Opinión
La polémica radica en la disputa por el derecho de las familias a elegir el tipo de educación sexual y moral de sus hijos y el deber del Estado de educar a toda la población escolar en el desarrollo de una sexualidad sana y la urgencia de implementar políticas de integración y no discriminación para NNA diversas.
Este 28 de junio, y en el marco del Mes del Orgullo, se cumplen 54 años de la revuelta de Stonewall en Nueva York. En Chile, por otra parte, se conmemoró hace unas semanas el aniversario número 50 de la primera protesta de la diversidad sexual desarrollada en Plaza de Armas, por reconocimiento de los derechos homosexuales y el fin del hostigamiento policial de que eran objeto, en pleno Gobierno de la Unidad Popular. La protesta del domingo 22 de abril de 1973, sería seguida por otras manifestaciones que fueron aplacadas y silenciadas antes de que ocurrieran (según la prensa de la época), luego vino el Golpe de Estado y cualquier politización de las identidades sexogenéricas quedó postergada hasta los inicios de nuestra transición democrática.
Sin embargo, en el contexto de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, y luego de un largo y difícil proceso de avance en derechos de las diversidades sexogenéricas desde 1998 hasta hoy día, el debate no avanza e incluso parece retroceder en medio del predominio de un barroco conservador, que parafraseando a Diamela Eltit –en una entrevista reciente en un medio digital– defiende estructuras de poder que creíamos desestabilizadas e indefendibles, como la heterosexualidad, la dictadura y el neoliberalismo. Las discusiones de los últimos días parecen darle la razón.
Este 1 de junio las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas LGTBIANB+ expresaron su frustración con la Cuenta Pública del Presidente Boric, quien de manera muy general ratificó el respeto a las diversidades, pero no planteó ninguna medida concreta en favor de los proyectos que amplían la Ley Antidiscriminación de 2012 y la Ley José Matías, que proponen la creación de una institucionalidad que asegure que en nuestra sociedad no siga existiendo discriminación por orientación sexual e interseccional. El clima en torno a los temas de género y diversidad sexual en el medio político estaba revuelto y no convenía agitarlo más.
Desde el 17 de mayo, la derecha había reflotado sus críticas por la agenda de género y diversidades del gobierno por la actualización de la normativa de inclusión LGTBIANB+ del Ministerio de Educación. A raíz de este conflicto, se está amenazando con una interpelación y posterior acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Sobre esta acción, organizaciones sociales y partidos políticos conservadores han dicho que no es provocada por la homofobia, pero se oponen a las políticas de Educación Sexual Integral (ESI), y han desplegado una confusa campaña mediática en la que se exponen contenidos e imágenes de instructivos de normativas anteriores al actual Gobierno, y no han presentado hasta la fecha un análisis informado de la normativa publicada en mayo pasado.
La polémica radica en la disputa por el derecho de las familias a elegir el tipo de educación sexual y moral de sus hijos y el deber del Estado de educar a toda la población escolar en el desarrollo de una sexualidad sana y la urgencia de implementar políticas de integración y no discriminación para NNA diversas. El documento actualizado y concretamente producido por el Ministerio de Educación es titulado “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno” y está dividido en seis cuadernillos con orientaciones específicas para las comunidades educativas, en donde se instruye sobre los derechos de los NNA diversos, los cuerpos legislativos nacionales e internacionales que los protegen, en otros se educa a estudiantes y profesores sobre los tipos de identidades de género y orientaciones sexoafectivas y sugiere estrategias de comunicación e integración de esta población escolar que, según datos del Instituto Nacional de la Juventud, potencialmente puede llegar al 12% de los NNA insertos en el sistema educativo.
La iniciativa no es solo sexualidad, contempla la construcción de un clima y ética pública escolar libre de discriminación y violencias hacia personas LGTBIANB+. Esta política de inclusión además es interseccional, pues entrega estrategias para incluir y respetar disidencias sexogenéricas que además presenten algún tipo de discapacidad, vulnerabilidad social o racial, étnica, etc. Es una política para, desde las comunidades educativas, hacernos cargo de la diversidad de la sociedad que hoy tenemos.
