El 4 de junio de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora encargada de abocarse a conocer el rol que les cupo a las autoridades del gobierno anterior en el “Caso Cascadas”, investigado por la Superintendencia de Valores y Seguros, particularmente en lo que dice relación con eventuales conflictos de interés.
La instancia además se abocó al estudio de la normativa que regula las facultades fiscalizadoras de las superintendencias de Valores y Seguros, y de Pensiones, junto al fortalecimiento de la transparencia del mercado bursátil.
Una de las aristas investigadas fue el eventual involucramiento de autoridades de gobierno en una contienda empresarial de envergadura, que incluiría al ex presidente de la República, Sebastián Piñera.
Luego de 15 sesiones, la comisión resolvió entregar recomendaciones para mejorar la institucionalidad, elevar la seguridad del mercado de capitales, tener una legislación que permita mejorar la capacidad investigativa de estas instituciones y evitar el conflicto de interés que se da en la bolsa de valores.
El informe señala que “dada la existencia de correos electrónicos indubitados y testimonios de primera fuente que permiten suponer la existencia de un interés concreto en un determinado negocio o transacción bursátil por parte del ex presidente Sebastián Piñera E., sumado a la información entregada por el Fiscal José Morales, quien sostuvo y asegura que no existe delito alguno si una persona miente en su declaración ante la Fiscalía, pero siendo imposible examinar el fuero interno de los involucrados, no es posible para esta Comisión determinar con absoluta certeza si el Sebastián Piñera E. cumplió o no con su deber público de abstención de involucrarse en negocios privados de su interés en su calidad de Presidente de la República a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados.”
El documento rechazado por la Cámara, plantea a futuro “tomar mayores resguardos a la hora de utilizar figuras del derecho privado, como el fideicomiso ciego, en materias de índole público, para lidiar con potenciales conflictos de interés entre la esfera privada del ciudadano y la función pública que ejerce. Es deber del Estado el proteger dicha función pública de forma tal de caucionar de la manera más estricta posible dicha dualidad.
