El Tribunal Supremo recuperó la función de revisar las penas de muerte dictadas por cortes menores, una medida considerada como una de las más importantes reformas introducidas en el sistema judicial chino.
El Tribunal Supremo chino revocó el 15 por ciento de las condenas a muerte derivadas por las cortes provinciales para su revisión final durante el primer semestre de 2008, según informó este viernes el diario oficial «China Daily».
El juez presidente de la Tercera Corte Legal Criminal del Tribunal Supremo, Gao Jinghong, afirmó que la mayoría de estas decisiones fueron adoptadas porque las sentencias eran inapropiadas o carecían de evidencias suficientes para ser dictadas.
Gao, así como otros importantes representantes de la judicatura china como el ex presidente del Tribunal Supremo, Xiao Yang, estimaron, no obstante, que la pena capital debe mantenerse aún y no debe ser abolida hasta que las condiciones sociales apropiadas lo demanden.
El Tribunal Supremo recuperó el 1 de enero de 2007 la función de revisar las penas de muerte dictadas por cortes menores, una medida considerada como una de las más importantes reformas introducidas en el sistema judicial chino.
A juicio de Gao, la calidad de los procesos en los que se dictan las penas de muerte ha mejorado y son ahora es más seguros.
Así, tras ser dictada una pena de muerte en tribunal intermedio, la sentencia debe ser ratificada en otro juicio desarrollado en altos tribunales provinciales, de donde, de ser confirmadas, pasan al Tribunal Supremo para su revisión final.
La noticia fue bien recibida por organizaciones pro derechos humanos, como, por ejemplo, la Fundación Dui Hua, dedicada al seguimiento de la situación de los presos políticos en China, que, en un comunicado recibido por Efe dio su «bienvenida» a la información.
Con todo, esta fundación, que maneja datos de 5.000 ejecutados en China en 2007, instó a las autoridades del gigante asiático a que adopte ciertas medidas que desemboquen en la reducción de esta cifra.
De este modo, la fundación solicitó a las autoridades chinas que ofrezcan estadísticas detalladas sobre ejecuciones y penas de muerte, algo que Pekín elude aludiendo que se trata de un «secreto de Estado», y que elimine los delitos que no implican violencia de la lista de crímenes castigados con la pena de muerte.
EFE
