Todas ellas están acusadas de la desaparición de ciudadanos de origen italiano en dicha acción acordada por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia para acabar con los opositores en las décadas de 1970 y 1980.
Un total de 140 personas entre dictadores, ministros y jefes de los servicios secretos y policía de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay serán previsiblemente juzgados en Roma por la desaparición de 25 italianos en el marco de la llamada «Operación Condor».
La juez de Roma para la investigación preliminar Luisianna Figliolia emitió, tras la petición del fiscal Giancarlo Capaldo, 140 órdenes de detención de ciudadanos latinoamericanos y el siguiente paso será el probable envío a juicio, aseguran este jueves los medios de comunicación.
Por el momento, de estas 140 personas sólo ha sido detenida en Salerno (sur de Italia) el ex militar uruguayo Jorge Tróccoli, que acudió voluntariamente a la policía tras conocer que existía una orden de arresto contra él.
Ahora el próximo paso del fiscal Capaldo es pedir al Ministerio de Justicia italiano que pida a los diferentes países la extradición de las restantes 139 personas, que está buscando la Interpol.
Todas ellas están acusadas de la desaparición de ciudadanos de origen italiano en la llamada «Operación Condor», como se denominó la acción acordada por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia para acabar con los opositores en los años 70 y 80.
En un principio, la jueza Figliolia había firmado 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, pero de éstos, seis han fallecido, como el ex dictador chileno augusto Pinochet, y otros también podrían estar ya muertos.
De la larga lista guardada celosamente por las autoridades judiciales, estas afirman que se encuentran el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla y el ex responsable de la Marina argentina, Emilio Massera.
Entre los uruguayos está el ex presidente Juan María Bordaberry; su sucesor Gregorio Alvarez; el ministro de Defensa Walter Ravenna, y los de Exteriores Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira.
Asimismo figuran entre los uruguayos, los miembros de los servicios de inteligencia de la marina militar, Tróccoli y Juan Carlos Larcebau y el ex jefe de esta fuerza Victor Ibargoyen.
También se ha pedido el arresto del ex jefe de la policía política de la dictadura militar chilena (DINA), Juan Manuel Contreras, que ya fue condenado en contumacia en Italia a 20 años por el atentado contra el presidente de la DC, Bernardo Leighton, en octubre de 1975 mientras se encontraba exiliado en Roma.
Otros investigados son Augusto Sebino Ciarletti Montanaro, ex ministro del Interior de Paraguay (1967-1989), y también el presidente peruano (1975-1980) Francisco Morales Bermúdez y el primer ministro de este país Pedro Prada Richter (1979-1980).
Mientras que entre los brasileños se encuentra el ex coronel de la policía Carlos Alberto Ponzi.
Respecto al único detenido hasta ahora, Tróccoli, de pasaporte italiano y que residía en Salerno (sur de Italia), el fiscal Capaldo explicó hoy a EFE que está acusado de «haber participado en la campaña represiva contra los miembros de los Grupos de Acción Unificadora (GAU)».
Según las investigaciones de Capaldo, Troccoli frecuentaba a menudo la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, conocido lugar de tortura, y algunos de los uruguayos detenidos acabaron arrestados allí.
Tróccoli está acusado en particular de la desaparición de Edmundo Sabino Dossetti Techeira y su mujer Ileana García Ramos, de Yolanda Casco y su esposo Julio Cesar D’Elia, y de Raul Edgardo Borelli Cattaneo y Raul Gambaro Nuñez Dossetti-D’Elia y de otros dos italianos.
El ex capitán de navío se declaró hoy «inocente» en su primer interrogatorio en la cárcel romana de Regina Coeli donde está detenido desde el pasado 25 de diciembre.
Según los medios locales, Tróccoli aseguró que en ese periodo era «sólo un suboficial que se dedicaba a recoger y proporcionar información» sobre los opositores pero que no asesino a nadie.
En los próximos días, un tribunal de Roma decidirá si Tróccoli debe permanecer en prisión, y su abogado, Aldolfo Domingo Scarano, aseguró que no existen motivos para que el ex militar siga en prisión ya que incluso fue el mismo quien se entregó a la policía.
EFE
