Javier Soto, quien ya ha hecho noticia por pregonar una suerte de homofobia religiosa y por acosar a miembros del Movilh e Iguales, insultó a los legisladores y protagonizó un forcejeo con Cristián Monckeberg (RN), hasta que fue sacado del lugar por los guardias del Congreso.
Por 11 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general el martes último la idea de legislar el proyecto que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), en una sesión que terminó con la irrupción del «pastor» evangélico Javier Soto, quien una vez realizada la votación arremetió con gritos e insultos contra los parlametarios, protagonizando un forcejeo con el diputado RN Cristián Monckeberg hasta que fue sacado de la sala por los guardias del Congreso.
Al comentar el episodio, el diputado de Amplitud Pedro Browne, lo consideró «lamentable» y afirmó en CNN Chile que «cuado uno abre un debate como el que se está dando en la Cámara de Diputados respecto al Acuerdo de Vida en Pareja con mucha altura de miras (…) donde se respetan las posiciones diferentes, porque creo que es entendible que haya gente que está en contra del AVP, esto está completamente fuera de libreto, porque aparece este hombre al final de la sesión con un escándalo sin ningún tipo de provocación, simplemente queriendo insultar o agredir a las personas que ahí están interviniendo. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que evitar, ponerle algún tipo de medida para que esto no vuelva a ocurrir».
Por lo anterior instó a que este tipo de personas dejen de ingresar a las comisiones, entre otras razones, por la necesidad de contar con mayor seguridad. En ese sentido, cuestionó que Soto –quien ya ha hecho noticia por pregonar una suerte de homofobia religiosa y por acosar a miembros del Movilh y de Iguales– contara con una credencial que le permitía desplazarse libremente por las dependencias del Congreso Nacional.
Browne, en tanto, fue uno de los 11 parlamentarios que aprobaron la iniciativa. En declaraciones recogidas por la web de la Cámara de Diputados, consideró que este instrumento les dará solución a todas las parejas de convivientes, más allá de solo las parejas del mismo sexo que podrían ser abordadas en la idea de un matrimonio igualitario. Agregó que es «la decisión y libertad que se da a las parejas de elegir entre el matrimonio, el AVP o seguir en una relación de convivencia como hoy».
Por su parte, su par de la DC, Fuad Chahin, no ocultó sus aprensiones con la facilidad que se establece para disolver este acuerdo, y que no se regule adecuadamente un estatuto jurídico de protección una vez concluido el AVP, como deberían ser las obligaciones de cuidado personal, alimentos o relación directa con los menores, cosas que sí se exigen en caso de disolución del vínculo matrimonial.
Por su parte, el PPD Guillermo Ceroni descartó que el AVP deblite la institución matrimonial, ya que considera que lo que existe hoy es que muchas personas no quieren optar por el matrimonio y el AVP se abre como una posibilidad más y se debe respetar la libertad de las personas para optar.
El único voto en contra fue el del diputado de la UDI Arturo Squella. «Se nos dijo que esto les va a solucionar el problema a dos millones de convivientes y ha quedado de manifiesto, después de la exposición de nuestros invitados –por cerca de dos meses– que no es así”.
Durante la jornada, la comisión escuchó la opinión del arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien expresó que el texto despachado por el Senado «se parece mucho a un estatuto matrimonial» y que se debería sincerar el debate, porque lo que en realidad el país quiere es discutir sobre el matrimonio igualitario.
Chomalí centró su opinión a los alcances del AVP, en cuanto a la convivencia de las parejas en desmedro del matrimonio. Criticó que la normativa en trámite conceda iguales derechos que a éste último, pero pocas responsabilidades a los contrayentes, así como la facilidad que se establece para poner término al acuerdo.
Consultado sobre su postura frente al AVP entre personas del mismo sexo, el arzobispo de Concepción afirmó que, sin hacer un juicio moral, hay hechos de relevancia pública, «como es la capacidad de un hombre y una mujer de tener hijos», lo cual es la base de la estructura de cómo se compone la sociedad y que, en cambio, la relación entre dos personas del mismo sexo está más bien en una esfera privada y no debería corresponder al Estado la misión de regular todo tipo de relación afectiva.
Asimismo, intervino ante la comisión la periodista Erika Montecinos, de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, quien valoró el avance que implica esta iniciativa.
«Nos parece un avance sustantivo e igualitario», manifestó, pero criticó que un tema gravitante como la filiación esté ausente, porque le niega expresamente derechos de filiación a una pareja bajo este acuerdo, y solicitó incorporar los derechos de ambas madres en el cuidado del hijo, alegando el derecho de las dos y de los hijos a ser parte de una familia.
Asimismo, intervinieron ante la comisión dos parejas de convivientes, quienes abogaron por los derechos de sus hijos, exigiendo que se legisle sobre la filiación de las familias homoparentales, especialmente sobre las mujeres.
En concreto, Claudia Calderón afirmó que, tal como está redactado el proyecto, no sirve para regular el vínculo actual con su hija y se le está negando el reconocimiento a sus derechos fundamentales.
El AVP es entendido como un contrato celebrado por dos personas para regular jurídicamente los efectos de su relación afectiva. A los convivientes que celebren este contrato se les reconocerá el estado civil de pareja civil, generando los derechos y obligaciones que la presente iniciativa establece.
El AVP se celebrará ante el Registro Civil y para su validez será necesario que los contrayentes sean mayores de edad, tengan la libre administración de sus bienes y no tengan alguno de los impidementos señalados por la ley, los cuales son similares a los que se establecen en el caso del matrimonio.
Este acuerdo, además, genera un parentesco por afinidad con los familiares del conviviente, mientras el acuerdo esté vigente y regula los derechos de herencia entre los convivientes, además de otras materias.