En marzo recién pasado, Renato, un adolescente de 14 años, se suicidó en Cauquenes como resultado de las múltiples vulneraciones de sus derechos y hostigamiento de sus pares en su comunidad educativa. El colegio, en el pésame escrito a la familia, irrespetó a Renato al usar su nombre registral y no su nombre social. Este hecho, entre otros, da cuenta de la falta de herramientas de las comunidades escolares para proteger y respetar los derechos de las infancias y adolescencias diversas. Por tanto, ¿qué es lo que molesta a los opositores a la ESI y orientaciones de inclusión para NNA LGTBIANB+ en el ámbito escolar?; ¿estamos frente a un conflicto de sexualización de las infancias, o estamos frente a una problemática de derechos humanos? Hoy, cuando el debate público ha vuelto a situar a los derechos humanos en el centro de los argumentos antinegacionistas de las atrocidades y violencias de la dictadura, ¿cuál es el lugar de los derechos de las diversidades sexogenéricas en los derechos humanos?
En estos días en que desde trincheras políticas democráticas de centro y progresistas se alzan voces para defender las memorias del golpe de Estado de 1973 y se argumenta desde los derechos humanos para rebatir el negacionismo y los rescates de la figura del dictador Pinochet, hemos retrocedido a los años noventa en el debate de un marco civilizatorio de nuestra sociedad en donde el respeto a los derechos humanos debería ser un punto de partida hacia derechos sociales más amplios. Sin embargo, estamos como hace 33 años instalando nuevamente la irrefutabilidad de las desapariciones, las ejecuciones políticas, la tortura y el exilio, tratando nuevamente de convencer a una parte de la sociedad que, en estas décadas de gobierno democrático, aún no quiere enfrentar nuestro pasado, ni su lugar en las complicidades con los hechos de violencia que caracterizaron los 17 años de una de las dictaduras más feroces de América Latina.
Sin embargo, así como es necesario retomar el debate en torno a violaciones a los derechos humanos para desmantelar relativismos y tergiversaciones de nuestra historia reciente, es preciso, también, actualizarlo y sacarlo de la neutralidad o binarismos de género con que se representan este tipo de violencias. En marzo pasado, se intentó crear un día de la visibilidad lésbica en el aniversario de la muerte de Mónica Briones en dictadura, pero se desechó la iniciativa por las críticas que generó, porque coincidía con el día de la bandera instaurado por la dictadura. Como Briones, muchos y muchas personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas y reprimidas en dictadura, sin embargo, en función de su orientación sexual también les hemos negado su derecho a la memoria.
Los derechos humanos son un marco normativo nacional y global que excede la dictadura y que debemos estar permanentemente revisando y ampliando en contextos democráticos. En estas tres décadas de posdictadura, han sido un parámetro de medición de la calidad de nuestra democracia y desde la sociedad civil hemos cuestionado el actuar estatal y policial en La Araucanía y en el estallido social, como contextos en donde han existido vulneraciones a los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas. En la última década y en especial desde 2018 con el Tsunami Feminista y el proceso constitucional anterior, parecía que habíamos avanzado en materia de derechos LGTBIANB+, al menos había una disposición a debatirlos, conversarlos, y habían logrado permear la agenda electoral y programática de coaliciones políticas de derecha e izquierda. Desde ese contexto es que se han posicionado los debates y políticas públicas en torno a derechos LGTBIANB+ en educación, memoria y otros ámbitos de nuestra sociedad.
La historiadora Lynn Hunt, quien ha estudiado la construcción de los derechos humanos desde la formación de subjetividades sociales en torno a la empatía con el sufrimiento y el dolor humano, dice –en un debate publicado en 2106 en la revista Past and Present– que los derechos humanos surgen en largos procesos de construcción histórica en donde las sociedades reaccionan a formas de violencia, a través de profundos cambios culturales que frente a la constancia de un tipo de exclusión o sufrimiento humano, nos volvemos más empáticos y somos capaces de ver la existencia de otros. Así, en marchas, movimientos y expresiones culturales en torno a derechos de género, raza, clase y sexualidad se hacen latentes demandas que movilizan cambios y producen nuevas formas de derechos. Según Hunt, los derechos LGTBIANB+ son un claro ejemplo de esto.
Estos derechos no están ni por sobre ni por debajo de los derechos humanos que hemos tratado de defender y reivindicar desde el fin de la dictadura, son tan urgentes como cualquiera de estos, porque implican la sobrevivencia de algunas comunidades como los NNA trans, y la posibilidad de alcanzar formas de igualdad y equidad social cuando marcas de clase, raza o etnicidad excluyen, discriminan y marginan interseccionalmente a las diversidades sexogenéricas.
A 50 años del golpe de Estado de 1973, el debate público y la voluntad política de grupos conservadores de derecha e izquierda parecen estar negando uno de los cambios culturales más importantes de la transición democrática.
