Señor director:
El transporte rural en la Región Metropolitana ha estado históricamente abandonado por el Estado. Cabe en la categoría de servicio “no regulado” y eso ha hecho que funcione a su suerte, en general, con malas experiencias.
La situación es realmente crítica, no sólo por el contraste con el Transantiago que está tan cerca y no las considera, sino sobre todo porque para la política estatal tampoco son regiones y quedan en una zona gris, completamente invisibilizadas. Gran parte del presupuesto estatal está secuestrado por las sietes empresas privilegiadas que componen esta política y ningún gobierno de ningún sector, hasta hoy, le ha puesto coto. Por el contrario, el descontrol es total y el temor es que eso sea parte del negocio.
Si ya son cuestionables en todo Chile los costos de las micros de Santiago, como así también la ineficiencia y los valores de subsidio por pasaje de este sistema planificado centralmente, sorprende que del fondo espejo no se destine un porcentaje relevante para subsidiar directamente la operación del transporte rural, lo que perfectamente se podría a hacer para bajar las tarifas, y en el mediano plazo, recuperar la frecuencia y las coberturas en estas zonas.
El problema ahí es que los gobiernos regionales, en particular del gobernador Orrego, se niegan a hacerlo. En la medida que todavía persista la idea entre nuestras autoridades de que existan ciudadanos de primera y segunda categoría, y que los interés personales están por sobre el bien común, será imposible contar con un transporte público digno como al que tanto se aspira en las zonas rurales.
Juan Irarrázaval
Diputado del Partido Republicano
