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Opinión: El negocio de las Compras Públicas detrás de la catástrofe

por 6 abril, 2015

Opinión: El negocio de las Compras Públicas detrás de la catástrofe
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El anuncio de más de 6 mil millones de pesos que irán en directa ayuda a nuestros compatriotas del norte, constituye un pequeño respiro a poco más de una semana de la catástrofe. Los fondos destinados a la emergencia, según se anunció, serían canalizados a través de los municipios.

Cuando se produce una catástrofe de magnitudes nunca vistas, como la que estamos sufriendo, es muy complejo coordinar toda la ayuda, por su magnitud, origen y diversidad. De tanta o mayor relevancia es disponer a tiempo de lo más básico para enfrentar los primeros requerimientos de la emergencia.

Al respecto, nuestra normativa es clara: todo aquello que se adquiera debe regirse por la Ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública. Así se establece en el artículo Nº 8 letra c) de la Ley y el Artículo 10 numeral 3) del Reglamento respectivo.

Por otro lado, el artículo Nº7 letra d) del Decreto Nº 369 del año 1974, otorga al Director de la Onemi la facultad de "celebrar directamente actos y contratos para atender las necesidades de abastecimiento y auxilio", previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, una cosa es lo que dispone nuestra legislación y otra muy distinta lo que acontece en la realidad. Hoy, en el vasto escenario de la catástrofe, ha irrumpido con mucha fuerza el problema de sobreprecios en la adquisición de alimentos, enseres y herramientas de imperiosa necesidad. 

La lógica de adquisición que se ha impuesto en nuestro país, obliga a las instituciones públicas a comprar cualquier producto o servicio a través de los denominados Convenios Marco (CM). Si lo que se necesita no está comprendido en ellos, procede la licitación pública, a continuación la licitación privada y, finalmente, de manera excepcional, se admite el trato directo.

Nuestra legislación establece que, en caso de emergencia, urgencia o catástrofe, se puede comprar vía trato o contratación directa.

Obviamente lo ocurrido en el norte posee esas connotaciones y mucho más.  Es la mayor devastación de nuestra historia producida por un aluvión. Las necesidades de nuestros compatriotas son de una urgencia extrema. Aun así, no se justifica por ningún motivo que los municipios y/o el gobierno central estén comprando distintos artículos a precios absurdos, echando por tierra la eficiencia del gasto público.

Por ejemplo, una pala que en cualquier ferretería o retail se cotiza entre los 6 mil u 8 mil pesos, la Municipalidad de Copiapó la está adquiriendo sobre los 21 mil pesos (detalle). 500 palas a ese costo es un pingüe negocio para el privado que saca provecho de la desgracia, pero una muy ineficiente forma de optimizar los recursos por parte de la autoridad.

Basta sumar las órdenes de compra emitidas por los distintos municipios afectados por el aluvión, para tener la magnitud de los sobreprecios que se están pagando. Todos estamos por que la ayuda llegue lo más rápido posible. Pero eso no justifica estar comprando al triple del valor de mercado.

La constatación de esta realidad, nos obliga a replantear el modelo de los “convenios marcos” y por cierto los precios de los productos que actualmente se encuentran dentro de ese formato. La Dirección de Compras y Contratación Pública está obligada a dar cuenta de aquello.



No es aceptable que, existiendo un organismo especializado en compras y abastecimiento, se lleven a cabo adquisiciones que superan por 2 y hasta 4 veces el valor de mercado de los productos y servicios. Y para peor, los más requeridos en la emergencia.

Nuestro país, top ten mundial en tragedias naturales, debe sacar lecciones positivas para enfrentar, de la mejor manera posible, otros eventos que sin duda vendrán en el futuro. Estamos mal si empresas proveedoras del Estado, en circunstancias como la que vivimos, impunemente, emplean un mezquino y desvergonzado afán mercantilista para venderle al propio Estado. Y peor aún: existiendo instrumentos para regular estos actos y hacer más eficientes los recursos de todos los chilenos, la autoridad actúe de manera displicente y sin ninguna capacidad de reacción.

Los más de 6 mil millones de pesos en ayuda a quienes están sufriendo en el norte, también van a  llegar a manos de privados. Pero ha de ser  de manera digna, sin usura, con parámetros de comercio justo y sin la lógica voraz del especulador profesional.

Miguel Caniuqueo, Fundador de Compraspublicas.cl 

Nelson Ávila, ex Senador de La Republica

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