universidades pueden verse obligadas a otorgar a las empresas y las provincias calificaciones que establezcan que sus títulos están en condiciones de ser comprados por aseguradoras y fondos de inversión, dijo Castiglioni. En octubre, Fernández dijo que la ley obligará a las aseguradoras a invertir hasta 30 por ciento de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura.
La ley “cambia los principios para medir el riesgo crediticio”, dijo Alejandro Vanoli, presidente del organismo nacional conocido como CNV (Comisión Nacional de Valores), en comentarios subidos al sitio Web presidencial. “Hasta ahora han sido manejados únicamente por un oligopolio de calificadoras de crédito”.
El 31 de julio, la víspera de la publicación de la ley en la gaceta oficial, el ministro de Economía Hernán Lorenzino escribió en su cuenta oficial de Twitter: “El fin del oligopolio. Las universidades nacionales pondrán la nota”.
Moody’s no puede hacer ningún comentario sobre el impacto de la ley en la empresa dado que la CNV todavía no ha completado las regulaciones, dijo la empresa en un comunicado por correo electrónico. Elizabeth Fogerty, una portavoz de Fitch, se negó a hacer declaraciones.
“Celebramos la competencia”, dijo S&P en un comunicado por correo electrónico. “El mercado se beneficia con una diversidad de opiniones sobre el riesgo crediticio que sean independientes, transparentes y comparables en todas las clases de activos y geografías”.
La nueva ley habilita a la CNV a supervisar a las empresas calificadoras, a designar observadores con facultades de vetar los directorios de las empresas que cotizan en bolsa, y, de ser necesario, tomar el control de esas empresas durante 180 días para proteger los intereses de las partes interesadas minoritaria
