Diversos medios lo han denominado un ‘suicidio asistido’
Después de diez años de trabajo, el fiscal de la causa del atentado contra la mutual judía AMIA concluyó que Irán planificó el ataque y Hezbollah lo perpetró y llegó a denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por considerar que el acuerdo alcanzado con Teherán en 2013 implicaba el supuesto encubrimiento de los sospechosos del ataque que dejó 85 muertos en 1994. Esta mañana fue hallado muerto en su casa, horas antes de presentar a un grupo de diputados su documentación contra la presidenta y el ministro de Exteriores, Héctor Timerman.
La inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman es uno de los acontecimientos que más ha conmocionado a Argentina desde el retorno de la democracia y, además de montar un velo de incógnitas frente a la forma en que murió, dibuja un nuevo escenario político de consecuencias imprevisibles en un año marcado por una apretada carrera electoral.
El informe preliminar de la autopsia establece que el fiscal falleció a consecuencia de un disparo en la sien, procedente de la pistola que apareció bajo su cuerpo, en el baño de su departamento. Además el informe determina que no hubo participación de terceros en su muerte, determinaciones que no logran arrancar la sombra de la duda que planea sobre la investigación.
Después de ocho años de trabajo, el fiscal de la causa del atentado contra la mutual judía AMIA concluyó que Irán planificó el ataque y Hezbollah lo perpetró y llegó a denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por considerar que el acuerdo alcanzado con Teherán en 2013 implicaba el supuesto encubrimiento de los sospechosos del ataque que dejó 85 muertos en 1994.
Dicha denuncia sería presentada hoy mismo ante un grupo de legisladores en una comisión parlamentaria, sostenida por grabaciones de conversaciones telefónicas recogidas en 300 CDs.
Según trascendidos de prensa, tras la demanda, Nisman había confiado a algunos periodistas en los últimos días que su propia vida estaba en juego en este proceso, aunque nadie podía imaginar apenas hace 24 horas que sus palabras serían premonitorias.
Su muerte ha puesto en el ojo del huracán a la presidenta Cristina Fernández, quien no se ha referido al hecho ocurrido.
Muchos medios de comunicación han calificado a la muerte del fiscal como un «suicidio asistido», «si el fiscal hizo una denuncia como la que realizó, no se entiende que se haya suicidado», aseguró Ricardo Roa, editor general de El Clarín, a CNN.
Es frente a este hermetismo gubernamental, que la oposición se ha lanzado en cascada a pedir una investigación a fondo, la derogación del acuerdo con Irán y una declaración de la presidenta.
«Sin duda, es uno de los acontecimientos políticos más importantes en Argentina, tanto por la gravedad institucional que representa como por lo inesperado», sostiene el analista Patricio Giusto, director de Diagnóstico Político.
«Las consecuencias políticas de esto todavía es muy difícil aventurarlo, pero se supone que van a ser muy importantes por todas las pruebas que aparentemente había recopilado, que demostrarían que la presidenta Cristina Fernández estaría detrás de una maniobra de encubrimiento de lo que fue el crimen de la AMIA», continúa en declaraciones a Efe.
«Más allá de que se compruebe que fue un suicidio y no un asesinato inducido ni nada de eso, esa sospecha va a acompañar a la presidenta hasta el fina de su mandato, si efectivamente lideró o coordinó una operación de encubrimiento relacionada con el atentado de la AMIA», concluyó.
Otro dato que tiñe de gris la investigación es una información entregada por el diario El Clarín, de Argentina, el que asegura que el miércoles pasado, vía WhatsApp, aseguró a una de sus periodistas que «yo puedo salir muerto de esto».
En algunos medios declaró que había preparado a su hija para que se escucharan en el Congreso cosas desagradables de él. «Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona», dijo a TN el miércoles, horas después de sacudir al país con su denuncia.
Por otra parte, el juez federal argentino Ariel Lijo se reincorporó hoy a sus funciones y dispuso medidas urgentes para resguardar las pruebas vinculadas a escuchas telefónicas en las que el fiscal fallecido Alberto Nisman fundó su denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento.
Lijo envió personal a la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones del atentado a la AMIA para “incautar y asegurar todos los discos compactos donde están grabadas las intervenciones telefónicas y toda la documentación detallada en la denuncia”, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ) en su página web.
Además, el juez solicitó al juzgado que tramita la investigación del atentado a la AMIA “todos los antecedentes y documentación vinculados a las intervenciones de dichas líneas telefónicas”, agregó el CIJ.
Tras la conmoción provocada por la muerte de Nisman, la investigación sobre el atentado contra la AMIA se convierte en una prueba de fuego para medir la fortaleza de las instituciones y la calidad de la democracia argentina.
