Opinión
La discriminación se vive en todo el territorio nacional y, muchas veces, con mayor crudeza en las zonas aisladas, en donde los esfuerzos por avanzar en esta materia pueden llegar tarde.
El 89,3% de las personas pertenecientes a la población LGBTIQA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer, Asexual) han vivido al menos un episodio de discriminación en su vida según el Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+, publicado el 2021 por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Otro antecedente alarmante es que las instituciones vinculadas al Estado están entre los espacios en donde las personas encuestadas acusan haber sufrido estas discriminaciones.
Lo anterior nos invita a reflexionar con urgencia sobre las acciones que el Estado debiese incorporar para resguardar los derechos humanos de las personas de esta población. Una de ellas, es asegurarnos que quienes trabajan en los servicios e instituciones públicas asistan a instancias de sensibilización en materia LGBTIQA+, conociendo y respetando la normativa vigente en torno a la Ley N°20.609, conocida como Ley Antidiscriminación, que establece medidas contra la discriminación arbitraria.
Buscando responder a esas urgencias se orienta el trabajo coordinado que se selló con un compromiso de colaboración entre el Observatorio de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), y la Red Diversa de Municipalidades, que agrupa a más de 50 municipios que cuentan con Oficinas de Diversidad, Inclusión y No Discriminación a lo largo del país, fomentando capacitaciones para quienes trabajan en organismos estatales, buscando prevenir y terminar con los tratos discriminatorios tanto al interior de la gestión pública como en la atención a personas.
En el año 2021 se capacitaron 4.101 personas en 120 jornadas, mientras que en el año 2022 fueron 3.243 personas en 66 sesiones facilitadas por el Observatorio. Sin embargo, en un contexto donde avanzan los discursos de odio, lo anterior no es suficiente y debemos aumentar, coordinadamente, la acciones enfocadas en garantizar un buen trato, amable y respetuoso hacia quienes poseen una identidad de género, expresión u orientación sexual distinta a la normatividad heterosexual.
La discriminación se vive en todo el territorio nacional y, muchas veces, con mayor crudeza en las zonas aisladas, en donde los esfuerzos por avanzar en esta materia pueden llegar tarde. En pleno 2023, no podemos simplemente pedir “tolerancia” –como si la diferencia resultara, en muchos casos, intolerable– sino que avanzar en medidas que, en distintas escalas y esferas, contribuyan a terminar con la discriminación arbitraria.
Por ello, trabajar de manera colaborativa con las Oficinas Municipales de Diversidad es clave para llegar donde hoy no estamos presentes y para recoger las experiencias de quienes están en contacto directo con la población LGBTIQA+ en distintos territorios. Con la urgencia de avanzar en el pleno respeto de los Derechos Humanos, podemos trabajar desde el Estado por todas las personas que habitan Chile, en toda su diversidad.
