Representantes de todos los gobiernos nacionales se reúnen esta semana con miras a un acuerdo global sobre el clima, y la sede de la reunión –Lima, Perú- ofrece enseñanzas de extrema importancia a los negociadores.
En el debate sobre cómo abordar el cambio climático, hay una notoria brecha entre los niveles de reducción de carbono que debe lograr el mundo para evitar las peores consecuencias del calentamiento global y el nivel de reducción que los gobiernos nacionales se han mostrado dispuestos a efectuar hasta ahora. Cerrar esa brecha exigirá que ciudades y empresas –los principales motores de emisiones de carbono- desempeñen un importante papel, y la experiencia de Lima constituye un ejemplo.
Lima obtuvo hace poco una mejora de su calificación crediticia con ayuda de asistencia técnica del Banco Mundial y otras organizaciones. Tal vez no parezca un gran avance, pero hay que tener en cuenta que, sin la calificación crediticia, tomar préstamos para invertir en tránsito masivo era demasiado caro para el gobierno de Lima. Con la nota crediticia, la ciudad obtuvo US$130 millones para mejorar su sistema de tránsito rápido de autobuses. Eso reducirá de forma significativa la contaminación de carbono de uno de los sistemas de transporte más caros del mundo, además de contribuir a reducir la congestión del tráfico, lo cual ahorra dinero a las empresas y aumenta la productividad.
Invertir en infraestructura moderna baja en carbono es una de las mejores formas de reducir las emisiones, al tiempo que también impulsa el crecimiento económico. Esas inversiones suponen enormes ventajas para empresas y habitantes urbanos, pero los gobiernos municipales suelen no poder hacerlas porque carecen de acceso a los mercados de crédito.
El Banco Mundial estima que sólo el 4 por ciento de las 500 mayores ciudades de los países en desarrollo tiene una calificación crediticia reconocida en el ámbito internacional, y sólo el 20 por ciento tiene calificación local, lo que las pone en una situación de escasa capacidad de financiamiento de mejoras de infraestructura. Lima es una de las pocas ciudades de la región que ha obtenido estatus crediticio, pero en el mundo hay centenares de ciudades que podrían beneficiarse de una instancia similar.
Proporcionar a las ciudades acceso a los mercados de capital es de una efectividad poco común en términos de costos. Los US$130 millones que obtuvo Lima fueron posibles porque el Banco Mundial gastó US$750.000 para proporcionar la asistencia técnica necesaria. En el terreno del desarrollo global, donde los recursos son escasos, mejorar las calificaciones crediticias ofrece oportunidades atractivas tanto para los países como para las organizaciones de asistencia.
Lima debe ser el comienzo. Tan sólo en el mundo en vías de desarrollo, las ciudades tienen alrededor de US$700.000 millones de demanda anual de proyectos de infraestructura sostenible, tales como transporte, energía, tratamiento de residuos y abastecimiento de agua. Proporcionarles acceso al crédito podría convertirse en una de las vías más efectivas para combatir el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y –al reducir la contaminación- mejorar la salud pública.
Alrededor del 70 por ciento de las emisiones de carbono procede de ciudades, y un reciente informe determinó que si las ciudades del mundo tomaran medidas audaces pero viables para reducir sus emisiones, el impacto colectivo equivaldría a reducir a la mitad el uso de carbón en los próximos 40 años. Al tener mayor acceso al crédito, esas reducciones serían mucho mayores.
Los negociadores que participan en la reunión de Lima deben garantizar que el acceso al crédito forme parte de la agenda. Si más gobiernos nacionales empoderan a las ciudades para que puedan participar en los mercados de capital, fortalecerán sus motores económicos al tiempo que aumentan su capacidad de fijarse objetivos de reducción de carbono ambiciosos y concretarlos. Hay pocas medidas que ofrezcan esa posibilidad de progreso a tan bajo costo.
También hay medidas que los países pueden tomar para alentar la inversión del sector privado en infraestructura, y no hace falta que comprendan subsidios. En buena parte del mundo, las fuentes de energía renovable ya son más accesibles que los combustibles fósiles, una tendencia que es probable que continúe a medida que avanza la tecnología y declinan los costos de producción.
Tomemos el caso del vecino del sur de Perú, Chile. Es sede de varias compañías solares que concretan trabajos en nuevos proyectos de generación de energía que suponen más de un gigavatio, lo cual alimenta ciudades y grandes industrias, entre ellas las grandes minas de cobre del país. La energía solar –que durante mucho tiempo se considera una fuerte energética de nicho- constituirá la columna vertebral de la red de energía baja en carbono del país. El desarrollo comenzó antes de que Chile aprobara este año un modesto impuesto al carbono, el cual alentará una inversión aun mayor en energía renovable.
El cambiante mercado de energías renovables crea oportunidades para que otros países sigan un camino similar. Un reciente estudio de Bloomberg New Energy Finance determinó que Turquía podía crear un mercado nacional de energía limpia a aproximadamente el mismo costo que las plantas de carbón convencionales que planeaba pero con los beneficios agregados de un aire más limpio, una mejor balanza comercial, más empleo en manufactura y menos emisiones de carbono. Lo mismo se aplica a muchos otros países del mundo.
El reciente acuerdo climático que alcanzaron los Estados Unidos y China fue importante paso hacia la cooperación global, dado que por primera vez los dos mayores usuarios de energía del mundo se reunieron, reconocieron oficialmente que a ambos les convenía abordar el tema y se comprometieron a cumplir puntos concretos relacionados con el clima.
La reunión de Lima ofrece una gran oportunidad para que los gobernantes nacionales avancen sobre la base de ese progreso. Ciudades y empresas son socias naturales para los gobiernos nacionales. Después de todo, la mayor parte de las empresas tiene sede en ciudades, y la mayoría de las ciudades está en zonas costeras. Ambos tienen incentivos para mitigar los peores efectos del cambio climático. Por otra parte, con las herramientas adecuadas, los dos pueden contribuir a encabezar el camino hacia el objetivo de un acuerdo climático global en París el año próximo.
