“No es muy bonito”, así calificaron algunos corredores el remate que ayer ejecutó Bci del 1,7% de Gasco. Una operación indivisible, que valoró las acciones de la compañía un 15% por sobre sus cotizaciones al cierre de la sesión previa en Bolsa y que, por sus características, obligaba al comprador a pagar durante el día los $16.205 millones (US$26,6 millones) en los que finalmente se subastó este paquete.
Todas ellas, características que hicieron recordar las cuestionadas subastas que sancionó la SVS en el Caso Cascada, remates que en lo formal cumplieron con la normativa de la Bolsa pero que, entendidos en el marco de un esquema, significaron infracciones a la Ley de Valores.
En este caso, “lo que es un poquito feo es el por qué no se le da la oportunidad al resto de los minoritarios de vender a $5.700, un tema que lo soluciona la ley de OPA, pero que en este caso no se gatilla”, sostiene un corredor cuya visión es compartida y también resistida por varios ejecutivos consultados por este medio.
De hecho, la corredora Jaime Larraín puso en venta un lote de 177 mil acciones a un precio de $5.690 por acción, un paquete que se armó sobre la lógica de que, si un comprador estaba dispuesto a comprar el del Bci, por qué no lo haría también por uno más chico e incluso marginalmente más barato. Esto, porque la existencia de un comprador se da por sentado, que en este caso fue la familia Pérez Cruz –los segundos mayores accionistas de Gasco–, ya que una corredora no inscribe un remate un 15% más caro porque sí. Pero la oferta de la tradicional corredora se declaró desierta, lo cual para algunos da por hecho una eventual concertación de las puntas en la orden ejecutada por Bci.
“Así funciona la Bolsa. Una concertación entre el comprador y el vendedor pasa muchas veces. Es lo que hace un corredor. El verdadero problema es impedir que funcione el mercado, impedir que el remate sea desafiable”, afirma un ejecutivo. Por lo tanto, si se lleva a Bolsa un remate hay que estar dispuesto a la posibilidad de que surjan ofertas o demandas inesperadas. Es más, “negociar fuera de la rueda es lo que hay que hacer para este tipo de montos”, puntualiza la misma fuente, que legitima la operación de la corredora del grupo Yarur.
En este caso nadie desafió el remate, pues la condición pagadera hoy (PH) hacía difícil la irrupción de otro comprador, menos por un paquete con una diferencia 15% en el precio y por US$ 25 millones.
La subasta cumplió con todas las normas de la Bolsa. Se inscribió a las 10:45 del lunes y se remató a las 9:15 de ayer, un espacio de 23 horas y media. Aunque con los cambios al reglamento que propuso el directorio de la plaza, no habría sido posible. Para las subastas de entre UF300 mil y UF1 millón la difusión mínima sería de 24 horas y no las 20 horas actuales. Dicha propuesta también obligaría a los compradores de un remate a elegir la oferta más barata, siempre y cuando considere el mismo número de acciones. Es que, como sostienen en la Bolsa, las ofertas son por un precio y una cantidad determinada de acciones, no da lo mismo cuántos títulos se ofertan. Eso explicaría por qué Pérez Cruz pagó una prima de 15% por las acciones que compró: se aseguraba que nadie le quitaba el paquete.
Además, al pasar la transacción por Bolsa hay beneficios tributarios.
Las compras de Pérez Cruz
La compra del 4,88% que recientemente hizo la familia Pérez Cruz de la propiedad que tenía la familia Marín incrementó su participación a un 18,3% y supuso que ahora saldría a comprar el 3,5% del grupo Almería, de la familia Hornauer, lo que en total los dejaría con cerca del 22%.
En el contexto de esas operaciones se habría ejecutado el remate de ayer, antecedido ya por compras que también se efectuaron a $5.700.
Y así es lo que informó la Bolsa respecto de lo que fueron las compras hechas por las distintas sociedades ligadas a Pérez Cruz: Inmobiliaria Liguai alcanzó un 9,36% de Gasco, Inversiones El Maqui un 4,32% e Inmobiliaria Lomas de Quelén un 3,06%.
Este medio intentó tener la visión de la SVS, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
